JOSÉ YOLDI
Millones en prisión preventiva
Nada se sabe de qué pasó con los fondos bloqueados en el Supremo
JOSÉ YOLDI 01/11/2010
EL PAIS
"Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras", decía el dramaturgo francés Jules Renard. Y eso, desde luego, es así en Estados Unidos, donde quién y cómo se gasta el dinero de los impuestos es una cuestión de capital importancia. Desde hace unos días, los jueces del Estado de Misuri tienen una variable más que considerar a la hora de adoptar sus resoluciones en los casos criminales: el importe de la factura de lo que le cuestan al contribuyente sus decisiones.
Así, alguien condenado a tres años de prisión por un delito como poner en peligro el bienestar de un niño costaría a las arcas del Estado más de 37.000 dólares (26.504 euros), mientras que esa misma pena pero en libertad condicional reduciría la factura a 6.770 dólares (4.850 euros). Un robo en segundo grado -en España, robo con intimida-ción-, con una condena de cinco años de cárcel supondría un coste superior a 50.000 dólares (35.817 euros), pero menos de 9.000 (6.647 euros) si la pena se cumpliera en libertad condicional intensiva, una especie de libertad vigilada. Finalmente, los 30 años de prisión que corresponderían a un asesino necesitarían un desembolso de 504.690 dólares (361.525 euros), según los minuciosos cálculos estatales. En España, grosso modo, el coste de un preso por año supera los 19.000 euros.
La medida ha generado un encendido elogio por parte de un grupo de abogados estadounidenses que considera que obligará a los jueces a reflexionar sobre las medidas alternativas a la prisión, mientras que los críticos, especialmente fiscales, la han calificado de "indecorosa", porque en su opinión, el coste es un factor irrelevante para decidir el destino de un criminal y se corre el riesgo de pasar por alto el coste social de la delincuencia.
En España no estamos todavía en eso. De hecho, estamos a siglos luz. No sé si recordarán que el año pasado, en la apertura del año judicial, el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, en su discurso oficial explicó que la Sala de lo Contencioso tenía bloqueados fondos por importe de más de 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) en litigios pendientes. Vamos, como si estuvieran en prisión preventiva.
La citada sala tramitaba asuntos de tal envergadura que podían "tener incidencia directa en el funcionamiento de la economía nacional", precisaba Dívar, que concluía: "Mientras no se alcance la definitiva puesta al día de todo el tribunal, esa ingente cantidad de dinero, que podría estimarse en varios miles de millones de euros más en el conjunto de todas las salas, se encuentra congelada y no revierte en el circuito económico, bloqueando múltiples expectativas".
Un mensaje preocupante en una época de tremenda crisis con más de cuatro millones de parados y uno de cada cinco españoles por debajo del umbral de la pobreza. No obstante, parecía que las autoridades estaban encima del problema para resolverlo.
Pues bien, de todo aquello no hemos vuelto a saber nada. El presidente Dívar no mencionó el asunto en el discurso de este año, y ni el Tribunal Supremo, ni el Consejo del Poder Judicial, a pesar de que se les ha requerido para ello, han dado cuenta de la evolución de los fondos bloqueados. ¿Por qué será?
Y mira que el Consejo, tan preocupado siempre en dar una imagen positiva de los jueces, especialmente de los del Supremo, lo tenía fácil en el caso de que el esfuerzo de los magistrados hubiera reducido a la mitad o a la cuarta parte el montante de lo congelado.
Porque me resisto a creer que este año no se haya hecho el cálculo de la cantidad que sigue bloqueada, si ha aumentado o ha disminuido, pero que, tras dos semanas de espera, el silencio sea la respuesta no parece un buen augurio. A usted, ¿qué le parece, querido lector?
El caso es que ya se sabe que a determinadas edades los agobios pueden ser letales, por lo que, a pesar de lo preocupante de la situación, da la impresión de que muchos de los magistrados del Supremo -obviamente hay honrosas excepciones- no se estresan, no vaya a ser que les dé un jamacuco, y siguen abonados a la semana caribeña.
Con algunos miembros del Supremo parece que nos ha pasado como a Woody Allen, que con sutil ironía contaba: "De pequeño quise tener un perro, pero mis padres eran pobres y solo pudieron comprarme una hormiga".
Por lo demás, como el que pesa por quintales no se fija en medias libras, de lo que cuesta un preso al año, mejor ni hablamos.
