Un matrimonio, un divorcio

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Jueves, 9 de Julio de 2009

Madrid

Un matrimonio, un divorcio

Mañana se cumplen cuatro años de la ley del divorcio «exprés», una normativa que no termina de convencer a muchos pero que ha disparado el número de rupturas en España

Un matrimonio, un divorcio

Las rupturas matrimoniales en España, en cifras
1.200.000
Es el número de divorcios que se han producido desde la primera ley del divorcio de 1981
1.744.000
Son los españoles divorciados o separados que existen actualmente en nuestro país
63,6%
De los divorcios fueron consensuados y el 36,4% contenciosos, según el INE
140%
Es el incremento que han sufrido los divorcios desde la última ley de 2005
85%
De los casos dan la custodia a la madre. En el 4,9%, al padre, y en el 5,9% la comparten
40-49
En esta franja de edad es cuando se produce mayor número de rupturas
15,6
Es la media de años que dura el matrimonio. Uno de cada cuatro se rompe antes de cinco años
5º
El puesto que España ocupa en la Unión Europea por el número de rupturas
M. J. PÉREZ-BARCO | MADRID
Cuatro años después de la entrada en vigor de la que ha sido conocida como la ley del divorcio «exprés» y sigue sin convencer. Sus efectos han resultado inmediatos: el número de divorcios se ha disparado, una tendencia que era de esperar pues la legislación facilita ahora el acceso directo al divorcio sin pasar antes por una separación.
En un país donde además cada año se celebran menos matrimonios, caben pocas esperanzas para que las uniones sigan adelante. Está cerca el momento en que por cada pareja que pase por la vicaría, el ayuntamiento o el juzgado, se rompa otra, como apuntan las previsiones del Instituto de Política Familiar. Un fenómeno que se aproxima de forma acelerada, pues en 2008 hubo 196.613 bodas y rompieron su relación 131.012 parejas.
No sólo se trata de que la ley esté acelerando un cambio en la radiografía social española. «Los verdaderos problemas del día a día del matrimonio que se divorcia no se han solventado. La ley hace agua por todas partes», critica el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Familia, Isidro Niñerola.
El reparto de la vivienda familiar parece ser el mayor escollo para la pareja. «En una sociedad como la actual y en plena crisis económica, no es deseable que una persona tenga derecho a un uso indefinido del domicilio familiar y el otro cónyuge se quede en la calle. Por eso, urge una reforma de la ley que atienda a criterios de la vida actual. Por ejemplo, no debería adjudicarse la vivienda a un miembro de la pareja cuando no haya hijos de por medio. O si el que disfruta de la casa convive con otra persona», explica Niñerola. La segunda residencia también se ha convertido en motivo de enconadas peleas. «No se suele adjudicar a ninguno de los esposos y tampoco está regulado», apunta.
Algo similar ocurre con la pensión compensatoria. La ley regula tres tipos: una pensión temporal, por tiempo indefinido o una prestación única (en un solo pago). «Deberían extinguirse en casos en los que el cónyuge que la disfruta percibe ingresos estables o una herencia», apunta.
El conflicto de la custodia
Si bien las rencillas económicas suponen un grave conflicto para muchas parejas, lo que más duele son los hijos, las verdaderas víctimas. Dejar de convivir con uno de sus padres puede producir un grave desarraigo emocional en los pequeños. Y para muchos la ley tampoco responde a los intereses superiores del menor. «El problema es cuando la custodia se utiliza como un elemento de poder contra el otro progenitor», añade.
De hecho, en estos últimos cuatro años ha surgido una activa corriente de asociaciones en favor de la custodia compartida, tímidamente recogida en la ley. Se concede cuando lo soliciten los dos cónyuges de común acuerdo o, en casos excepcionales, si la reclama sólo uno de ellos con el informe favorable del fiscal. «Es una trampa legal. Las madres saben que si no hay acuerdo, el juez les entregará la custodia», denuncia el portavoz de la Federación Catalana de Afectados por Divorcios y Separaciones, Javier Contrasta. Hoy mismo defenderá la custodia compartida en la Comisión de Justicia del Parlamento catalán.
Pero detrás de las frías cifras y de los conflictos jurídicos, existen rupturas dramáticas en las que uno de los cónyuges se siente desamparado por la ley. Es la experiencia que ha vivido Jordi Moreso. Tiene dos divorcios a sus espaldas, uno anterior a la reforma de 2005 y otro posterior. Y las quejas no cesan sobre este último. «Desde que el juez otorga la patria potestad de los hijos a un miembro de la pareja, el otro no tiene posibilidad de negociar», explica.
En su caso, la madre de su hijo disfruta de la custodia. «Asumo -dice Jordi- una pensión alimenticia de 600 euros y tengo un salario de 1.800. Pago mi parte de la hipoteca, que disfruta mi ex pareja y mi hijo. Además de un 70% de los gastos extraordinarios del pequeño. En el caso de que venda la casa, ella se beneficiaría del 60% de la venta y yo del 40%. Cedí para poder ver a mi hijo más tiempo entre semana. Hice todo lo que estuvo en mi mano pensando en el desarraigo afectivo del pequeño». De la nueva ley sólo se alegra de no tener que exponer motivo alguno para divorciarse.