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Sábado, 18 de Julio de 2009
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España quiere sacar tajada en Guinea Ecuatorial
ALFONSO ARMADA
Un empresario de Eibar con intereses en Guinea Ecuatorial llamó por teléfono a Iñaki Anasagasti, el representante del Partido Nacionalista Vasco en acaso la más importante delegación enviada jamás a la ex colonia, con directivos de empresas como Repsol YPF, Unión Fenosa Gas, Cofares, Isolux Corsán, Elecnor, Navantia y Gas Natural, entre otras. El diputado nacionalista trasladó al ministro la «indignación» de los empresarios ante la «irresponsable crónica» (al decir del vasco con negocios en el trópico) enviada por la periodista de televisión en las primeras horas de la visita de tres días. La informadora «no había entendido nada» y con su «ligereza, ponía en peligro los intereses españoles en una Guinea de la que están sacando tajada americanos, chinos y franceses».
En el curso de sus constantes viajes oficiales, a Moratinos le gusta dedicar al final del día un tiempo para desengrasar «off the record», tomarse un whisky y fumarse un puro con la canallesca. Para intercambiar impresiones que sirvan de «background» a los corresponsales diplomáticos, una contextualización que ayuda a entender lo que se cuece ante los focos y, sobre todo, entre bambalinas. Pero el ministro venía caliente de una cena oficial en la que el primer ministro ecuatoguineano, Ignacio Milam Tang, se había despachado a gusto contra España, quejándose amargamente de lo mal que les había tratado la madre patria. (Al día siguiente, Obiang pareció cogerle gusto a esa retórica, pero dándole una vuelta de tuerca: «Si el distanciamiento al que nos abocan ha sido fruto de una penalización, un buen padre (España) debe saber perdonar a un hijo insolente y descarriado (Guinea)»).
Moratinos venía colérico, preguntando en torno perentorio dónde estaba la periodista, como si hubiera saboteado la alta misión que le había encomentado el presidente Zapatero en África. Ante la perpleja reacción de los enviados especiales, que en ese momento terminaban de cenar, el ministro trató de justificarse diciendo que únicamente estaba reproduciendo la indignación de los empresarios españoles. Sin embargo, y a pesar de que reconoció que no había oído ni leído la crónica de marras, enseguida se hizo patente que su visión coincidía con la de los empresarios. No en vano se trataba, como subrayó, de «un viaje de Estado», para a continuación celebrar los indudables avances experimentados por Guinea Ecuatorial en los últimos años, sobre todo en comparación con los países del entorno. El ministro elogió que el propio régimen hubiera tenido el coraje de pedir que un relator de Derechos Humanos visitara el país, y añadió que el primer ministro ecuatoguineano tenía toda la razón en quejarse del desinterés, desapego y maltrato de España. Pero optó por no responder a la pregunta de si se podía comparar la prensa de un país democrático como España (donde los intereses del gobierno, los empresarios, los partidos y los periódicos no siempre coinciden) con el de una dictadura y si se podía tomar la expresión «el pueblo guineano siente» como el de todos los guineanos cuando el de Obiang no es un sistema precisamente representativo: en las últimas elecciones, su partido obtuvo 99 de los cien escaños en disputa.
Gustavo de Arístegui, portavoz del grupo parlamentario popular en la Comisión de Asuntos Exteriores, le echó un capote a Moratinos («algún día serás ministro», le agradeció Moratinos palmeándole el dorso de la mano) argumentando con fogosa elocuencia a favor de una implicación mayor de España desde el punto de vista político, diplomático y económico, una presencia que —sin dejar de lado los derechos humanos— satisfaría los legítimos intereses españoles y acabaría propiciando una apertura del régimen.
Un portavoz de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) coincidió con Moratinos en calificar de «histórico» un desembarco en el que participaron, entre otras, empresas de infraestructuras, energía, arquitectura, equipamiento sanitario y defensa. «No deja de ser un contrasentido», dice la CEOE, «que, a diferencia de los países iberoamericanos, la presencia inversora española en este país, con el que nos unen estrechos lazos históricos y culturales, sean tan bajas; sobre todo, si la comparamos con las inversiones realizadas en los últimos años por países como Estados Unidos y Francia».
Guinea Ecuatorial es una anomalía. Tres veces más grande que Asturias, pero con la mitad de su población (no llega a las 600.000 almas), no tiene ni una sola librería, ningún periódico diario, tan sólo un diputado de la oposición en un Parlamento de cien escaños y un régimen autocrático que nada en gas y oro negro. Tras independizarse del régimen de Franco en 1968 cayó en manos de un sátrapa sanguinario que fue a su vez pasado por las armas hace 30 años. Fue su sobrino, Teodoro Obiang, quien dio el golpe. Desde entonces disfrutando de un poder sin cortapisas.
Tras años de errática política, el Gobierno español —y así lo anunciaron portavoces de Exteriores en la presentación del ambicioso viaje a Guinea— acaba de descubrir signos esperanzadores de «progreso», «modernización» y «democratización» en una de las economías más pujantes del mundo. Amnistía Internacional reconoce que el año pasado se practicaron menos detenciones de disidentes políticos que el año anterior, pero «a pesar de la riqueza petrolífera» casi un tercio de la población vive en situación de pobreza extrema y más de la mitad no tiene acceso a agua potable.
Con unas tasas de crecimiento insólitas en el mundo, que han llegado al 30 por ciento anual, Guinea Ecuatorial se ha convertido en el país proporcionalmente más rico de toda África. A pesar de que la renta per cápita fue de 26.000 dólares en 2006 y de más de 31.000 dólares en 2008 (con un producto nacional bruto estimado para ese año de casi 19.000 millones de dólares), dos recientes informes elaborados por Human Rights Watch y el Centro para los Derechos Económicos y Políticos destacan la contradicción de que (entre 1990 y 2006) a mayor nivel de renta disminuyera el nivel de vida de la mayoría. Con una esperanza de vida que no llega a los 55 años, la mortalidad infantil se ha incrementado en los años del «boom» petrolífero: de 103 muertos por cada mil nacimientos en 1990 se ha pasado a 124 en 2007, y en cuanto a los menores de cinco años, se ha pasado de 170 muertos por cada mil en 1990 a 206 en 2007.
