ELPAIS.COM
Tan cerca y tan ignorados
Sólo algunos rostros populares rompen la barrera del desconocimiento mutuo
F. P. A. - Madrid - 29/07/2009
Decía Voltaire que "los frailes entran sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse". Algo parecido ha pasado durante siglos entre españoles y portugueses, que comparten la parcela ibérica pero ignoran lo que sucede al otro lado de sus aposentos.
Decía Voltaire que "los frailes entran sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse". Algo parecido ha pasado durante siglos entre españoles y portugueses, que comparten la parcela ibérica pero ignoran lo que sucede al otro lado de sus aposentos. El gran desconocimiento recíproco es una de las conclusiones principales del Barómetro de Opinión Hispano-Luso. Lo que sabemos los unos de los otros se refiere sobre todo al mundo del espectáculo y el deporte. Los tres portugueses más famosos en España son, en este orden: los futbolistas Luis Figo, Cristiano Ronaldo -la encuesta se realizó antes de su fichaje por el Real Madrid-, y el Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Los tres personajes españoles más famosos para los portugueses son, en este orden: Julio Iglesias, el rey Juan Carlos y la princesa Letizia.
Los resultados indican "un conocimiento trivial y banal" del otro país, según Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca. En el caso de los españoles se acentúa esta limitación, al haber quedado demostrada una mayor ignorancia política. Sólo el 6,9% de los españoles sabe el nombre del actual presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, y sólo el 1,2% conoce el del primer ministro, José Socrates. La situación es muy distinta en Portugal, donde el 54,2% sabe quién es el presidente del Gobierno español. El periodo de historia conjunta también es desconocido. Sólo el 10,2% de los españoles y el 11,3% de los portugueses identifica a Felipe II como el rey que en el pasado reunificó España y Portugal.
El propio sondeo apunta a una de las causas de este supino desconocimiento: sólo la mitad de los españoles ha estado alguna vez en Portugal. Aunque las visitas de los portugueses a España son más frecuentes -el 84% afirma haber estado al menos una vez- únicamente el 1% de los españoles y el 2,8% de los portugueses ha residido en el país vecino.
Fernando García Casas, director del gabinete del Secretario General Iberoamericano, pidió ayer en la presentación del estudio un mayor esfuerzo, sobre todo en el terreno de la educación, para mejorar el conocimiento mutuo de ambas sociedades.
29 de julio de 2009
El 40% de los portugueses apoya una unión política con España
ELPAIS.COM
El 40% de los portugueses apoya una unión política con España
La mitad de los portugueses encuestados se muestra de acuerdo en que la enseñanza del español debe ser obligatoria en primaria y secundaria
FERNANDO PEINADO | Madrid 28/07/2009
La unión política entre España y Portugal es una idea que divide a los portugueses y causa indiferencia en España. El 39,9% de los ciudadanos del país vecino es partidario de integrarse con España en una federación, mientras que la mayoría de los españoles expresan su desinterés cuando se les plantea la propuesta, según una encuesta de la Universidad de Salamanca que fue presentada este martes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. El 30,3% de los españoles apoyaría la creación de una unión ibérica.
El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL), dirigido por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, es el primer estudio conocido sobre lo que piensan los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera sobre sus vecinos. Al no existir un sondeo similar con carácter periódico es difícil saber con precisión si la propuesta de federación política gana o pierde adeptos, aunque existe el precedente de la encuesta que publicó en 2006 el semanario lisboeta Sol por la que el 28% de los portugueses estaría dispuesto "a formar un solo país con España".
El sondeo publicado este martes muestra que los portugueses ponen aun menos cortapisas al aprendizaje del español en sus escuelas. El 50% considera que su enseñanza debe ser obligatoria en primaria y secundaria. El consenso es aún mayor si se plantea el estudio del español como lengua optativa, reforma que encuentra la aprobación del 85,1% de los encuestados. Por el contrario, la propuesta del estudio obligatorio del portugués en las escuelas españolas fue rechazada por el 76,2% de los españoles entrevistados.
Los portugueses también se muestran mucho más partidarios de incrementar la cooperación política entre ambos países. Propuestas de gran calado como un sistema fiscal conjunto o la supresión de todas las restricciones a la movilidad y asentamiento de profesionales, trabajadores y empresas reciben el apoyo del 59% y del 72% respectivamente, mientras que sólo el 37,1% y el 63,2% de los españoles es favorableme a estas reformas. Incluso una iniciativa con alto valor simbólico como es la presentación de candidaturas conjuntas para eventos internacionales como campeonatos de fútbol, juegos olímpicos y ferias de muestras, encuentra el apoyo de tres de cada cuatro portugueses. Por el contrario, uno de cada dos españoles está a favor. Lo cierto es que la candidatura ibérica para organizar el mundial de fútbol de 2018 es un proyecto en marcha que debe ser resuelto por la FIFA en diciembre de 2010.
La unión política entre España y Portugal es un asunto polémico que aparece con intermitencia en el debate político luso, pero al que la mayoría de los españoles permanece ajeno. Es la motivación económica la causa del mayor interés del país vecino, como quedó probado en el sondeo del diario Sol. En aquella ocasión el 97% respondió que Portugal se desarrollaría más si se uniera a España. Sin embargo, el BOHL revela que el 34,1% de los encuestados portugueses rechaza esta opción.
"Los portugueses tienen una relación de amor-odio con respecto a España , algo similar a lo que nos pasa a los españoles con los franceses", según el responsable del estudio, Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, quien establece el paralelismo con base en la posición geográfica y el diferente grado de desarrollo económico.
España y Portugal tienen una historia paralela pero distante. Portugal se convirtió en un reino autónomo de la Corona de Castilla en 1143 y posteriormente, con la excepción de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte de la Monarquía Española (1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos. Mientras que Portugal ha tenido tradicionalmente como referencia exterior a Inglaterra, España puso sus miras en el vecino francés.
El iberismo, una corriente política promovida por burgueses e intelectuales peninsulares en el siglo XIX, y que abogaba por la unión política peninsular no encontró continuidad histórica. "La federación ibérica es una idea que actualmente sigue sin ser considerada seriamente ni a uno ni a otro lado de la frontera y sigue pareciendo una propuesta pretendidamente ingeniosa pero destinada a impresionar".
La hipotética unión de España y Portugal resultaría en el país con mayor extensión de la Unión Europea y el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía de la Unión Europea.
La encuesta, que se llevó a cabo entre abril y mayo mediante entrevistas telefónicas a 876 personas, muestra que no hay ningún asunto de fricción en las relaciones entre España y Portugal y la mayoría de los ciudadanos de ambos países considera que las relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. Es destacable el hecho de que mientras que el 51% de los españoles condisera que las relaciones se han mantenido más o menos igual en los últimos años, los portugueses crean en su mayor parte (53,9%) que han mejorado.
El problema principal para los portugueses lo representa el aprovechamiento del agua de los ríos compartidos, que es considerado muy problemático por el 25,3% de los entrevistados, aunque en la sociedad lusa domina la disparidad de opiniones sobre este asunto. La mayor preocupación de los españoles la constituye, sin embargo, el uso del territorio del país vecino como refugio de terroristas y delincuentes. El 51,3% lo considera en alguna medida problemático. Por ello la gran mayoría de la sociedad española reclama un aumento de la cooperación policial, militar y judicial.
Los españoles conceden especial importancia a la comunicación por carretera y ferrocarril (20,7%), aunque según los responsables del sondeo "se trata de una preocupación que probablemente coincidiría con la demanda que existe para mejorar las comunicaciones con cualquier otro punto del territorio peninsular".
El 40% de los portugueses apoya una unión política con España
La mitad de los portugueses encuestados se muestra de acuerdo en que la enseñanza del español debe ser obligatoria en primaria y secundaria
FERNANDO PEINADO | Madrid 28/07/2009
La unión política entre España y Portugal es una idea que divide a los portugueses y causa indiferencia en España. El 39,9% de los ciudadanos del país vecino es partidario de integrarse con España en una federación, mientras que la mayoría de los españoles expresan su desinterés cuando se les plantea la propuesta, según una encuesta de la Universidad de Salamanca que fue presentada este martes en la sede de la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. El 30,3% de los españoles apoyaría la creación de una unión ibérica.
El Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL), dirigido por el Centro de Análisis Sociales de la Universidad de Salamanca, es el primer estudio conocido sobre lo que piensan los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera sobre sus vecinos. Al no existir un sondeo similar con carácter periódico es difícil saber con precisión si la propuesta de federación política gana o pierde adeptos, aunque existe el precedente de la encuesta que publicó en 2006 el semanario lisboeta Sol por la que el 28% de los portugueses estaría dispuesto "a formar un solo país con España".
El sondeo publicado este martes muestra que los portugueses ponen aun menos cortapisas al aprendizaje del español en sus escuelas. El 50% considera que su enseñanza debe ser obligatoria en primaria y secundaria. El consenso es aún mayor si se plantea el estudio del español como lengua optativa, reforma que encuentra la aprobación del 85,1% de los encuestados. Por el contrario, la propuesta del estudio obligatorio del portugués en las escuelas españolas fue rechazada por el 76,2% de los españoles entrevistados.
Los portugueses también se muestran mucho más partidarios de incrementar la cooperación política entre ambos países. Propuestas de gran calado como un sistema fiscal conjunto o la supresión de todas las restricciones a la movilidad y asentamiento de profesionales, trabajadores y empresas reciben el apoyo del 59% y del 72% respectivamente, mientras que sólo el 37,1% y el 63,2% de los españoles es favorableme a estas reformas. Incluso una iniciativa con alto valor simbólico como es la presentación de candidaturas conjuntas para eventos internacionales como campeonatos de fútbol, juegos olímpicos y ferias de muestras, encuentra el apoyo de tres de cada cuatro portugueses. Por el contrario, uno de cada dos españoles está a favor. Lo cierto es que la candidatura ibérica para organizar el mundial de fútbol de 2018 es un proyecto en marcha que debe ser resuelto por la FIFA en diciembre de 2010.
La unión política entre España y Portugal es un asunto polémico que aparece con intermitencia en el debate político luso, pero al que la mayoría de los españoles permanece ajeno. Es la motivación económica la causa del mayor interés del país vecino, como quedó probado en el sondeo del diario Sol. En aquella ocasión el 97% respondió que Portugal se desarrollaría más si se uniera a España. Sin embargo, el BOHL revela que el 34,1% de los encuestados portugueses rechaza esta opción.
"Los portugueses tienen una relación de amor-odio con respecto a España , algo similar a lo que nos pasa a los españoles con los franceses", según el responsable del estudio, Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca, quien establece el paralelismo con base en la posición geográfica y el diferente grado de desarrollo económico.
España y Portugal tienen una historia paralela pero distante. Portugal se convirtió en un reino autónomo de la Corona de Castilla en 1143 y posteriormente, con la excepción de los sesenta años en que Portugal pasó a formar parte de la Monarquía Española (1580-1640), ambos países han seguido rumbos distintos. Mientras que Portugal ha tenido tradicionalmente como referencia exterior a Inglaterra, España puso sus miras en el vecino francés.
El iberismo, una corriente política promovida por burgueses e intelectuales peninsulares en el siglo XIX, y que abogaba por la unión política peninsular no encontró continuidad histórica. "La federación ibérica es una idea que actualmente sigue sin ser considerada seriamente ni a uno ni a otro lado de la frontera y sigue pareciendo una propuesta pretendidamente ingeniosa pero destinada a impresionar".
La hipotética unión de España y Portugal resultaría en el país con mayor extensión de la Unión Europea y el quinto en población con más de 57 millones de habitantes, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. La suma del Producto Interior Bruto a precios corrientes de los dos países ibéricos daría como resultado la quinta economía de la Unión Europea.
La encuesta, que se llevó a cabo entre abril y mayo mediante entrevistas telefónicas a 876 personas, muestra que no hay ningún asunto de fricción en las relaciones entre España y Portugal y la mayoría de los ciudadanos de ambos países considera que las relaciones bilaterales son buenas o muy buenas. Es destacable el hecho de que mientras que el 51% de los españoles condisera que las relaciones se han mantenido más o menos igual en los últimos años, los portugueses crean en su mayor parte (53,9%) que han mejorado.
El problema principal para los portugueses lo representa el aprovechamiento del agua de los ríos compartidos, que es considerado muy problemático por el 25,3% de los entrevistados, aunque en la sociedad lusa domina la disparidad de opiniones sobre este asunto. La mayor preocupación de los españoles la constituye, sin embargo, el uso del territorio del país vecino como refugio de terroristas y delincuentes. El 51,3% lo considera en alguna medida problemático. Por ello la gran mayoría de la sociedad española reclama un aumento de la cooperación policial, militar y judicial.
Los españoles conceden especial importancia a la comunicación por carretera y ferrocarril (20,7%), aunque según los responsables del sondeo "se trata de una preocupación que probablemente coincidiría con la demanda que existe para mejorar las comunicaciones con cualquier otro punto del territorio peninsular".
¿Qué motivaciones han tenido los terroristas?
ELPAIS.COM
pag_epigrafe
¿Qué motivaciones han tenido los terroristas?
FERNANDO REINARES 26/07/2009
Quienes han militado en ETA lo hicieron ante todo por el hecho de ser nacionalistas vascos. Habían hecho suyo un nacionalismo de carácter étnico y excluyente, que niega la pluralidad constitutiva del País Vasco y enfatiza pretendidos derechos colectivos en detrimento de derechos humanos individuales. Un nacionalismo incompatible con valores democráticos, proclive a la intolerancia y a justificar la violencia. Ahora bien, la adhesión a esta ideología y a sus objetivos políticos raramente basta para explicar la opción por el terrorismo. Si nos preguntamos por qué ha habido y hay vascos, básicamente varones y apenas veinteañeros al ser reclutados, la mitad de ellos guipuzcoanos, que se convirtieron en miembros de ETA, es preciso aludir a unae ETA, es preciso aludir a una serie de motivaciones individuales basadas en criterios de racionalidad, emotividad e identidad. Éstas se combinan de un modo variable según personas y periodos de tiempo, pero caben algunas generalizaciones respecto a los que se integraron en aquella organización terrorista desde hace cuatro décadas.
Por lo común, antes de incorporarse a ETA los futuros militantes habían llegado al convencimiento de que la violencia era útil para conseguir la independencia. Ese convencimiento apelaba a casos foráneos de insurrección anticolonial y a ejemplos propios, como impedir con atentados la construcción de una central nuclear o la ejecución del trazado previsto de cierta autovía. Aun así, para aceptar finalmente el reclutamiento muchos necesitaron percibir fundadas expectativas de éxito, confianza en que ETA disponía de los recursos y el apoyo popular necesarios para lograr todos o buena parte de sus fines. Con todo, no pocos de quienes se integraron en la organización terrorista hubiesen renunciado a hacerlo en ausencia del santuario francés, cuya existencia hasta bien entrados los ochenta redujo considerablemente los riesgos y costes percibidos. Por otra parte, el prestigio social conferido a los etarras en ámbitos de la población vasca supuso un estímulo muy importante. Éste y otros incentivos selectivos reforzaban las motivaciones basadas en objetivos políticos, utilidad de la violencia y expectativas de éxito.
Ahora bien, en las motivaciones individuales para el terrorismo no sólo hay intereses, sino también pasiones. Así, un buen número de los que se convirtieron en militantes de ETA sentían antes frustración, al no haberse cumplido las elevadas y crecientes expectativas políticas que tenían para el fin de la dictadura y el posfranquismo. Sin embargo, el odio ocupa un lugar central entre las motivaciones de los etarras. Un odio a España y a lo español que procedía, sobre todo, de haber experimentado una represión policial excesiva bajo el régimen autoritario y también durante la transición. Y asociada al odio aparece la venganza, que asimismo está entre las motivaciones que llevaron a no pocos adolescentes y jóvenes vascos a la militancia en ETA. Pero no es menos cierto que, con el paso del tiempo y la transformación de la seguridad interior española, ese odio dejó de estar relacionado con la conducta de los cuerpos policiales y pasó a ser producto del adoctrinamiento al que han estado sometidos numerosos quinceañeros vascos en el seno de la subcultura de la violencia que nutre de miembros a la organización terrorista.
Además, a muchos de los adolescentes y jóvenes nacionalistas que han sido militantes de ETA les acuciaba afirmarse como vascos. Para bastantes de ellos, ésa fue su principal motivación cuando optaron por ingresar en la organización terrorista, que había protagonizado el retorno del nacionalismo vasco bajo el franquismo y a la que tenían por portadora privilegiada de aquella identidad. Se hicieron violentos para considerarse vascos y ser considerados así por los demás. Bajo la dictadura y el posfranquismo, reaccionaban con agresividad ante la imposibilidad de expresar en público los atributos de esa identidad que definían como vasca. Después, ya con la nueva democracia española y el autogobierno vasco, la perentoriedad de afirmarse violentamente como vascos, siempre según determinados cánones nacionalistas, ha sido inducida entre quinceañeros predispuestos por razones de edad a la búsqueda de una identidad e insertos en la subcultura del nacionalismo radical. Y de esta violenta lógica de identificación no han escapado hijos de inmigrantes andaluces, extremeños, castellanos o gallegos.
En esa misma subcultura -en realidad, una contracultura- se continúan socializando políticamente hoy algunos que, pese a haber nacido con España en la Unión Europea y el nacionalismo institucionalizado en el Gobierno vasco, pese a desconocer los abusos policiales y haber sido educados en euskera, aún acaban interiorizando motivaciones racionales, emocionales e identitarias para integrarse en ETA. Generalmente en el marco de redes sociales basadas en ligámenes afectivos de amistad o parentesco, y tras haber pasado por el aprendizaje social de la violencia que implica la kale borroka. Paradójicamente, las vidas de estas últimas generaciones de terroristas han discurrido en paralelo a la decadencia de ETA. Si hace tres o cuatro décadas quienes se convirtieron en etarras constituían una significativa minoría que no estaba mal vista por demasiados entre los vascos y contaba con un santuario francés, hoy no son probablemente más que un centenar de pistoleros a los que su sociedad ha dado la espalda y las autoridades francesas también persiguen.
pag_epigrafe
¿Qué motivaciones han tenido los terroristas?
FERNANDO REINARES 26/07/2009
Quienes han militado en ETA lo hicieron ante todo por el hecho de ser nacionalistas vascos. Habían hecho suyo un nacionalismo de carácter étnico y excluyente, que niega la pluralidad constitutiva del País Vasco y enfatiza pretendidos derechos colectivos en detrimento de derechos humanos individuales. Un nacionalismo incompatible con valores democráticos, proclive a la intolerancia y a justificar la violencia. Ahora bien, la adhesión a esta ideología y a sus objetivos políticos raramente basta para explicar la opción por el terrorismo. Si nos preguntamos por qué ha habido y hay vascos, básicamente varones y apenas veinteañeros al ser reclutados, la mitad de ellos guipuzcoanos, que se convirtieron en miembros de ETA, es preciso aludir a unae ETA, es preciso aludir a una serie de motivaciones individuales basadas en criterios de racionalidad, emotividad e identidad. Éstas se combinan de un modo variable según personas y periodos de tiempo, pero caben algunas generalizaciones respecto a los que se integraron en aquella organización terrorista desde hace cuatro décadas.
Por lo común, antes de incorporarse a ETA los futuros militantes habían llegado al convencimiento de que la violencia era útil para conseguir la independencia. Ese convencimiento apelaba a casos foráneos de insurrección anticolonial y a ejemplos propios, como impedir con atentados la construcción de una central nuclear o la ejecución del trazado previsto de cierta autovía. Aun así, para aceptar finalmente el reclutamiento muchos necesitaron percibir fundadas expectativas de éxito, confianza en que ETA disponía de los recursos y el apoyo popular necesarios para lograr todos o buena parte de sus fines. Con todo, no pocos de quienes se integraron en la organización terrorista hubiesen renunciado a hacerlo en ausencia del santuario francés, cuya existencia hasta bien entrados los ochenta redujo considerablemente los riesgos y costes percibidos. Por otra parte, el prestigio social conferido a los etarras en ámbitos de la población vasca supuso un estímulo muy importante. Éste y otros incentivos selectivos reforzaban las motivaciones basadas en objetivos políticos, utilidad de la violencia y expectativas de éxito.
Ahora bien, en las motivaciones individuales para el terrorismo no sólo hay intereses, sino también pasiones. Así, un buen número de los que se convirtieron en militantes de ETA sentían antes frustración, al no haberse cumplido las elevadas y crecientes expectativas políticas que tenían para el fin de la dictadura y el posfranquismo. Sin embargo, el odio ocupa un lugar central entre las motivaciones de los etarras. Un odio a España y a lo español que procedía, sobre todo, de haber experimentado una represión policial excesiva bajo el régimen autoritario y también durante la transición. Y asociada al odio aparece la venganza, que asimismo está entre las motivaciones que llevaron a no pocos adolescentes y jóvenes vascos a la militancia en ETA. Pero no es menos cierto que, con el paso del tiempo y la transformación de la seguridad interior española, ese odio dejó de estar relacionado con la conducta de los cuerpos policiales y pasó a ser producto del adoctrinamiento al que han estado sometidos numerosos quinceañeros vascos en el seno de la subcultura de la violencia que nutre de miembros a la organización terrorista.
Además, a muchos de los adolescentes y jóvenes nacionalistas que han sido militantes de ETA les acuciaba afirmarse como vascos. Para bastantes de ellos, ésa fue su principal motivación cuando optaron por ingresar en la organización terrorista, que había protagonizado el retorno del nacionalismo vasco bajo el franquismo y a la que tenían por portadora privilegiada de aquella identidad. Se hicieron violentos para considerarse vascos y ser considerados así por los demás. Bajo la dictadura y el posfranquismo, reaccionaban con agresividad ante la imposibilidad de expresar en público los atributos de esa identidad que definían como vasca. Después, ya con la nueva democracia española y el autogobierno vasco, la perentoriedad de afirmarse violentamente como vascos, siempre según determinados cánones nacionalistas, ha sido inducida entre quinceañeros predispuestos por razones de edad a la búsqueda de una identidad e insertos en la subcultura del nacionalismo radical. Y de esta violenta lógica de identificación no han escapado hijos de inmigrantes andaluces, extremeños, castellanos o gallegos.
En esa misma subcultura -en realidad, una contracultura- se continúan socializando políticamente hoy algunos que, pese a haber nacido con España en la Unión Europea y el nacionalismo institucionalizado en el Gobierno vasco, pese a desconocer los abusos policiales y haber sido educados en euskera, aún acaban interiorizando motivaciones racionales, emocionales e identitarias para integrarse en ETA. Generalmente en el marco de redes sociales basadas en ligámenes afectivos de amistad o parentesco, y tras haber pasado por el aprendizaje social de la violencia que implica la kale borroka. Paradójicamente, las vidas de estas últimas generaciones de terroristas han discurrido en paralelo a la decadencia de ETA. Si hace tres o cuatro décadas quienes se convirtieron en etarras constituían una significativa minoría que no estaba mal vista por demasiados entre los vascos y contaba con un santuario francés, hoy no son probablemente más que un centenar de pistoleros a los que su sociedad ha dado la espalda y las autoridades francesas también persiguen.
Rubalcaba: "Es un atentado fallido que buscaba víctimas mortales"
ELPAÍS.com - Madrid - 29/07/2009
ATENTADO DE ETA
Rubalcaba: "Es un atentado fallido que buscaba víctimas mortales"
La explosión de una furgoneta de ETA en la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos, cargada con 200 kilos, deja 65 heridos leves.- 117 personas dormían en el edificio.- No hubo aviso previo
"Un gran atentado fallido que buscaba víctimas mortales". Así ha definido el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el atentado que ETA cometió la pasada madrugada contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos. "Esta noche dormían en los pisos casi 120 personas, de los que 41 eran niños, lo que pone de manifiesto el carácter especialmente canalla del atentado", ha asegurado el titular de Interior en una rueda de prensa tras visitar la zona afectada.
La furgoneta bomba de ETA explotó junto a la casa cuartel, entre la calle Jerez y la avenida Cantabria. La explosión, que se produjo en torno a las cuatro de la madrugada y sin aviso previo, ha dejado 65 heridos leves, entre agentes y familiares, y ha causado cuantiosos daños materiales tanto en el edificio como en las casas colindantes. Unos 80 vecinos se han visto afectados y han sido realojados en instalaciones habilitadas por las autoridades. Fuentes del servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) han informado de que los afectados han sufrido fundamentalmente cortes y pequeñas heridas. Todos los heridos han sido dados ya de alta, según ha confirmado el ministro del Interior.
Sin llamada de aviso
"Los demócratas españoles sabemos que nos enfrentamos a una banda de asesinos; hoy además sabemos que son asesinos salvajes y enloquecidos, lo que les hace más peligrosos pero no más fuertes", ha indicado Rubalcaba. Esta vez no ha habido ninguna llamada previa de aviso o reivindicación, lo que según el ministro es habitual cuando el ataque va dirigido contra la Guardia Civil. Los terroristas cargaron el vehículo con unos 200 kilos de explosivos y lo aparcaron previsiblemente ayer por la tarde, a 16 metros de la fachada posterior del cuartel, según fuentes de la investigación.
La cantidad de explosivo empleado por ETA podría alcanzar los 500 kilos, según ha informado la Cadena SER. Rubalcaba no ha precisado la cantidad ni el tipo empleado, pero ha subrayado que era una bomba "de una potencia importantísima". El ministro ha asegurado que la furgoneta tenía matrícula de Burgos y que había sido falsificada en España, pero considera "probable" que pudiera tratarse de un vehículo robado en Francia. El vehículo era un modelo Mercedes Vito de color blanco. La Guardia Civil está trabajando para tratar de determinar el origen
Un gran cráter
La explosión provocó un gran cráter en el suelo y afectó a las catorce plantas de la casa cuartel, las primeras de las cuales quedaron "prácticamente destruidas", según ha informado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha visitado el lugar del accidente junto a Alejo ha señalado que, por todos los indicios y los detalles "ETA ha visitado Burgos con intención de matar y de hacer el mayor daño posible". En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, quien ha asegurado que la organización terrorista buscaba "una matanza indiscriminada".
El vehículo estaba situado en la parte de atrás del cuartel, donde dormían agentes y sus familias. La fuerte explosión ha provocado graves destrozos, además de un cráter en el pavimento, de siete metros de diámetro y un metro y medio de profundidad. En declaraciones a la Cadena Ser, el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, ha señalado que ha sido "un auténtico milagro" que no se hayan registrado más daños personales, a la vista de cómo ha quedado el lugar. La carga explosiva ha sido "muy importante". De los 54 heridos que ha causado la explosión, 27 residen en la casa cuartel, de los cuales 13 son mujeres, nueve hombres y cinco niños, han informado fuentes de la Guardia Civil.
Sobre las familias desalojadas tras el atentado, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha explicado que a mediodía sólo quedaban unas 14 personas pendientes de poder volver a sus casas, de los casi 200 que han tenido que ser evacuadas por los daños.
Burgos, objetivo de la banda
El cuartel de la Guardia Civil de Burgos era un objetivo de la banda terrorista ETA desde hace tiempo. Según el sumario elaborado tras la desarticulación del comando Vizcaya, una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón en julio de 2008, la banda había realizado informaciones sobre el "cuartel de la Guardia Civil de Burgos", así como acerca de empresas vinculadas al TAV, las obras del AVE vasco. Arkaitz Goikoetxea, uno de los líderes del grupo, encargó a uno de sus hombres de confianza, Iñigo Gutiérrez, que realizara informes para atentar contra dicho cuartel.
En el auto en el que decretaba prisión para siete de los diez detenidos en la operación contra este comando, Garzón desveló que el grupo había realizado seguimientos e informaciones para perpetrar, al menos, una veintena de ataques en los meses próximos a las detenciones.
El último atentado de la banda con coche bomba ocurrió en la noche del 9 de julio de este año frente a la sede del Partido Socialista vasco (PSE) en el municipio vizcaíno de Durango, donde causó cuantiosos daños materiales. Un testigo vio a un encapuchado dejar el artefacto en el local de Durango y la Ertzaintza acordonó de inmediato la zona y desalojó los inmuebles adyacentes. Los desactivadores desplegaron el robot para intentar neutralizar el artefacto, pero la bomba estalló antes. Antes de ese atentado, la banda terrorista cometió su último asesinato el 19 de junio. Una bomba lapa colocada en los bajos del coche del policía nacional Eduardo Puelles acabó con su vida.
Los militares españoles no se creen el alto el fuego de los talibanes
ABC.es - Noticias de España y del mundo
España
Los militares españoles no se creen el alto el fuego de los talibanes
Chacón aplaude el alto el fuego alcanzado con grupos talibanes en la zona española
Los talibanes, duros de pelar
Chacón mantiene la «máxima alerta» pese al alto el fuego talibán
Chacón, en Kabul: «Si nuestros soldados necesitan refuerzos, seré la primera en ir al Parlamento a pedirlos»
«La situación se recrudece. Hay días que no salimos del cuartel»
NOELIA SASTRE | ENVIADA ESPECIAL A QALA I NAW
Actualizado Martes, 28-07-09 a las 14:19
Los militares españoles desplegados en Afganistán dudan del alto el fuego que el gobierno de Hamid Karzai supuestamente ha acordado con los talibanes en la provincia de Badghis, al noroeste del país. Es más, creen que podría ser una estrategia electoral del presidente afgano, candidato a la reelección en los comicios del 20 de agosto. O incluso de los propios talibanes, conscientes de que la OTAN está reforzando esta provincia, la más pobre del país más pobre de la tierra.
Y no lo creen por una razón de peso: los talibanes harán todo lo posible por dinamitar el proceso electoral, poner en evidencia a la comunidad internacional y hacer saltar por los aires la labor de ISAF. Aquí no hay tregua.
Las fuerzas de la Alianza siguen perdiendo hombres (ocho ayer en el sur del país, 43 en el mes de julio, cuando murieron también 56 civiles y 63 militares afganos). Así, aunque Karzai y su ministro del Interior le hayan hecho llegar a la ministra de Defensa española su satisfacción por este acuerdo de cese el fuego (reconociendo que algunos talibanes lo cumplirán y otros no), los soldados españoles no dan credibilidad a la noticia.
España
Los militares españoles no se creen el alto el fuego de los talibanes
Chacón aplaude el alto el fuego alcanzado con grupos talibanes en la zona española
Los talibanes, duros de pelar
Chacón mantiene la «máxima alerta» pese al alto el fuego talibán
Chacón, en Kabul: «Si nuestros soldados necesitan refuerzos, seré la primera en ir al Parlamento a pedirlos»
«La situación se recrudece. Hay días que no salimos del cuartel»
NOELIA SASTRE | ENVIADA ESPECIAL A QALA I NAW
Actualizado Martes, 28-07-09 a las 14:19
Los militares españoles desplegados en Afganistán dudan del alto el fuego que el gobierno de Hamid Karzai supuestamente ha acordado con los talibanes en la provincia de Badghis, al noroeste del país. Es más, creen que podría ser una estrategia electoral del presidente afgano, candidato a la reelección en los comicios del 20 de agosto. O incluso de los propios talibanes, conscientes de que la OTAN está reforzando esta provincia, la más pobre del país más pobre de la tierra.
Y no lo creen por una razón de peso: los talibanes harán todo lo posible por dinamitar el proceso electoral, poner en evidencia a la comunidad internacional y hacer saltar por los aires la labor de ISAF. Aquí no hay tregua.
Las fuerzas de la Alianza siguen perdiendo hombres (ocho ayer en el sur del país, 43 en el mes de julio, cuando murieron también 56 civiles y 63 militares afganos). Así, aunque Karzai y su ministro del Interior le hayan hecho llegar a la ministra de Defensa española su satisfacción por este acuerdo de cese el fuego (reconociendo que algunos talibanes lo cumplirán y otros no), los soldados españoles no dan credibilidad a la noticia.
Moratinos visita a Hugo Chávez con 20 empresas
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Noticias de Política
Moratinos visita a Hugo Chávez con 20 empresas, algunas de la industria militar
EADS-CASA regresa a Caracas con el ministro, tres años después de que se frustrara la venta de doce aviones por el veto de Bush
El titular de Exteriores llama «desleal» a Rajoy por criticar el viaje a Gibraltar
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS | MADRID
El momento no parece ser el más oportuno para visitar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y menos aún, para hacerlo acompañado de empresas españolas que fabrican aviones, buques y material militar. Pero el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, parece que le está cogiendo gusto a los viajes complicados de alto voltaje diplomático, después de las recientes visitas a la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang y al Peñón de Gibraltar.
Moratinos viajó ayer a Venezuela acompañado por una veintena de empresas españolas, entre ellas la aeroespacial EADS-CASA, que regresa a Venezuela tres años después de que se frustrara su venta al régimen de Chávez de doce aviones militares -diez C-295 de transporte y dos CN-235 de vigilancia marítima-, valorados en 500 millones de euros. Aquella operación se frustró por el veto de la Administración Bush, que no concedió la licencia para transferir a Venezuela la tecnología estadounidense que llevaban incorporada. Ahora, quizás el nuevo clima instaurado por el presidente Obama sea considerado como un aliciente para culminar este tipo de operaciones.
Aviación militar
Asimismo, acompaña al ministro la empresa Rodman Polyships, que suministra patrulleras de vigilancia a la Guardia Civil y que ya ha vendido una treintena de estas embarcaciones a Venezuela. Otras compañías que viajan con el titular de Exteriores son la empresa especializada en equipos de apoyo para la aviación civil y militar, Einsa, y el fabricante de calzado y complementos militares, Skyt.
También se encuentra en Caracas un directivo de la Factoría Vulcano, que construye para el Gobierno venezolano cinco barcos científicos, destinados a la investigación oceanográfica y sísmica y a detectar bolsas de petróleo en el fondo marino. Aparte de estas empresas, otras que tienen «buenas expectativas» de cerrar algún negocio en Venezuela son las de los sectores de infraestructuras y energía. Es el caso de Repsol YPF, que podría cerrar una importante operación para los campos petrolíferos del Orinoco. También hay oportunidades en el sector ferroviario, ya que Chávez tiene el viejo plan de construir cinco mil kilómetros de trazado. Asimismo, el Metro de Caracas tiene pendiente su ampliación. Las otras empresas que se han apuntado al viaje, que concluirá en Brasil, son las siguientes: Banco Santander, BBVA, Alstom, CAF, Iberdrola, Abengoa, Telvent, Talgo, Siemens, Técnicas Reunidas, Ineco, Elecnor, Nova, el fabricante de motores Grupo Guascor, Domingo Alonso y Duro Felguera.
Reunión sin hora
Acompañado por estos empresarios, Moratinos tenía previsto reunirse mañana con Hugo Chávez en un almuerzo después de presenciar la firma de unos contratos. La comida habría coincidido con el cumpleaños de Chávez (55 años) y, conociendo al personaje, podría haberse convertido para la delegación española en un evento en el Palacio de Miraflores digno de recordar. Finalmente, el ministro se reunirá con el líder venezolano el miércoles por la mañana, a una hora sin determinar.
Anécdotas al margen, Moratinos se reunirá con un presidente que ha enviado a su ministro de Exteriores a la frontera entre Honduras y Nicaragua para facilitar, a pesar del riesgo que ello supone, el retorno de Manuel Zelaya. Un líder que ha extendido a Bolivia, Nicaragua y Honduras su inestable fórmula de referéndum constitucional para ampliar los mandatos presidenciales. Un político provocador enfrentado con EE.UU. y Colombia, que ha retirado, junto a Bolivia, a su embajador de Israel, y que acaba de anunciar que quiere adquirir carros de combate y duplicar el «poderío militar» de Venezuela.
Los esfuerzos se centrarán, según fuentes diplomáticas, en ayudar a los intereses de las empresas españolas que aún quieren aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan en Venezuela, a pesar de la escasa seguridad jurídica que ofrece. La sonada experiencia del Santander, al que el Gobierno de Chávez recompró el Banco de Venezuela, no ha tenido un efecto disuasorio a pesar de haber cobrado sólo 630 de los 1.050 millones de dólares pactados.
Noticias de Política
Moratinos visita a Hugo Chávez con 20 empresas, algunas de la industria militar
EADS-CASA regresa a Caracas con el ministro, tres años después de que se frustrara la venta de doce aviones por el veto de Bush
El titular de Exteriores llama «desleal» a Rajoy por criticar el viaje a Gibraltar
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS | MADRID
El momento no parece ser el más oportuno para visitar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y menos aún, para hacerlo acompañado de empresas españolas que fabrican aviones, buques y material militar. Pero el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, parece que le está cogiendo gusto a los viajes complicados de alto voltaje diplomático, después de las recientes visitas a la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang y al Peñón de Gibraltar.
Moratinos viajó ayer a Venezuela acompañado por una veintena de empresas españolas, entre ellas la aeroespacial EADS-CASA, que regresa a Venezuela tres años después de que se frustrara su venta al régimen de Chávez de doce aviones militares -diez C-295 de transporte y dos CN-235 de vigilancia marítima-, valorados en 500 millones de euros. Aquella operación se frustró por el veto de la Administración Bush, que no concedió la licencia para transferir a Venezuela la tecnología estadounidense que llevaban incorporada. Ahora, quizás el nuevo clima instaurado por el presidente Obama sea considerado como un aliciente para culminar este tipo de operaciones.
Aviación militar
Asimismo, acompaña al ministro la empresa Rodman Polyships, que suministra patrulleras de vigilancia a la Guardia Civil y que ya ha vendido una treintena de estas embarcaciones a Venezuela. Otras compañías que viajan con el titular de Exteriores son la empresa especializada en equipos de apoyo para la aviación civil y militar, Einsa, y el fabricante de calzado y complementos militares, Skyt.
También se encuentra en Caracas un directivo de la Factoría Vulcano, que construye para el Gobierno venezolano cinco barcos científicos, destinados a la investigación oceanográfica y sísmica y a detectar bolsas de petróleo en el fondo marino. Aparte de estas empresas, otras que tienen «buenas expectativas» de cerrar algún negocio en Venezuela son las de los sectores de infraestructuras y energía. Es el caso de Repsol YPF, que podría cerrar una importante operación para los campos petrolíferos del Orinoco. También hay oportunidades en el sector ferroviario, ya que Chávez tiene el viejo plan de construir cinco mil kilómetros de trazado. Asimismo, el Metro de Caracas tiene pendiente su ampliación. Las otras empresas que se han apuntado al viaje, que concluirá en Brasil, son las siguientes: Banco Santander, BBVA, Alstom, CAF, Iberdrola, Abengoa, Telvent, Talgo, Siemens, Técnicas Reunidas, Ineco, Elecnor, Nova, el fabricante de motores Grupo Guascor, Domingo Alonso y Duro Felguera.
Reunión sin hora
Acompañado por estos empresarios, Moratinos tenía previsto reunirse mañana con Hugo Chávez en un almuerzo después de presenciar la firma de unos contratos. La comida habría coincidido con el cumpleaños de Chávez (55 años) y, conociendo al personaje, podría haberse convertido para la delegación española en un evento en el Palacio de Miraflores digno de recordar. Finalmente, el ministro se reunirá con el líder venezolano el miércoles por la mañana, a una hora sin determinar.
Anécdotas al margen, Moratinos se reunirá con un presidente que ha enviado a su ministro de Exteriores a la frontera entre Honduras y Nicaragua para facilitar, a pesar del riesgo que ello supone, el retorno de Manuel Zelaya. Un líder que ha extendido a Bolivia, Nicaragua y Honduras su inestable fórmula de referéndum constitucional para ampliar los mandatos presidenciales. Un político provocador enfrentado con EE.UU. y Colombia, que ha retirado, junto a Bolivia, a su embajador de Israel, y que acaba de anunciar que quiere adquirir carros de combate y duplicar el «poderío militar» de Venezuela.
Los esfuerzos se centrarán, según fuentes diplomáticas, en ayudar a los intereses de las empresas españolas que aún quieren aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan en Venezuela, a pesar de la escasa seguridad jurídica que ofrece. La sonada experiencia del Santander, al que el Gobierno de Chávez recompró el Banco de Venezuela, no ha tenido un efecto disuasorio a pesar de haber cobrado sólo 630 de los 1.050 millones de dólares pactados.
28 de julio de 2009
La Iglesia pide «respeto» tras las pintadas en 20 templos de Barcelona
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Martes, 28 de Julio de 2009
Madrid
La Iglesia pide «respeto» tras las pintadas en 20 templos de Barcelona
VIOLETA MOURA | BARCELONA
El Arzobispado de Barcelona y la Generalitat coincidieron ayer en lamentar las pintadas anticlericales en los muros de una veintena de iglesias de la capital catalana reivindicadas por el grupo anarquista «La Gallinaire», con motivo del centenario de la Semana Trágica.
«El derecho a la libertad religiosa y de culto de los ciudadanos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española», aseguraba el Arzobispado en un escueto comunicado, en el que añade que «su respeto y la defensa de su ejercicio es un elemento integrante de una sociedad auténticamente democrática».
Por su parte, la Generalitat condena a su vez la actuación del «La Gallinaire», calificándola como «una salida de tono de la pluralidad, democracia y modernidad que caracteriza a la sociedad catalana», según dijo Montserrat Coll (ERC), directora general de Asuntos Religiosos de la Administración autonómica.
Coll lamentó lo que define como «expresiones fuera de lugar y absurdas» y reiteró la necesidad de respetar a todas opciones religiosas, «una de las características fundamentales de la sociedad catalana». «Es una lástima - insistió - que una minoría se salga del tono que nos caracteriza», pero afirmó que la Generalitat, pese a la reprobación de esta oleada de vandalismo contra la Iglesia, no presentará denuncia, lo que deja en manos del Arzobispado. Éste limita, por el momento, a la nota hecha pública ayer, aunque no se excluyen -«más adelante», dijeron fuentes eclesiásticas-, otras medidas. Los autores de las pintadas, que también sellaron cerraduras y dejaron en las puertas una nota (en catalán y en castellano) en la que loaban la quema de iglesias y conventos acaecida durante la Semana Trágica se hicieron notar también en las páginas de Internet de grupos okupas, altermundistas y libertarios.
El grupo «La Gallinaire» adoptó el nombre en alusión a uno de los personajes más siniestros de la Semana Trágica, la líder de un grupo de mujeres que aterrorizaba al barrio de Sant Gervasi y que tuvieron un cierto protagonismo durante las revueltas.
Entre los hechos que se atribuyen a esta mujer figuran las vejaciones a las que sometía a las religiosas, a quienes desnudaba para comprobar si ocultaban dinero o joyas de las iglesias entre los hábitos.
El grupo anarquista que reivindica esa clase de personajes, afirmaba en el panfleto que colocaron en las puertas de algunas iglesias que «aunque en los templos haya más turistas que creyentes, la jerarquía católica sigue imponiendo su hipócrita moral». También incluía una colección de eslóganes anarquistas como «la Iglesia apesta, aunque hoy no arda» o «la única Iglesia que ilumina es la que arde».
Martes, 28 de Julio de 2009
Madrid
La Iglesia pide «respeto» tras las pintadas en 20 templos de Barcelona
VIOLETA MOURA | BARCELONA
El Arzobispado de Barcelona y la Generalitat coincidieron ayer en lamentar las pintadas anticlericales en los muros de una veintena de iglesias de la capital catalana reivindicadas por el grupo anarquista «La Gallinaire», con motivo del centenario de la Semana Trágica.
«El derecho a la libertad religiosa y de culto de los ciudadanos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución española», aseguraba el Arzobispado en un escueto comunicado, en el que añade que «su respeto y la defensa de su ejercicio es un elemento integrante de una sociedad auténticamente democrática».
Por su parte, la Generalitat condena a su vez la actuación del «La Gallinaire», calificándola como «una salida de tono de la pluralidad, democracia y modernidad que caracteriza a la sociedad catalana», según dijo Montserrat Coll (ERC), directora general de Asuntos Religiosos de la Administración autonómica.
Coll lamentó lo que define como «expresiones fuera de lugar y absurdas» y reiteró la necesidad de respetar a todas opciones religiosas, «una de las características fundamentales de la sociedad catalana». «Es una lástima - insistió - que una minoría se salga del tono que nos caracteriza», pero afirmó que la Generalitat, pese a la reprobación de esta oleada de vandalismo contra la Iglesia, no presentará denuncia, lo que deja en manos del Arzobispado. Éste limita, por el momento, a la nota hecha pública ayer, aunque no se excluyen -«más adelante», dijeron fuentes eclesiásticas-, otras medidas. Los autores de las pintadas, que también sellaron cerraduras y dejaron en las puertas una nota (en catalán y en castellano) en la que loaban la quema de iglesias y conventos acaecida durante la Semana Trágica se hicieron notar también en las páginas de Internet de grupos okupas, altermundistas y libertarios.
El grupo «La Gallinaire» adoptó el nombre en alusión a uno de los personajes más siniestros de la Semana Trágica, la líder de un grupo de mujeres que aterrorizaba al barrio de Sant Gervasi y que tuvieron un cierto protagonismo durante las revueltas.
Entre los hechos que se atribuyen a esta mujer figuran las vejaciones a las que sometía a las religiosas, a quienes desnudaba para comprobar si ocultaban dinero o joyas de las iglesias entre los hábitos.
El grupo anarquista que reivindica esa clase de personajes, afirmaba en el panfleto que colocaron en las puertas de algunas iglesias que «aunque en los templos haya más turistas que creyentes, la jerarquía católica sigue imponiendo su hipócrita moral». También incluía una colección de eslóganes anarquistas como «la Iglesia apesta, aunque hoy no arda» o «la única Iglesia que ilumina es la que arde».
Franco pierde la alcaldía de Amposta
ELPAIS.COM
Franco pierde la alcaldía de Amposta
El Ayuntamiento de la ciudad tarraconense retira el cargo de alcalde perpetuo y la medalla de oro al dictador
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 27/07/2009
El difunto Francisco Franco no deja de perder alcaldías en Tarragona. El Ayuntamiento de Amposta (Montsià, 21.000 habitantes) ha retirado este lunes por la mañana el cargo de alcalde honorífico y perpetuo de la ciudad al dictador, además de la medalla de oro del municipio. La decisión se fraguó por unanimidad y dos semanas después de que el consistorio de Tarragona hiciera lo propio. En la capital de provincia el acuerdo total fue imposible: el grupo municipal del PP se abstuvo en la votación. En la alcaldía de Amposta el PP no participó en el pleno ya que no cuenta con ningún regidor.
Con esta decisión Franco queda desposeído de un cargo que ha mantenido por casi medio siglo. Amposta le otorgó su mejor insignia en 1963 y se la entregó en mano cuatro años después. Los partidos municipales han celebrado en bloque la decisión pero dejan sin resolver un frente complejo. "A día de hoy Amposta sigue teniendo calles con nombres franquistas que ensalzan el régimen", ha subrayado la portavoz municipal de ERC, Marta Cid.
Más comodidad y menos memoria
Por ejemplo, Ruiz de Alda (miembro fundador de la Falange) y Rafael García Aliño (héroe militar franquista y Jefe del Estado Mayor durante el régimen) siguen protagonizando numerosas placas del casco urbano de Amposta, entre otros destacados miembros del franquismo.
La situación incumple con lo recogido en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 pero se pliega al capricho de los vecinos. Aquellos que viven en calles que honran la memoria franquista votaron no cambiar el nombre de esas vías, según una consulta municipal realizada el año pasado. El resultado fue abrumador: casi el 80% de los inquilinos pedían mantener los nombres franquistas.
El motivo de los inquilinos es interesado: alegaron que así se evitan las complejidades de sufrir un cambio de dirección en sus correspondencias. "Hemos optado por respectar la decisión de los vecinos", ha alegado este mediodía el alcalde, Manel Farré (CiU). El Ayuntamiento justifica el embrollo asegurando que los habitantes del municipio ignoran los crímenes protagonizados por quienes dan nombre a sus calles. "Debemos esforzarnos para dar a conocer la historia a nuestros ciudadanos. Y que cambien el nombre de las calles", ha insistido Cid.
Franco pierde la alcaldía de Amposta
El Ayuntamiento de la ciudad tarraconense retira el cargo de alcalde perpetuo y la medalla de oro al dictador
FERRAN BALSELLS - Tarragona - 27/07/2009
El difunto Francisco Franco no deja de perder alcaldías en Tarragona. El Ayuntamiento de Amposta (Montsià, 21.000 habitantes) ha retirado este lunes por la mañana el cargo de alcalde honorífico y perpetuo de la ciudad al dictador, además de la medalla de oro del municipio. La decisión se fraguó por unanimidad y dos semanas después de que el consistorio de Tarragona hiciera lo propio. En la capital de provincia el acuerdo total fue imposible: el grupo municipal del PP se abstuvo en la votación. En la alcaldía de Amposta el PP no participó en el pleno ya que no cuenta con ningún regidor.
Con esta decisión Franco queda desposeído de un cargo que ha mantenido por casi medio siglo. Amposta le otorgó su mejor insignia en 1963 y se la entregó en mano cuatro años después. Los partidos municipales han celebrado en bloque la decisión pero dejan sin resolver un frente complejo. "A día de hoy Amposta sigue teniendo calles con nombres franquistas que ensalzan el régimen", ha subrayado la portavoz municipal de ERC, Marta Cid.
Más comodidad y menos memoria
Por ejemplo, Ruiz de Alda (miembro fundador de la Falange) y Rafael García Aliño (héroe militar franquista y Jefe del Estado Mayor durante el régimen) siguen protagonizando numerosas placas del casco urbano de Amposta, entre otros destacados miembros del franquismo.
La situación incumple con lo recogido en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 pero se pliega al capricho de los vecinos. Aquellos que viven en calles que honran la memoria franquista votaron no cambiar el nombre de esas vías, según una consulta municipal realizada el año pasado. El resultado fue abrumador: casi el 80% de los inquilinos pedían mantener los nombres franquistas.
El motivo de los inquilinos es interesado: alegaron que así se evitan las complejidades de sufrir un cambio de dirección en sus correspondencias. "Hemos optado por respectar la decisión de los vecinos", ha alegado este mediodía el alcalde, Manel Farré (CiU). El Ayuntamiento justifica el embrollo asegurando que los habitantes del municipio ignoran los crímenes protagonizados por quienes dan nombre a sus calles. "Debemos esforzarnos para dar a conocer la historia a nuestros ciudadanos. Y que cambien el nombre de las calles", ha insistido Cid.
La Iglesia y la guerra
ELPAIS.COM
La Iglesia y la guerra
SALVADOR CANTABRANA JIMÉNEZ - Logroño, La Rioja - 27/07/2009
Con 72 años de retraso, pero más vale tarde que nunca, un puñado de obispos se han dignado pedir perdón por el papel que mantuvo la Iglesia en la Guerra Civil, y lo que fue peor, en los 40 años de dictadura. Si ya en la contienda se pusieron al lado de los golpistas, con actuaciones tan deplorables como la de delatar a tantos republicanos en los pueblos de toda España, su connivencia posterior con el franquismo fue palpable y evidente. La Iglesia católica ejerció un papel represor ideológico feroz, y en las escuelas se enseñó la moral y la educación de los fascistas, cercenando toda la libertad y la cultura que florecieron en los pocos años que dejaron existir a la República. ¡Cuánto daño irreparable causaron durante tanto tiempo de oscuridad, de falta de libertad, de represión y desasosiego! Nunca demostró la Iglesia compasión ni piedad para tantos que sufrieron el castigo de perderlo todo. De los que murieron asesinados en las cunetas, de los que pasaron años en las cárceles, de los que tuvieron que emigrar a otros países, dejando familias destrozadas. Todo lo contrario, se colocó al lado de los opresores y les daba comunión y perdonaba sus pecados, y fue garante de la moral y la educación más retrógrada.
A la muerte de Franco, la jerarquía católica se quiso posicionar al lado de la democracia, pero pasado el espejismo de Tarancón, y de los curas rojos y obreros, ha vuelto donde solía, a defender la negación de todos los derechos conquistados y a querer meternos otra vez en la cueva. Si dependiera de ellos, volveríamos a los días negros y a la pesadilla de la dictadura, donde dominaban y nos sometían.
Sólo unos pocos obispos piden ahora perdón. Los demás, de momento, callan o siguen en su delirio de cruzada nacionalcatólica, santificando mártires de un lado y olvidando a todos los demás. Qué losa tan pesada tenemos encima y qué difícil es quitárnosla.
La Iglesia y la guerra
SALVADOR CANTABRANA JIMÉNEZ - Logroño, La Rioja - 27/07/2009
Con 72 años de retraso, pero más vale tarde que nunca, un puñado de obispos se han dignado pedir perdón por el papel que mantuvo la Iglesia en la Guerra Civil, y lo que fue peor, en los 40 años de dictadura. Si ya en la contienda se pusieron al lado de los golpistas, con actuaciones tan deplorables como la de delatar a tantos republicanos en los pueblos de toda España, su connivencia posterior con el franquismo fue palpable y evidente. La Iglesia católica ejerció un papel represor ideológico feroz, y en las escuelas se enseñó la moral y la educación de los fascistas, cercenando toda la libertad y la cultura que florecieron en los pocos años que dejaron existir a la República. ¡Cuánto daño irreparable causaron durante tanto tiempo de oscuridad, de falta de libertad, de represión y desasosiego! Nunca demostró la Iglesia compasión ni piedad para tantos que sufrieron el castigo de perderlo todo. De los que murieron asesinados en las cunetas, de los que pasaron años en las cárceles, de los que tuvieron que emigrar a otros países, dejando familias destrozadas. Todo lo contrario, se colocó al lado de los opresores y les daba comunión y perdonaba sus pecados, y fue garante de la moral y la educación más retrógrada.
A la muerte de Franco, la jerarquía católica se quiso posicionar al lado de la democracia, pero pasado el espejismo de Tarancón, y de los curas rojos y obreros, ha vuelto donde solía, a defender la negación de todos los derechos conquistados y a querer meternos otra vez en la cueva. Si dependiera de ellos, volveríamos a los días negros y a la pesadilla de la dictadura, donde dominaban y nos sometían.
Sólo unos pocos obispos piden ahora perdón. Los demás, de momento, callan o siguen en su delirio de cruzada nacionalcatólica, santificando mártires de un lado y olvidando a todos los demás. Qué losa tan pesada tenemos encima y qué difícil es quitárnosla.
"La ingrata conducta del pueblo catalán..."
ELPAIS.COM
TRIBUNA: JOAN B. CULLA I CLARÀ
"La ingrata conducta del pueblo catalán..."
La catalanofobia tiene una larga historia en España, y la democracia no ha logrado erradicarla. Ahora, la derecha política y mediática vuelve a azuzarla con motivo de la reforma de la financiación autonómica
JOAN B. CULLA I CLARÀ 28/07/2009
El reciente parto del nuevo modelo de financiación autonómica ha dado lugar a la reaparición de un reflejo, de una pulsión, de un recurso político que recorre espasmódicamente la vida pública española desde hace ya varias centurias, aunque haya quien se empeñe en negar su existencia: me refiero a la catalanofobia.
Podría decirse que, desde el siglo XVII, casi siempre que Cataluña -se entiende, los sectores en cada momento hegemónicos de la sociedad catalana- ha pretendido preservar o mejorar su estatus dentro del Estado español, ya fuera éste monárquico o republicano, tradicional o parlamentario, ello ha suscitado en la España de matriz castellana poderosos movimientos de rechazo y descalificación que, a menudo, adquirieron un sesgo de prejuicio o de fobia anticatalanes. Ya en los días de Felipe IV y de Olivares alguien de la talla de Quevedo no dudó en escribir que "son los catalanes aborto monstruoso de la política", o que "el catalán es la criatura más triste y miserable que Dios crió", entre otras lindezas.
Dos siglos y medio después, el protagonismo de los Figueras, Pi i Margall, Tutau o Suñer i Capdevila en los primeros Ejecutivos de la República de 1873 llevó a un diario capitalino a denunciar que "España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña", una alarma que jamás ha suscitado la presencia en el Gobierno de andaluces, gallegos o vascos, por numerosos que fuesen; y el redactor añadía: "Pues todavía no están contentos. Será necesario que el resto de España les pague (a los catalanes) un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar de nacionalidad".
¿Les suena la melodía? Con tales precedentes, el nacimiento del catalanismo político infundió a los discursos catalanófobos una justificación y una rentabilidad que los hicieron florecer.
Cuando el movimiento catalanista daba sus primeros pasos, dos jóvenes valores del partido conservador, José Martos O'Neale y Julio Amado, publicaron el volumen Peligro nacional. Estudios e impresiones sobre el catalanismo (Madrid, 1901). Se trataba de una alerta estridente y melodramática sobre el riesgo de que Cataluña se convirtiese a corto plazo en otra Cuba, esta vez dentro de los confines peninsulares. Pero, en el apartado de las soluciones, Martos y Amado no las proponían sólo contra los catalanistas (leyes represivas de excepción, destierros), sino contra el conjunto de la sociedad sospechosa: prohibición absoluta del "dialecto catalán" en el espacio público, "incompatibilidad de los catalanes para ejercer cargos oficiales al servicio del Estado en Cataluña", sustitución de todo el clero local por eclesiásticos "de otras provincias españolas", supresión del arancel proteccionista para castigar a la burguesía fabril...
Desde entonces y hasta la Guerra Civil, la catalanofobia ("... la ingrata conducta del pueblo catalán...") fue un ingrediente estable de la retórica españolista, tanto más frente a las campañas autonomistas de 1907, de 1918-19 o de 1931-32, e incluso constituyó la plataforma personal de políticos como Antonio Royo Villanova.
Con dos subtemas principales: el económico ("Cataluña ha sido el hereu de la pobre España", "si las provincias catalanas han medrado ha sido a costa del resto del país", "después de todo, viven de nuestro sudor y de nuestra sangre"), aderezado con amenazas más o menos explícitas de boicot comercial; y el lingüístico ("¿vamos a consentir que en aquellas regiones furibundamente autonómicas salgan niños de la escuela sin apenas saber hablar castellano?", se preguntaban los maestros nacionales de la comarca de Alcañiz a finales de 1918).
La sombra ominosa del franquismo frenó, durante la transición, el retorno de ese argumentario. Pero no por mucho tiempo: los viejos prejuicios se desacomplejaron con rapidez y, de nuevo, abrazaron una transversalidad ideológica que incluía cómodamente a un Alejandro Rojas Marcos o a un Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sin embargo, por razones tanto de cultura política como de táctica (la lucha contra la larga hegemonía felipista, lo poco que AP-PP tenía que perder en Cataluña...), fueron el centro-derecha español y sus entornos mediáticos quienes cultivaron con más ahínco los mensajes que dibujaban a los catalanes o a Cataluña como una comunidad egoísta, rapaz e insolidaria, privilegiada dentro del Estado común y, al mismo tiempo, deslealmente resuelta a romperlo.
A partir de 1993, la coyuntura política (las impaciencias del Partido Popular por conquistar de una vez La Moncloa, la alianza parlamentaria entonces vigente entre González y Pujol, la consiguiente cesión a las administraciones autonómicas del 15% del IRPF...) dio alas a ese discurso. "No puede ser que las regiones ricas sean cada vez más ricas y las pobres más pobres, ni podemos aceptar que las regiones conflictivas sean siempre las grandes beneficiarias", aseveraba Juan José Lucas, entonces presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que el Gobierno del PSOE hacía era "quitarles varios miles de millones de pesetas a los pensionistas y a los parados españoles" para dárselos a Cataluña, sentenció el propio José María Aznar. Mercedes de la Merced, por su parte, lanzaba un sentido aviso sobre los riesgos de "cualquier loco que pueda asumir mañana la presidencia de la Generalitat".
Naturalmente, la aritmética parlamentaria del cuatrienio 1996-2000, el primero de Gobierno del Partido Popular, iba a determinar un repliegue completo de dichas tesis: nada de presidentes locos, ni de pensionistas expoliados, ni de catalanes que arramblan con todo. A continuación (2000-2004), la cómoda mayoría absoluta y el complejo de superioridad que ésta infundió en el equipo de Aznar hicieron innecesario el espantajo del enemigo interior, del fenicio artero y, encima, separatista.
De hecho, el Partido Popular no volvió por esas veredas hasta 2005, una vez el trauma de marzo de 2004 en vías de superación. Fue con motivo de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa cuando resurgieron en el seno de la formación conservadora y en los medios -sociales, periodísticos y de opinión- afines los reflejos catalanófobos que tan bien expresó el futuro diputado Manuel Pizarro con su "nunca seré empleado de La Caixa". Otros autores de menor fuste instaron a "los catalanes" a alejar "sus sucias manos" de la empresa eléctrica, sobre cuyo futuro hizo fortuna el eslogan "antes alemana que catalana".
Y luego, sin solución de continuidad, estalló la campaña contra el Estatuto. Criticar y combatir un proyecto legislativo auspiciado por cualquier Gobierno, o por determinadas fuerzas políticas, es perfectamente legítimo y hasta saludable en democracia, sin duda. Pero, en este caso, la desmesura y el tremendismo de la ofensiva la hicieron deslizarse a menudo hacia la descalificación y el estereotipo colectivos.
Con el nuevo Estatuto, "las regiones más pobres van a salir trituradas", aseguró Mariano Rajoy abundando en el viejísimo tópico. En cuanto al boicot al cava, alimentado desde una televisión pública bajo el control del PP, no parece que su objetivo fuese dañar a un Gobierno, o a un partido, o a varios, sino a la economía catalana en general.
El terreno, pues -el terreno de los discursos políticos y mediáticos, el de los imaginarios colectivos, el de las construcciones identitarias...-, se hallaba tan abonado que, inevitablemente, el protagonismo de la Generalitat en la reforma de la financiación ha hecho rebrotar los clichés: "¡Que un catalán valga lo que dos madrileños es intolerable!", lanzó el consejero Beteta. "El dinero se va para los ricos catalanes", denuncian en Asturias; "España fue y es un opíparo negocio para Cataluña", afirman en Galicia.
Después de tres décadas de democracia y de Estado autonómico, hay debates en los que estamos como en tiempos de Castelar o de Moret.
TRIBUNA: JOAN B. CULLA I CLARÀ
"La ingrata conducta del pueblo catalán..."
La catalanofobia tiene una larga historia en España, y la democracia no ha logrado erradicarla. Ahora, la derecha política y mediática vuelve a azuzarla con motivo de la reforma de la financiación autonómica
JOAN B. CULLA I CLARÀ 28/07/2009
El reciente parto del nuevo modelo de financiación autonómica ha dado lugar a la reaparición de un reflejo, de una pulsión, de un recurso político que recorre espasmódicamente la vida pública española desde hace ya varias centurias, aunque haya quien se empeñe en negar su existencia: me refiero a la catalanofobia.
Podría decirse que, desde el siglo XVII, casi siempre que Cataluña -se entiende, los sectores en cada momento hegemónicos de la sociedad catalana- ha pretendido preservar o mejorar su estatus dentro del Estado español, ya fuera éste monárquico o republicano, tradicional o parlamentario, ello ha suscitado en la España de matriz castellana poderosos movimientos de rechazo y descalificación que, a menudo, adquirieron un sesgo de prejuicio o de fobia anticatalanes. Ya en los días de Felipe IV y de Olivares alguien de la talla de Quevedo no dudó en escribir que "son los catalanes aborto monstruoso de la política", o que "el catalán es la criatura más triste y miserable que Dios crió", entre otras lindezas.
Dos siglos y medio después, el protagonismo de los Figueras, Pi i Margall, Tutau o Suñer i Capdevila en los primeros Ejecutivos de la República de 1873 llevó a un diario capitalino a denunciar que "España ha pasado a ser patrimonio de Cataluña", una alarma que jamás ha suscitado la presencia en el Gobierno de andaluces, gallegos o vascos, por numerosos que fuesen; y el redactor añadía: "Pues todavía no están contentos. Será necesario que el resto de España les pague (a los catalanes) un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no declararse independientes ni piensen en mudar de nacionalidad".
¿Les suena la melodía? Con tales precedentes, el nacimiento del catalanismo político infundió a los discursos catalanófobos una justificación y una rentabilidad que los hicieron florecer.
Cuando el movimiento catalanista daba sus primeros pasos, dos jóvenes valores del partido conservador, José Martos O'Neale y Julio Amado, publicaron el volumen Peligro nacional. Estudios e impresiones sobre el catalanismo (Madrid, 1901). Se trataba de una alerta estridente y melodramática sobre el riesgo de que Cataluña se convirtiese a corto plazo en otra Cuba, esta vez dentro de los confines peninsulares. Pero, en el apartado de las soluciones, Martos y Amado no las proponían sólo contra los catalanistas (leyes represivas de excepción, destierros), sino contra el conjunto de la sociedad sospechosa: prohibición absoluta del "dialecto catalán" en el espacio público, "incompatibilidad de los catalanes para ejercer cargos oficiales al servicio del Estado en Cataluña", sustitución de todo el clero local por eclesiásticos "de otras provincias españolas", supresión del arancel proteccionista para castigar a la burguesía fabril...
Desde entonces y hasta la Guerra Civil, la catalanofobia ("... la ingrata conducta del pueblo catalán...") fue un ingrediente estable de la retórica españolista, tanto más frente a las campañas autonomistas de 1907, de 1918-19 o de 1931-32, e incluso constituyó la plataforma personal de políticos como Antonio Royo Villanova.
Con dos subtemas principales: el económico ("Cataluña ha sido el hereu de la pobre España", "si las provincias catalanas han medrado ha sido a costa del resto del país", "después de todo, viven de nuestro sudor y de nuestra sangre"), aderezado con amenazas más o menos explícitas de boicot comercial; y el lingüístico ("¿vamos a consentir que en aquellas regiones furibundamente autonómicas salgan niños de la escuela sin apenas saber hablar castellano?", se preguntaban los maestros nacionales de la comarca de Alcañiz a finales de 1918).
La sombra ominosa del franquismo frenó, durante la transición, el retorno de ese argumentario. Pero no por mucho tiempo: los viejos prejuicios se desacomplejaron con rapidez y, de nuevo, abrazaron una transversalidad ideológica que incluía cómodamente a un Alejandro Rojas Marcos o a un Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sin embargo, por razones tanto de cultura política como de táctica (la lucha contra la larga hegemonía felipista, lo poco que AP-PP tenía que perder en Cataluña...), fueron el centro-derecha español y sus entornos mediáticos quienes cultivaron con más ahínco los mensajes que dibujaban a los catalanes o a Cataluña como una comunidad egoísta, rapaz e insolidaria, privilegiada dentro del Estado común y, al mismo tiempo, deslealmente resuelta a romperlo.
A partir de 1993, la coyuntura política (las impaciencias del Partido Popular por conquistar de una vez La Moncloa, la alianza parlamentaria entonces vigente entre González y Pujol, la consiguiente cesión a las administraciones autonómicas del 15% del IRPF...) dio alas a ese discurso. "No puede ser que las regiones ricas sean cada vez más ricas y las pobres más pobres, ni podemos aceptar que las regiones conflictivas sean siempre las grandes beneficiarias", aseveraba Juan José Lucas, entonces presidente de la Junta de Castilla y León. Lo que el Gobierno del PSOE hacía era "quitarles varios miles de millones de pesetas a los pensionistas y a los parados españoles" para dárselos a Cataluña, sentenció el propio José María Aznar. Mercedes de la Merced, por su parte, lanzaba un sentido aviso sobre los riesgos de "cualquier loco que pueda asumir mañana la presidencia de la Generalitat".
Naturalmente, la aritmética parlamentaria del cuatrienio 1996-2000, el primero de Gobierno del Partido Popular, iba a determinar un repliegue completo de dichas tesis: nada de presidentes locos, ni de pensionistas expoliados, ni de catalanes que arramblan con todo. A continuación (2000-2004), la cómoda mayoría absoluta y el complejo de superioridad que ésta infundió en el equipo de Aznar hicieron innecesario el espantajo del enemigo interior, del fenicio artero y, encima, separatista.
De hecho, el Partido Popular no volvió por esas veredas hasta 2005, una vez el trauma de marzo de 2004 en vías de superación. Fue con motivo de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa cuando resurgieron en el seno de la formación conservadora y en los medios -sociales, periodísticos y de opinión- afines los reflejos catalanófobos que tan bien expresó el futuro diputado Manuel Pizarro con su "nunca seré empleado de La Caixa". Otros autores de menor fuste instaron a "los catalanes" a alejar "sus sucias manos" de la empresa eléctrica, sobre cuyo futuro hizo fortuna el eslogan "antes alemana que catalana".
Y luego, sin solución de continuidad, estalló la campaña contra el Estatuto. Criticar y combatir un proyecto legislativo auspiciado por cualquier Gobierno, o por determinadas fuerzas políticas, es perfectamente legítimo y hasta saludable en democracia, sin duda. Pero, en este caso, la desmesura y el tremendismo de la ofensiva la hicieron deslizarse a menudo hacia la descalificación y el estereotipo colectivos.
Con el nuevo Estatuto, "las regiones más pobres van a salir trituradas", aseguró Mariano Rajoy abundando en el viejísimo tópico. En cuanto al boicot al cava, alimentado desde una televisión pública bajo el control del PP, no parece que su objetivo fuese dañar a un Gobierno, o a un partido, o a varios, sino a la economía catalana en general.
El terreno, pues -el terreno de los discursos políticos y mediáticos, el de los imaginarios colectivos, el de las construcciones identitarias...-, se hallaba tan abonado que, inevitablemente, el protagonismo de la Generalitat en la reforma de la financiación ha hecho rebrotar los clichés: "¡Que un catalán valga lo que dos madrileños es intolerable!", lanzó el consejero Beteta. "El dinero se va para los ricos catalanes", denuncian en Asturias; "España fue y es un opíparo negocio para Cataluña", afirman en Galicia.
Después de tres décadas de democracia y de Estado autonómico, hay debates en los que estamos como en tiempos de Castelar o de Moret.
27 de julio de 2009
Un grupo anarquista pinta los muros de una veintena de iglesias en Barcelona
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Lunes, 27 de Julio de 2009
Madrid
La Iglesia de María Auxiliadora de Sarriá, con una de las pintadas de la «celebración» de la Semana Trágica de Barcelona
Un grupo anarquista pinta los muros de una veintena de iglesias en Barcelona
Sellaron con silicona las puertas de algunos templos y pegaron en las paredes un panfleto reivindicativo con insultos y amenazas
VIOLETA MOURA | BARCELONA
Una veintena de iglesias de Barcelona amanecieron ayer con pintadas en sus fachadas alusivas a la quema de centros religiosos que tuvo lugar durante la Semana Trágica, de la que estos días se cumplen precisamente cien años. Las pintadas fueron reinvindicadas por un grupo autodenominado «La Gallinaire» a través de un comunicado rematado por el lema «la lucha continúa». Las parroquias afectadadas pertenecen a los barrios de Sarrià, Poblenou, Gràcia, Sant Gervasi, Raval, Eixample, Sant Andreu y el Clot y en algunas de ellas llegaron a taponar las cerraduras con silicona.
Los Mossos d´Esquadra aseguraron que investigarán el caso, aunque ni el Arzobispado ni ningún responsable de las iglesias había puesto denuncia. La nota reivindicativa, que los autores pegaron en las puertas de los templos, presenta pasajes de un enarcido anarquismo y va firmada «Ni Dios ni Capital». Además, incluye algunas de las frases con las que fueron «ilustrados» los muros de los templos barceloneses: «La Iglesia apesta, aunque hoy no arda», «la única iglesia que ilumina es la que arde» y «1909-2009, la lucha continúa».
«Más turistas que fieles»
El objetivo del grupo, según el panfleto, era el de impedir la misa dominical en el mismo día, 26 de julio, en el que comenzó «una Semana Trágica para la Iglesia y el Estado, pero que para miles de personas significó momentos de rebelión, comunidad, dignidad y aprendizaje». Y añade, ya en pleno delirio revolucionario: «Aunque en los templos haya más turistas que creyentes, la jerarquía católica sigue imponiendo su hipócrita moral». Los párrocos de las iglesias consultadas por ABC afirmaron que las misas dominicales se celebraron con normalidad y que la mayoría de los fieles ni siquiera reparó en las pintadas.
Los Mossos investigan el caso pese a que, según afirmaron el Arzobispado no ha puesto denuncia
La Semana Trágica de Barcelona tuvo su origen en el reclutamiento forzoso de reservistas para la guerra que el Ejército libraba en el norte de África. La revuelta dio paso a un odio anticlerical y el 27 de julio una horda enfurecida quemó el centro de los Hermanos Maristas de Pueblo Nuevo, que abrió una larga lista.
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
ELPAIS.COM
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
Medio siglo de terror
2009LA BOMBA QUE ROMPIÓ LA TREGUA. Los explosivos que arrasaron el aparcamiento de la T-4 de Barajas y mataron a dos inmigrantes significaron la ruptura de la tregua de ETA y el fin de las conversaciones que mantenía con el Gobierno de Zapatero
ELPAIS.COM1982
1982 DISOLUCIÓN DE ETA POLÍTICO MILITAR. Los líderes de ETA político militar comparecen por primera vez sin capuchas para anunciar en Biarritz (Francia) la disolución de la organización - EFE - 26-07-2009
1997 REPULSA CIUDADANA. Miles de personas se concentraron en la plaza de Ermua (Vizcaya) tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco - SANTOS CIRILO - 26-07-2009
REPORTAJE: CINCUENTA AÑOS DESPUÉS
Medio siglo de terror
El nacimiento de ETA, hace 50 años, ha supuesto una pesadilla amarga. Hoy, debilitada y aislada, sobrevive como un residuo sangriento en Europa. Pese a ello, sigue empeñada en atemorizar en nombre de un pueblo vasco que sólo existe en su imaginación
EMILIO ALFARO 26/07/2009
Las pesadillas no nacen en un momento preciso; se van espesando en la telaraña de los sueños hasta que cobran forma y amargan los despertares. La pesadilla de ETA ha cumplido cincuenta años, y durante su existencia alucinada y sin freno se ha llevado por delante la vida de casi novecientas personas, ha sumergido en el miedo la existencia de varios miles más, ha narcotizado la conciencia de otras decenas de millares de vascos y, como cierre provisional del balance, ha envenenado la convivencia en Euskadi y en España hasta extremos difíciles de concebir.
Medio siglo después, la criatura engendrada en ese mal sueño se encuentra debilitada, más exhausta y aislada que nunca. Sobrevive ajena al tiempo y al mundo circundantes, como una reliquia sangrienta en la Europa de otra época en la que la disposición a matar o morir por la patria o la revolución estuvo bastante extendida; obstinada en ser el último y paradójico residuo del franquismo en el que surgió. Pero, pese a todo, continúa dispuesta a seguir cumpliendo su determinación de aterrorizar, de perpetuarse causando dolor en nombre de un pueblo vasco que no existe más que en su imaginación, de una sociedad que mayoritariamente se muestra hastiada y aburrida de sus pretendidos liberadores. Y así hasta que alguien, desde su seno, tenga la sensatez de darle fin. De "cerrar la persiana", como propugna desde la cárcel, más interesada que piadosamente, el abogado Txema Matanzas Gorostiaga, otrora mantenedor de la moral y la obediencia debidas entre los reclusos de la organización terrorista.
Matanzas, al igual que gran parte de sus actuales integrantes, no se había asomado al mundo cuando un pequeño grupo de estudiantes nacionalistas crearon a principios de los años cincuenta el grupo EKIN (acometer) y, tras romper en 1958 con sus mayores del PNV, a quienes acusaban de asistir cruzados de brazos a la "destrucción de la patria vasca", constituyeron Euskadi ta Askatasuna (ETA, Euskadi y libertad). El momento exacto del nacimiento sigue en discusión. Se sabe que el nombre se decidió en diciembre de ese año y que se prefirió al de Aberria ta Askatasuna (patria y libertad) porque el buen gusto del futuro escritor y académico José Luis Álvarez Emparanza, Txillardegi, uno de los conjurados, no podía tolerar una denominación abreviada, ATA, que en euskera significa pato. Se conoce también, aunque con brumas, que la reunión constitutiva se celebró el 31 de julio del año siguiente, fecha nada casual por ser la festividad de san Ignacio de Loyola y el día elegido por Sabino Arana para fundar en 1895 el PNV.
Seguramente, sus fundadores no podían imaginar que la organización puesta en marcha para sacudir el viejo nacionalismo y salvar a una Euskadi mitificada de una opresión española que sólo el franquismo hacía verosímil derivaría, apenas dos décadas más tarde, en una "hidra sangrienta" capaz de amenazar la democracia y la libertad apenas recobradas. Con esas dos palabras definió a ETA Dolores González Katarain, Yoyes, en 1985, un año antes de que el monstruo la asesinara en presencia de su hijo, porque no podía consentir que la vuelta a casa de esta dirigente refutara la predicada necesidad de seguir atados a la espiral de la muerte. Una rueda que tardó casi una década en dar ese primer giro, al que conducían fatalmente el activismo mesiánico de aquellos jóvenes y las corrientes de la época -Mayo del 68, movimientos de liberación nacional, crisis de la izquierda histórica-. En una misma fecha, el 7 de junio de 1968, y en la misma secuencia, en el corazón de Guipúzcoa, ETA causó su primera víctima mortal, el guardia civil de tráfico José Pardines, y tuvo su primer mártir en la persona de su asesino, el joven Xabi Etxebarrieta.
Bihar ere, berriro ere, beste bat hilko dute (mañana, de nuevo, matarán a otro), cantó más tarde Imanol en su recuerdo. Se refería el fallecido cantautor vasco a la policía franquista, sin sospechar que su estribillo podría describir con tono exacto el futuro discurrir de una organización que llegaría a expulsarle de su tierra, como a tantos otros. Esa primavera saltó la chispa que activó una dinámica imparable de más muertos por ambas partes, detenciones y abusos policiales, juicio de Burgos, fusilamientos de 1975... Una cadena de conmociones que disolvió en el País Vasco la vigencia social del quinto mandamiento y dio a aquellos jóvenes aguerridos el aura de resistentes a un régimen igualmente violento. La puesta en contacto de una fe absoluta en la capacidad resolutiva de la violencia con unas aspiraciones ultranacionalistas para Euskal Herria sostenidas por encima del principio de realidad y de la propia voluntad de los vascos convirtieron la organización en un mecanismo diabólico, desprovisto de interruptor capaz de desconectarlo, como ha señalado Kepa Aulestia.
Ni la amnistía de 1977 ni la democracia ni la consecución del autogobierno movieron a ETA a revisar su práctica y sus postulados; al contrario, nunca mató tanto como el año en que el País Vasco estrenó su Estatuto de Autonomía (98 asesinatos en 1980). Tampoco lo ha hecho con la entrada de España en la Unión Europea, que comenzó a recortar el crédito exterior arrastrado del franquismo y su hasta entonces confortable retaguardia en el sur de Francia, ni con la caída del muro de Berlín, que la despojó de su barniz socialista, o con la sacudida del 11-S, que ha estigmatizado en todo el mundo la etiqueta del terrorismo. ETA se convirtió hacia 1976 en un fin en sí mismo, en un ente cerrado y autorreferencial alrededor del cual se configuró una sociedad aparte -la cambiante constelación de organizaciones del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)-, que sigue, ampara y da culto al tótem. Incluso cuando éste conduce a su expresión política -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna; la disposición a cambiar de nombre denota su carácter supletorio- al ostracismo de la ilegalidad. A verse expulsada del paraíso de unas instituciones que en el pasado despreció porque podía disfrutarlas. A perder el dominio de las calles de Euskadi, amordazadas hasta anteayer por su imaginería y la intimidación de sus alevines de la kale borroka. A dejar de conmover al nacionalismo vasco institucional, siempre sensible al victimismo y las insidias de sus hijastros. A recibir, a la postre, la contundente bofetada de la última instancia a la que se había encomendado: la disolución de Batasuna era "una necesidad social imperiosa" por su vinculación a una organización terrorista, ha terminado sentenciando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Después de 50 años, 856 asesinatos, 200 víctimas propias, miles de heridos y de presos; después de una insondable contabilidad de dolor y miedo, ETA y su mundo han llegado a la soledad más extrema, a la ausencia total de expectativas. Lo ha hecho a base de desperdiciar ocasiones de poner un fin honorable a su nada gloriosa trayectoria. Quizá, por no parecerse a sus émulos de ETA político-militar, que, tras adelantarse en explorar todos los resortes del terror, se disolvieron en 1981, sin más compensación que la salida de sus presos y el regreso de los refugiados. Pero, sin duda, por la inercia invencible de la lucha armada, que con ETA militar cobró naturaleza fundacional, convirtiéndose en el fin supremo. Esta mutación explica el fracaso de todos los intentos negociados de darle una salida, porque "nunca ha encontrado el punto medio entre sus reivindicaciones y lo que podía ofrecer el Estado", apunta el abogado Txema Montero, que abandonó Herri Batasuna tras la matanza de Hipercor en 1987.
La paradoja a la que ha llegado ETA es que tiene voluntad y capacidad para seguir matando, pero ninguna esperanza en alcanzar sus metas o dar una utilidad política a su trayectoria criminal. El último tren para un fin dialogado lo perdió hace dos años con el atentado contra la T-4 de Barajas, al volar el proceso de paz abierto con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Como siempre, porque no se le concedió lo imposible, esa Euskal Herria autodeterminada según lo que ella ha determinado previamente; pero, en el fondo, por la inercia del mecanismo. Antes había dejado pasar el expreso de Argel (1988-1989) y el rápido de Lizarra (1998), donde la obcecación de ETA quedó en evidencia ante el espejo siempre buscado de Irlanda del Norte. Sin embargo, el principio de su fin comenzó a escribirse a mediados de los noventa, cuando sus estrategas decidieron dar el salto de "socializar el sufrimiento" más allá de sus objetivos tradicionales -guardias civiles, policías y militares-, y comenzó a asesinar a dirigentes políticos, concejales, jueces, periodistas, y a amenazar, en general, a quien viera como un obstáculo para sus designios.
La crueldad inconcebible del secuestro del concejal Miguel Ángel Blanco, al igual que el atroz cautiverio de Ortega Lara y el trabajo esbirro de Herri Batasuna en las contramanifestaciones donde gritaba: "Aldaia, paga y calla", en respuesta a la reclamación de libertad para el empresario secuestrado, activó una intensa repulsa ciudadana, que dio alas a la respuesta judicial, impulsada por el juez Garzón, contra todas las organizaciones tuteladas por ETA. Dar el salto a un terrorismo de limpieza ideológica que ponía en riesgo los propios cimientos de la democracia en el País Vasco fue, quizá, la consecuencia lógica de aquella deriva. Sin embargo, constituyó el mayor error estratégico de la organización, por cuanto obligó al Estado a poner en juego todos los instrumentos a su alcance, sin caer en el error criminal que en los ochenta significaron los GAL, que tanto alimentaron el victimismo de la banda. La firmeza constante aplicada en todos los ámbitos de la lucha antiterrorista y la colaboración internacional han achicado al máximo el campo de maniobra de ETA y su mundo, y han conducido a que hasta los más irreductibles admitan la evidencia de que la derrota policial es más que posible. Lo indica la secuencia acelerada de sustitución de las cúpulas de sus aparatos, a causa de la presión policial, y las crecientes dificultades para llevar a la práctica las ofensivas diseñadas sobre el papel. Pero, más que cualquier otra cosa, lo demuestra la hastiada indiferencia de la mayoría de la sociedad vasca a las propuestas, lamentos y penas de quienes todavía ven compatible política y pistolas, y la presencia protagonista de las víctimas. La visibilidad actual de éstas, cuando la conmoción causada por un asesinato se multiplica por su espaciamiento en el tiempo, representa un tardío resarcimiento por su ocultación pasada, cuando los terroristas mataban por decenas y sus biografías interesaban más que las de sus víctimas.
Sin embargo, casi nadie de los que conocen la teología de ETA, como el periodista Florencio Domínguez, confía en que alguien, desde dentro, tenga la suficiente clarividencia y capacidad para trabar los engranajes de la violencia, de la lucha armada convertida en único principio y razón de la criatura. Al igual que Txema Montero, Domínguez valora como más factible un acabamiento por implosión, en un tiempo impreciso, antes que un final "por reflexión", similar al que protagonizaron los polimilis o el IRA. Los ejemplos de ex jefes como Txelis (José Luis Álvarez Santacristina), Pakito (Francisco Arakama Mendia), ahora de Txema Matanzas, parecen indicar que únicamente cuando el activismo remansa en la cárcel se descubre la inviabilidad de la empresa criminal en la que estuvieron embarcados. La naturaleza amarga de la pesadilla que han mantenido y alimentado.
Interior localiza a 300 víctimas de ETA y reconoce su indemnización
ELPAIS.COM
Interior localiza a 300 víctimas de ETA y reconoce su indemnización
Se han revisado 187 sentencias de la Audiencia Nacional entre 2000 y 2007
Traslado de una de las víctimas del atentado de Hipercor de Barcelona, el 19 de junio de 1987.- ANTONIO ESPEJO
LUIS R. AIZPEOLEA - Madrid - 27/07/2009
En junio de 2007, Roberto Manrique, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, se encontró con Antonio Pérez, en la vista del juicio por el atentado de ETA contra el Gobierno Militar de Barcelona, que la banda terrorista cometió en abril de 1994.
En junio de 2007, Roberto Manrique, vicepresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, se encontró con Antonio Pérez, en la vista del juicio por el atentado de ETA contra el Gobierno Militar de Barcelona, que la banda terrorista cometió en abril de 1994. Pérez era una de las víctimas del terrorismo que Manrique trataba de localizar porque desconocía su derecho a percibir una indemnización en concepto de responsabilidad civil. Desde entonces han sido localizadas 300 víctimas.
Pérez pertenecía a ese colectivo de centenares de víctimas del terrorismo que no solicitaron en su día su derecho a indemnización por desconocimiento o por falta de información al no estar personados en la causa o no serle comunicada la sentencia en la Audiencia Nacional. Algo que ha sucedido frecuentemente con las víctimas que no pertenecen a ninguna de las asociaciones.
Para Manrique, este caso no era inédito. El primero que recuerda es el de Rosa Peñalver Abad, la hija del conserje del semanario El Papus, víctima de un atentado terrorista de la extrema derecha, ocurrido en Barcelona en septiembre de 1977. Rosa Peñalver conocía a Manrique porque había sido cliente suyo en la carnicería de Hipercor de Barcelona en la que trabajaba Manrique, antes de resultar herido en el atentado de junio de 1987.
Peñalver se acercó al despacho de Manrique en 1995. Le contó las circunstancias del asesinato de su padre y le preguntó si había sido un atentado terrorista y si la familia tenía derecho a la indemnización por su fallecimiento. Lo logró cuatro años después, en 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo, que concedía el derecho a la indemnización si la víctima o sus familiares lo solicitaban con la prueba de la sentencia.
Pero el problema de las víctimas no localizadas adopta un primer giro cuando, tras la sentencia firme del atentado de Hipercor, Manrique descubre que desconoce a medio centenar de las personas que figuran en el texto. La conclusión es que en otros sumarios sucederá lo mismo. No tardan en comprobar que hay centenares de víctimas y familiares que desconocen sus derechos en atentados terroristas diversos, algunos muy espectaculares, sobre todo de ETA: plaza de Ramales de Madrid (1994); Cuartel General del Aire (1987); Dirección General de la Guardia Civil (1988); plaza de España de Barcelona (1986); Gobierno Militar de San Sebastián (1986); Corazón de María de Madrid (2001)...
El segundo giro se produce cuando Manrique y su asociación consiguen, tras reunirse con Gregorio Peces-Barba, entonces Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, y su número dos, el hoy director general de Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, que el 11 de marzo de 2005 el Consejo de Ministros abra un plazo de seis meses para que las víctimas puedan beneficiarse de la indemnización si demostraban que no habían sido avisadas de sus derechos.
A la semana siguiente, en una cena de la Asociación de Detectives de Cataluña a la que es invitado Manrique, éste les pasa un listado de víctimas que desconocen sus derechos y a las que no consiguen ubicar. En poco tiempo localizan a muchas de las que aparecen en el listado, pero no a todas.
En agosto de 2007, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo da un paso más: pone en marcha un plan de localización de víctimas que desconocían sus derechos. El plan consiste en revisar sentencias penales para localizarlas, qué personas son reconocidas como beneficiarios de una indemnización y a cuáles no se les habían notificado sus derechos. Una vez localizadas se les remite el modelo de solicitud para dirigirlo a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas e iniciar el expediente, de acuerdo con la Ley de Solidaridad de Víctimas. En primera instancia, se escoge el tramo de 2000-2007.
La base de este programa, avalado por la Abogacía del Estado, es que los derechos de las víctimas no caducan si demuestran que no habían sido informadas de sus derechos. En la carta que envía la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a las víctimas localizadas les recuerda que hay dos momentos indemnizatorios: el primero es el "anticipo", la ayuda económica que, previa solicitud de las víctimas antes del primer aniversario del atentado, resuelve el Ministerio del Interior en aplicación de la Ley de Víctimas. La segunda deriva de la sentencia firme del tribunal que lo juzga. La víctima recibe la diferencia entre sentencia y anticipo.
Según el último recuento de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, las sentencias revisadas en el tramo 2000-2007 es de 187. De ellas, 51 recogen a víctimas objeto del programa. El número de víctimas es 368: 300 ya han sido localizadas.
25 de julio de 2009
Los tribunales, contra la retirada de subvenciones a colegios que separan por sexos
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Sábado, 25 de Julio de 2009
Madrid
Los tribunales, contra la retirada de subvenciones a colegios que separan por sexos
ABC | OVIEDO
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente la decisión de la Consejería de Educación del Principado de Asturias de suprimir el concierto (subvención)en 1º de Educación de Primaria al colegio masculino Los Robles.
El fallo del TSJA, ante el re curso de Fomento de Centros de Enseñanza, es el primero que llega tras la polémica desatada por la decisión de las consejerías de Educación del Principado, Cantabria y Andalucía —dirigidas por el PSOE— de retirar el concierto a los centros de educación diferenciada, es decir, separada por sexos, por un supuesto carácter discriminatorio.
En este caso, la Consejería de Educación del Principado dictaminó en una resolución del 8 de mayo de 2009 la supresión del concierto de manera progresiva, de tal modo que en el próximo curso las familias no tendrían derecho al concierto en 1º de Primaria, y así hasta su total extinción en la enseñanza obligatoria.
Sábado, 25 de Julio de 2009
Madrid
Los tribunales, contra la retirada de subvenciones a colegios que separan por sexos
ABC | OVIEDO
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un auto por el que suspende cautelarmente la decisión de la Consejería de Educación del Principado de Asturias de suprimir el concierto (subvención)en 1º de Educación de Primaria al colegio masculino Los Robles.
El fallo del TSJA, ante el re curso de Fomento de Centros de Enseñanza, es el primero que llega tras la polémica desatada por la decisión de las consejerías de Educación del Principado, Cantabria y Andalucía —dirigidas por el PSOE— de retirar el concierto a los centros de educación diferenciada, es decir, separada por sexos, por un supuesto carácter discriminatorio.
En este caso, la Consejería de Educación del Principado dictaminó en una resolución del 8 de mayo de 2009 la supresión del concierto de manera progresiva, de tal modo que en el próximo curso las familias no tendrían derecho al concierto en 1º de Primaria, y así hasta su total extinción en la enseñanza obligatoria.
La fiscalía ordena extender a Navarra la retirada de símbolos proetarras
ELPAIS.COM
La fiscalía ordena extender a Navarra la retirada de símbolos proetarras
La medida insta a la policía a que actúe de forma urgente en calles y bares
L. R. AIZPEOLEA / J. YOLDI - Madrid - 25/07/2009
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad la retirada "urgente" de pancartas y pintadas con lemas de apoyo a ETA en calles, bares o establecimientos públicos de Navarra así como carteles con fotografías de miembros de la banda terrorista.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad la retirada "urgente" de pancartas y pintadas con lemas de apoyo a ETA en calles, bares o establecimientos públicos de Navarra así como carteles con fotografías de miembros de la banda terrorista. En un escrito remitido al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a la Policía Foral, el fiscal coordinador sobre el terrorismo etarra, Vicente González Mota, ha reclamado dicha retirada al estimar que la exhibición de esos carteles y fotografías constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La primera vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actuó, por indicación de su jefe, Javier Zaragoza, en este sentido fue el pasado 12 de marzo al ordenar a la Ertzaintza (policía autónoma vasca) la retirada urgente de las fotografías de presos de ETA que, desde meses atrás, colgaban de una verja del Banco Guipuzcoano de Mondragón (Guipúzcoa).
Dicha verja fue calificada de "muro de la vergüenza" por el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en su visita a esa localidad, con motivo del primer aniversario del asesinato del militante y ex concejal socialista Isaías Carrasco. La visita la realizó inmediatamente después de las elecciones vascas del 1 de marzo y pocas semanas antes de ser investido lehendakari. Allí anuncio la inminente retirada de dichos carteles y de la nueva política del Gobierno vasco, destinada a eliminar cualquier impunidad del terrorismo etarra. Sucedió muy pocos días después.
La Fiscalía basó su actuación contra las pancartas y carteles favorables a ETA en el artículo 578 del Código Penal, que sanciona el enaltecimiento del terrorismo, y la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que vela por la sensibilidad de las víctimas. A partir de ahí, la Fiscalía instó a la Ertzaintza a la retirada de todos los carteles en edificios, fachadas, Ayuntamientos y bares que tuvieran que ver con la exaltación de ETA y sus miembros.
El procedimiento instado por la Fiscalía es pedir la retirada voluntaria de carteles o fotografías allí donde hubiera responsables. Ha habido 140 requerimientos y sólo 10 casos en los que no se ha producido la retirada. González Mota ha pedido a la Ertzaintza que haga un seguimiento de estos casos, que podrían dar lugar a una querella por enaltecimiento del terrorismo.
En el caso de las pintadas, la Fiscalía ha pedido a los ayuntamientos que las borren. Algunos gobernados por ANV han accedido. En Euskadi, en el caso de que el Ayuntamiento no lo asuma, ha sido la Consejería de Interior del Gobierno vasco, cuyo titular es el socialista Rodolfo Ares, la que se ha responsabilizado de borrarlas. Ha destinado para ello un presupuesto de 500 millones de euros.
Ahora, dicha política se ha extendido a Navarra. La Delegación del Gobierno en la comunidad foral envió un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que denuncia la existencia de carteles, pintadas y pancartas de exaltación a ETA o sus miembros. Esta medida afecta especialmente a la zona vascófona de Navarra, al norte de la comunidad foral, con municipios como Alsasua o Etxarri-Aranatz de fuerte implantación abertzale, donde se exhibe desde hace años mucha cartelería y pintadas de exaltación del terrorismo etarra.
El fiscal González Mota precisa en su instrucción que deben retirarse los carteles o pancartas que se encuentren en la calle o en el exterior de edificios para ser remitidos posteriormente a la Fiscalía como "pieza de convicción" y que identifiquen a "los autores de su colocación".
Respecto a los carteles y fotografías en el interior de los bares o establecimientos públicos, la instrucción precisa que "la fuerza actuante requerirá a sus responsables que los retiren y se los entreguen con los apercibimientos legales que puedan derivarse de su incumplimiento".
En Navarra, serán el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Foral las que se coordinarán para ejecutar la orden dada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ayer se reunieron en la Delegación del Gobierno en Navarra representantes de la Administración central y foral que estimaron, de acuerdo con la Fiscalía, que la exhibición de fotografías y carteles de miembros de ETA constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.
En dicha reunión, la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, ha trasladado la decisión al consejero de Interior en funciones del Gobierno de Navarra, Albero Catalán, y a responsables del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral. La orden de la Fiscalía insta a las Fuerzas de Seguridad a que procedan a "la inmediata y urgente retirada de tales carteles y pancartas y de cuantos se coloquen en lo sucesivo", y a que "identifique a los autores de su colocación".
La fiscalía ordena extender a Navarra la retirada de símbolos proetarras
La medida insta a la policía a que actúe de forma urgente en calles y bares
L. R. AIZPEOLEA / J. YOLDI - Madrid - 25/07/2009
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad la retirada "urgente" de pancartas y pintadas con lemas de apoyo a ETA en calles, bares o establecimientos públicos de Navarra así como carteles con fotografías de miembros de la banda terrorista.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad la retirada "urgente" de pancartas y pintadas con lemas de apoyo a ETA en calles, bares o establecimientos públicos de Navarra así como carteles con fotografías de miembros de la banda terrorista. En un escrito remitido al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a la Policía Foral, el fiscal coordinador sobre el terrorismo etarra, Vicente González Mota, ha reclamado dicha retirada al estimar que la exhibición de esos carteles y fotografías constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La primera vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actuó, por indicación de su jefe, Javier Zaragoza, en este sentido fue el pasado 12 de marzo al ordenar a la Ertzaintza (policía autónoma vasca) la retirada urgente de las fotografías de presos de ETA que, desde meses atrás, colgaban de una verja del Banco Guipuzcoano de Mondragón (Guipúzcoa).
Dicha verja fue calificada de "muro de la vergüenza" por el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en su visita a esa localidad, con motivo del primer aniversario del asesinato del militante y ex concejal socialista Isaías Carrasco. La visita la realizó inmediatamente después de las elecciones vascas del 1 de marzo y pocas semanas antes de ser investido lehendakari. Allí anuncio la inminente retirada de dichos carteles y de la nueva política del Gobierno vasco, destinada a eliminar cualquier impunidad del terrorismo etarra. Sucedió muy pocos días después.
La Fiscalía basó su actuación contra las pancartas y carteles favorables a ETA en el artículo 578 del Código Penal, que sanciona el enaltecimiento del terrorismo, y la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que vela por la sensibilidad de las víctimas. A partir de ahí, la Fiscalía instó a la Ertzaintza a la retirada de todos los carteles en edificios, fachadas, Ayuntamientos y bares que tuvieran que ver con la exaltación de ETA y sus miembros.
El procedimiento instado por la Fiscalía es pedir la retirada voluntaria de carteles o fotografías allí donde hubiera responsables. Ha habido 140 requerimientos y sólo 10 casos en los que no se ha producido la retirada. González Mota ha pedido a la Ertzaintza que haga un seguimiento de estos casos, que podrían dar lugar a una querella por enaltecimiento del terrorismo.
En el caso de las pintadas, la Fiscalía ha pedido a los ayuntamientos que las borren. Algunos gobernados por ANV han accedido. En Euskadi, en el caso de que el Ayuntamiento no lo asuma, ha sido la Consejería de Interior del Gobierno vasco, cuyo titular es el socialista Rodolfo Ares, la que se ha responsabilizado de borrarlas. Ha destinado para ello un presupuesto de 500 millones de euros.
Ahora, dicha política se ha extendido a Navarra. La Delegación del Gobierno en la comunidad foral envió un informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que denuncia la existencia de carteles, pintadas y pancartas de exaltación a ETA o sus miembros. Esta medida afecta especialmente a la zona vascófona de Navarra, al norte de la comunidad foral, con municipios como Alsasua o Etxarri-Aranatz de fuerte implantación abertzale, donde se exhibe desde hace años mucha cartelería y pintadas de exaltación del terrorismo etarra.
El fiscal González Mota precisa en su instrucción que deben retirarse los carteles o pancartas que se encuentren en la calle o en el exterior de edificios para ser remitidos posteriormente a la Fiscalía como "pieza de convicción" y que identifiquen a "los autores de su colocación".
Respecto a los carteles y fotografías en el interior de los bares o establecimientos públicos, la instrucción precisa que "la fuerza actuante requerirá a sus responsables que los retiren y se los entreguen con los apercibimientos legales que puedan derivarse de su incumplimiento".
En Navarra, serán el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Foral las que se coordinarán para ejecutar la orden dada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Ayer se reunieron en la Delegación del Gobierno en Navarra representantes de la Administración central y foral que estimaron, de acuerdo con la Fiscalía, que la exhibición de fotografías y carteles de miembros de ETA constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo.
En dicha reunión, la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Sáiz, ha trasladado la decisión al consejero de Interior en funciones del Gobierno de Navarra, Albero Catalán, y a responsables del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral. La orden de la Fiscalía insta a las Fuerzas de Seguridad a que procedan a "la inmediata y urgente retirada de tales carteles y pancartas y de cuantos se coloquen en lo sucesivo", y a que "identifique a los autores de su colocación".
24 de julio de 2009
El Tribunal Supremo ordena la disolución de los grupos municipales de ANV
elmundo.es|
España Líder mundial en español
Viernes 24/07/2009.
Actualizado 13:47h. JUSTICIA |
El auto se ha hecho público hoy
El alcalde de ANV de Igorre, Galder Olivares, en las fiestas del municipio vizcaíno. | I. Andrés
El Tribunal Supremo ordena la disolución de los grupos municipales de ANV
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 24/07/2009 13:47 horas
La Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo -competente en los procesos de ilegalización del PCTV y ANV-, ha acordado la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en 125 ayuntamientos, así como el grupo de este partido en las Juntas Generales de Álava, en ejecución de la sentencia que ilegalizó la citada formación política en septiembre de 2008.
El auto acuerda dirigir un mandamiento al presidente de las Juntas Generales de Álava y a los alcaldes de los distintos ayuntamientos afectados "para que, en su caso, cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos"
Reconoce el auto que de los 125 ayuntamientos que contaban con grupo de ANV a finales del pasado año, y tras la disolución de los mismos acordada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -enmarcada en su investigación penal al respecto-, sólo quedaban unos cuantos consistorios con grupo municipal propio de la formación ilegalizada.
Respecto al grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el Parlamento de Vitoria (ezker abertalea), la pretensión en el mismo sentido se declara "carente de objeto" pues dicho grupo ya no existe desde que quedó disuelto el propio Parlamento Vasco el pasado 9 de enero.
Consecuencias de la decisión
No obstante, se consigue que el dinero al que el citado grupo parlamentario tenían derecho a percibir vía subvenciones no le sea entregado y será el actual Parlamento Vasco el que decida el fin al que se destinan dichas cantidades, sin que en ningún caso puedan directa o indirectamente financiar al PCTV, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Respecto a ANV, este auto determinará que todos los concejales electos por ANV vean disueltos sus grupos municipales -allá donde existan-, que dejen de entregarse cantidades en cualquier concepto a dichos grupos y que los concejales de la formación ilegalizada pasen a ser miembros no adscritos en sus respectivas corporaciones.
Ambas resoluciones fueron notificadas este jueves, pero tienen fecha de 16 de julio, que es cuando se reunió la citada Sala del 61 para deliberar sobre esta cuestión, que se encontraba pendiente desde el pasado mes de diciembre.
Fue en diciembre cuando la Sala especial dio por iniciado el trámite de ejecución de las sentencias de ilegalización de PCTV y ANV -dictadas en cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos- y dio un plazo a los ayuntamientos a las juntas de Álava para que alegaran lo que consideraran oportuno respecto a la petición de disolución formulada por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado.
Ambos autos rechazan todos los argumentos esgrimidos por los grupos electos afectados por la ilegalización, en coincidencia con los informes emitidos al respecto por la Abogacía y por la Fiscalía.
Afirma la Sala del 61 que "es innegable (...) que en el terreno de la sociología política, los grupos parlamentarios son una genuina emanación del los partidos políticos" y que esta conexión está reconocida en la propia Ley de Partidos.
"Si la actuación de los grupos políticos formados por un partido político puede ser determinante de su ilegalización, parece natural consecuencia de la disolución judicial del partido político la disolución de los grupos que se hayan constituido como emanación del mismo", añade la resolución.
Los argumentos del Supremo reiteran los contenidos en el auto dictado por esta misma Sala en mayo de 2003 por el que se acordó la disolución del grupo parlamentario formado en el Parlamento Vasco por los parlamentarios pertenecientes a la también ilegalizada Batasuna.
Situación de los ayuntamientos
El requerimiento que se realizó en diciembre por el Tribunal Supremo se hizo a 125 ayuntamientos que contaban con grupo municipal de ANV, si bien el resultado de las notificaciones efectuadas o intentadas a los portavoces de estos grupos municipales ha puesto de manifiesto que sólo en algunos municipios existen en la actualidad tales grupos.
En algunos casos, el grupo municipal de ANV se disolvió como consecuencia de la orden de suspensión del Juez Central de Instrucción número 5, y sus integrantes pasaron a incorporarse a un grupo mixto.
En otros, según reconoce el auto, los candidatos presentados por ANV están actuando sin incorporarse a ningún grupo, "sin que pueda determinarse si eso ocurre desde la constitución del ayuntamiento o desde la suspensión de ANV" acordada por Garzón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
