La Audiencia Nacional aprieta al Supremo sobre el ‘fallo Parot’
El tribunal celebra
el pais - MARÍA FABRA Madrid 10 NOV 2013 - 19:39 CET16
El presidente de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra.
La Audiencia Nacional le ha hecho un favor al Tribunal Supremo. O no. La decisión, adoptada el pasado viernes, de excarcelar a nueve de los 11 etarras que habían presentado otros tantos recursos, sin esperar a que el Supremo se pronunciara sobre la aplicación del fallo Parot de Estrasburgo, ha dejado a este tribunal en una posición compleja ante el pleno que celebra mañana para ver los recursos presentados en esta instancia.
El Tribunal Supremo puede, sin más, resolver los cinco recursos pendientes. O entrar a definir los cauces, criterios y alcance de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que anuló la aplicación de la doctrina Parot, elaborada por el mismo Supremo en 2006. Solo la fiscalía de la Audiencia le ha pedido que fije el cómo, porque la Audiencia ya debatió acerca de esperar a su criterio, pero decidió, por mayoría, seguir su propia pauta y resolver y decretar la excarcelación de los etarras tras el fallo de Estrasburgo. El Tribunal Supremo no puede dictar instrucciones a otro tribunal, pero puede proponerse enmendar el método de la Audiencia.
La posición de la fiscalía de la Audiencia será respaldada por la del Supremo, que también pretende que se debata la validez de la fórmula que ha ideado para aplicar, en parte, la doctrina Parot, de manera que se resten solo los beneficios penitenciarios obtenidos hasta 2006 y no los computados a partir de entonces. Según algunas fuentes, la base de esta novedad ha sido planteada en concordancia con la Abogacía del Estado y apenas tiene recorrido.
Los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo resolverán en un pleno no jurisdiccional; es decir, en teoría, la sala se reunirá para analizar una cuestión general y no para resolver un recurso concreto. Sin embargo, la resolución de los casos particulares que tiene sobre la mesa sería la posición más sencilla ya que, en varias causas, se trata de etarras ya excarcelados, cuya libertad fue recurrida por la fiscalía.
La cuestión contará con tres ponentes. Dos de ellos ya participaron, a favor y en contra, en la ponencia de la que surgió la doctrina Parot, hace siete años. Sin embargo, el presidente de la sala de lo Penal, Juan Saavedra, ha admitido la presencia de un tercer ponente para proponer instrumentos intermedios, como el recurso de revisión o el incidente de ejecución, que demorarían la aplicación de la jurisprudencia de Estrasburgo a no ser que se optara por una excarcelación inmediata pero condicional.
Si el Supremo entra en otras disquisiciones, más allá de la resolución de sus casos, el debate puede ser arduo. Y, tras la decisión de la Audiencia, adoptada sin demoras, quedaría expuesto a acrecentar la conjetura de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial planea sobre la postura que adoptarán algunos magistrados. De hecho, Saavedra es uno de los firmes candidatos a presidir el Poder Judicial, mientras que el hecho de que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, entre otros, fuera candidato a formar parte del consejo no ha sido óbice para la adopción de una decisión contraria a la posición que defiende el Gobierno del PP, que pretende retrasar la aplicación de la jurisprudencia europea.
En cualquier caso, la decisión de la sala de lo Penal del Supremo es imprevisible.
Mientras la Audiencia ha resuelto con los tiempos que se había marcado desde el principio y el Supremo hace días que anunció que su posición quedará definida mañana, el Tribunal Constitucional sigue del perfil, sin fijar, siquiera, la fecha en la que se debatirán los 29 recursos que tiene pendientes de resolver.
Tras conocer la sentencia del tribunal de Estrasburgo, el Constitucional incluso se planteó la posibilidad de convocar un pleno monográfico y extraordinario para resolver los asuntos que tenía más adelantados. No lo hizo. El Constitucional celebró la semana pasada un pleno en el que podría haber incluido, como medida extraordinaria al menos, alguno de los 17 recursos que ya tiene tramitados, paralizados y pendientes de sentencia. Tampoco lo hizo. La potestad para definir el orden del día es del presidente y, de momento, se desconoce si prevé incluir entre los asuntos a debatir, el próximo día 18, alguno de estos recursos.
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