LOS DEBATES DEL 15-M / 2
No es por los privilegios, es por el desencanto
La decepción con la clase política por su lejanía, por la crisis y por la corrupción se traduce en protestas contra sus supuestas prebendas. Lo que se exige es, sobre todo, más transparencia
ROSARIO G. GÓMEZ Madrid - EL PAIS 22 JUN 2011 - 15:04 CET14
Los políticos, cada vez más vigilados por la ciudadanía. / JUANJO MARTÍN (EFE)
Que los políticos no tienen buena fama entre la ciudadanía es una certeza avalada por las encuestas. El Centro de Investigación Sociológicas (CIS) certifica que la clase dirigente es el tercer problema de los españoles, tras el paro y la crisis económica. Los indignados del 15-M han hecho suyo este creciente desapego hacia los gobernantes para poner en la diana de sus reivindicaciones el fin de los privilegios de los que goza la casta política.
Con su omnipresente Democracia real ya, el Movimiento 15-M pide a gritos, en manifestaciones multitudinarias o en pacíficas asambleas, la regeneración del sistema político y económico. Y eso pasa, según las propuestas de los indignados, por el reparto del trabajo, la seguridad en el empleo, la supresión de los gastos inútiles en las Administraciones, la subida de los impuestos a la banca o la eliminación de los privilegios de la clase política. Detrás de estas proclamas hay quien ve un sesgo populista.
Desencanto + mentalidad antipolítica + crisis + corrupción originan el cada vez más intenso desapego hacia las clases gobernantes que evidencia el CIS, como justifica Xavier Coller, sociólogo y experto en élites políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. “Los políticos corruptos son muy pocos. Pero los medios de comunicación hacen de ecualizador. Tienen un efecto multiplicador, sobre todo cuando se observan grandes tramas, como el caso Gürtel”. Collar percibe que este no es un fenómeno coyuntural sino un problema estructural. “Las dictaduras son corruptas por definición, pero en democracia siempre hay corrupción”, dice. El creciente hastío hacia la política hunde también sus raíces en el empeño del Gobierno central en no reconocer la crisis y en demorar la adopción de medidas para combatirla, remarca Collar, que dirige la Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía.
Al margen del comportamiento del Ejecutivo de Zapatero, los expertos coinciden en que los políticos tienen que repensar su estatus. Pero siendo conscientes del papel que desempeñan. El politólogo Joan Subirats sostiene que a menudo no se tiene en cuenta que lo que ahora se ve como “privilegios” fueron en su día “conquistas de los sectores progresistas que formaban parte de Parlamentos pensados para las élites liberales”. Se trataba, apunta, de que la gente que se dedicaba a la política tuviera un salario y una cierta inmunidad para poder eludir las presiones de los poderosos. “Ahora, muchos de esos elementos, justificables en su momento, acaban pareciendo privilegios porque tienen menos sentido”.
Subirats: “Lo que se ve como prebendas fue una conquista de los progresistas”
La plataforma de los indignados del 15-M ha puesto el foco en la clase política. Reclama desde el control estricto del absentismo de los cargos electos hasta la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pasando por la publicación obligatoria de su patrimonio y la reducción de puestos de libre designación.
La política ya no atrae a personas con una trayectoria profesional previa
¿Hasta qué punto es una novedad que los ciudadanos protesten por las prebendas de sus dirigentes? “No es algo nuevo ni raro. Esa misma dimensión antipolítica existe en otros países y ha existido en otros periodos históricos en España, como, por ejemplo, en la República o durante la Restauración”, puntualiza Xavier Coller. La percepción de esa desafección es extremadamente compleja: “Hay un sustrato sociológico tardofranquista que rechaza la política. Aún pervive esa idea que se resume en la famosa frase de Franco: ‘Haga como yo, no se meta en política”.
Hay quienes piensan que la ciudadanía tiene una idea sobrevalorada del estatus de los políticos. Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, plantea que la clase política debería nutrirse de personas con una trayectoria profesional previa que les permitiera retornar a la sociedad civil. Apela a ese tipo de diputados y senadores que surgieron durante la Transición. “Ahora existe una mayor profesionalización de la política. Hay una cooptación desde más jóvenes y muchos no tienen una profesión fuera del mundo político. Por eso luchan por estar todo el tiempo posible en la política”, dice Valencia. De ahí que dé la impresión de que se trata de una casta endogámica. Para combatir esta tendencia y para no sucumbir a los efectos perversos del poder, considera necesaria “una gran dosis de ética pública”.
Los indignados reclaman cuestiones más materiales: la supresión de los privilegios en el pago de los impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; la equiparación del sueldo de los representantes del pueblo al salario medio español, más las dietas necesarias para el ejercicio de sus funciones.
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- Dedicación total. Según el informe de principios de año, 55 no declararon ninguna actividad paralela.
- Trabajos remunerados. 71 diputados ejercían otros trabajos, la mayoría relacionados con despachos de abogados. Tienen prohibido contratar con las Administraciones públicas.
- Escritores y contertulios. Hasta 122 escribían libros, participaban en tertulias de radio o de televisión o colaboran con otros medios de comunicación.
- Concejales y alcaldes. 71 parlamentarios desempeñan paralelamente puestos en Ayuntamientos como concejales o alcaldes.
- Docentes. 21 legisladores son profesores a tiempo parcial.
- Cargos de partido. 21 son dirigentes de formaciones políticas.
“La ciudadanía pide más transparencia en sus ingresos, pero a veces ignoramos que los salarios están publicados y son accesibles para cualquiera”, apunta Xavier Coller. Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que sería oportuno poner al día, y “ajustar a la sociedad” los salarios de los políticos. ¿Es mucho o es poco lo que cobran? Depende. Si se compara el sueldo de un diputado español con el de un europarlamentario (con su lluvia de dietas, viajes en preferente y tropa de ayudantes) o con sus colegas del entorno comunitario parecería casi un pobre. La comparación con directivos del sector privado sería más desfavorable.
Los diputados rasos tenía el año pasado un sueldo de 3.100 euros mensuales, a los que suman 870 o 1.800 si viven fuera de Madrid. En Francia, el salario base ronda los 7.000, a los que se añaden otros 6.000 para gastos. En Italia supera los 10.000, en Alemania roza los 8.000 y en Reino Unido los miembros de la Cámara de los Comunes perciben una nómina fija de unos 6.000 y cuentan con asignaciones que pueden ser 20 veces superiores para contratar asistentes de la circunscripción. A la hora de hacer comparaciones conviene tener en cuenta que en Alemania, por ejemplo, el salario medio es de 42.400 euros anuales y en España es de 23.200.
El Movimiento 15-M se ha rebelado contra los salarios y también contra el modelo de pensiones de los parlamentarios. Se han hecho eco de la idea machaconamente repetida de que con siete años en el escaño sus señorías pueden cobrar la pensión máxima. Pero los parlamentarios se han apresurado a matizar. Solo cuando un diputado, cumplidos los 65, no alcanza la pensión máxima, el Congreso la complementa siempre que haya ocupado el escaño durante ocho años. En tres décadas de democracia apenas 81 de los 3.700 legisladores han utilizado este recurso.
Joan Subirats tiene claro que los políticos deberían tener un regimen de pensiones idéntico al del resto de los trabajadores —“y derecho a paro” —, no deberían viajar en bussines ni estar exentos de la justicia ordinaria por su condición de aforados.
Solo 81 de 3.700 parlamentarios se acogieron a la pensión máxima
Más allá de estos privilegios, el problema no es el sueldo de Zapatero o que tenga coche oficial. Los expertos perciben que lo inquietante es que alcaldes de pequeños Ayuntamientos tengan una nómina superior a la del presidente del Gobierno y estén rodeados de una corte de asesores. “La actividad pública debe estar bien pagada. Los dirigentes tienen que tener un estatus social y una remuneración económica a la altura de lo que representan. Hace falta ética pública para que esto funcione de otra manera y cultivar una mentalidad diferente. Demostrar que los representantes del pueblo no tienen nada que ocultar y que no están en la vida publica para enriquecerse”, sostiene el politólogo Ángel Valencia al tiempo que reclama transparencia y rendición de cuentas.
“Sociedades civiles más fuertes controlan mejor a sus políticos”
En al menos algunas de estas reivindicaciones, los políticos parecen haber recogido el guante. Los diputados quieren arrojar luz sobre sus cuentas, su patrimonio y sus actividades extra. Llueven las iniciativas para regular las remuneraciones, el regimen de incompatibilidades y los derechos de los parlamentarios. El PSOE propone publicar con todo detalle sus bienes y los de sus familias, el PP solicita que el régimen de pensiones sea el mismo que el del resto de los ciudadanos, e IU se decanta por endurecer el regimen de incompatibilidades.
La negativa percepción de los ciudadanos sobre la clase política no es del todo compartida por los expertos. El catedrático Xavier Coller distingue entre dos tipos de políticos: los de designación y los de representación. Estos últimos (diputados, senadores, alcaldes, concejales) tienen menos prerrogativas que los primeros (ministros, consejeros, asesores, altos funcionarios). “Los privilegios van adheridos al cargo. Otra cosa es que tengan cierta información de la que carece el ciudadano común”, advierte. Si esta información es relativa a una recalificación de terrenos, el privilegio puede dejar de serlo para convertirse en un delito. Manejar información privilegiada le costó por ejemplo, el cargo, al exgobernador del Banco de España Mariano Rubio.
Los parlamentarios no pueden acceder al paro porque no cotizan, de manera que reciben una indemnización de un mes por año en el escaño, con un máximo de 24 meses. El resto de trabajadores reciben 20 días por año, según la última reforma laboral. Algunos grupos se han apresurado a proponer que esta indemnización la perciban solo los parlamentarios que se queden en el paro.
Otro de los aspectos a debate es el régimen de incompatibilidades. Algunos grupos son partidarios de endurecerlas y no faltan quienes reclaman plena dedicación a los parlamentarios.
“Aquí hay una zona de grises que puede ser percibida por la ciudadanía como la utilización de ciertos privilegios”, previene Collar, consciente de que los parlamentarios pueden utilizar información para beneficiar a las personas que acuden a los bufetes de abogados en los que colaboran. “A no ser que se endurezca el regimen de incompatibilidades, es algo muy difícil de regular”, añade.
En el fondo del debate sobre los salarios de las clases dirigentes late el meollo de la cuestión: ¿El trabajo que hacen justifica su sueldo? Los sistemas anglosajones, como apunta Subirats, generan mayor control sobre el absentismo. El parlamentario es el representante de un territorio concreto “y tiene que currárselo”. “Sociedades civiles más fuertes que la nuestra, como es el caso del Reino Unido, controlan de manera más eficiente a los políticos. La representación es más personalizada”. Allí, los diputados trabajan de lunes a jueves en el Parlamento y el viernes y el sábado se dedican a su circunscripción. “En Estados Unidos los lobbys están permanentemente elaborando estadísticas de lo que votan congresistas y senadores. Son un mecanismo de control de la ciudadanía”
Controles a los que no son ajenos los expresidentes del Gobierno. José María Aznar y Felipe González perciben sus correspondientes pensiones (80.000 euros) y han sido fichados, respectivamente, como asesores por Endesa (un puesto remunerado con unos 200.000 euros) y Gas Natural (alrededor de 126.000). En este punto, catedrático Ángel Valencia se muestra indulgente. “Son figuras muy importantes y es evidente que deben tener coche oficial, escolta y pensión. Han sido personajes públicos y seguirán siéndolo toda la vida. Hay que exigirles una conducta y ética pública pero es lógico que impartan conferencia y que las cobren más caras que las que imparte un profesor de universidad”.
En este camino hacia la regeneración de las instituciones democráticas, el mejor ejercicio de control y transparencia de los políticos es, según Subirats, las iniciativas legislativas populares. Un instrumento del que no se ha hecho uso durante la democracia.
Listas abiertas... o limpias
¿Cómo castigar a un político corrupto? Lo obvio es no votarle. Pero los partidos no dan opción a tachar su nombre. ¿Acabarían con el problema las listas abiertas? “Los partidos y las cúpulas dirigentes difícilmente aceptarían un sistema así. Los comités de listas tienen el poder de seleccionar a los candidatos y no parece probable que renuncien a ese poder”, dice el sociólogo Xavier Coller.
Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias por razones estructurales y estratégicas. Además, un cambio sustancial, como la puesta en marcha de listas abiertas, probablemente no sería la receta más adecuada ni introduciría factores de libertad para elegir a los candidatos más eficientes. “No es una solución mágica”, explica el catedrático Ángel Valencia, para quien las listas abiertas “no introducen una mejora sustantiva en la democracia que tenemos”. El sistema de listas abiertas se emplea ya en el Senado. Otra cosa son las listas desbloqueadas, que permiten cambiar el orden de los candidatos.
En las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, los imputados han plagado las candidaturas. Llamativo es el caso del PP valenciano, que incluyó en sus listas varios imputados e implicados en casos de corrupción. El electorado volvió la vista hacia otro lado. El PP revalidó su victoria. Desde una perspectiva legal, un imputado no es un condenado. Por eso el debate, como expone el catedrático Joan Subirats, es más político que jurídico. “Por limpieza democrática, sería deseable que los políticos trabajaran en esa línea. Aunque cada caso es diferente”. Que se lo pregunten al socialista Demetrio Madrid, que dimitió como presidente de Castilla y León en 1986 tras ser procesado por un supuesto fraude comercial y del que fue absuelto en 1990.
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