El juez Ruz autoriza una marcha a favor de los presos etarras en Bilbao
El magistrado ordena a las Fuerzas de Seguridad que vigile el desarrollo de la convocatoria
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha autorizado la celebración de una manifestación a favor de los presos de ETA prevista para el próximo domingo 12 de junio en Bilbao bajo el lema Con todos los derechos, los presos vascos a Euskal Herria, aunque ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que vigilen su desarrollo.
La asociación Dignidad y Justicia solicitó al magistrado la prohibición de la marcha al considerar que podría ser constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo. No obstante, Ruz considera que no queda demostrado que la pretensión del acto "esté dirigida a llevar a cabo un homenaje, la exaltación de los presos".
DyJ explicaba en su escrito que la convocatoria de la concentración corría a cargo del colectivo 'Egin dezagun bidea (Hagamos el camino)' que se dió a conocer el pasado mes de noviembre "en una comparecencia pública celebrada en Durango (Vizcaya) en la que participaron un centenar de personas vinculadas a la izquierda abertzale", además de varias personalidades relacionadas con la política, el deporte y la cultura vasca.
En opinión de la asociación, a pesar de que tras la convocatoria de la manifestación no se encuentran "oficialmente" organizaciones que hayan sido declaradas ilegales como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna, éstas se sirven "de otras organizaciones legales o grupos de personas a modo de pantalla para convocar este tipo de manifestaciones de apoyo a los presos".
La asociación defendía, además, que estos actos son "aprovechados" por las organizaciones del entramado de apoyo a ETA "para exhibir fotos de los presos de la organización y exaltar las actividades delictivas realizadas por éstos".
El juez destaca en un auto hecho público ese viernes que, a pesar de que en anteriores convocatorias de este tipo se han producido incidentes, nada permite suponer que en la manifestación vayan a producirse conductas que puedan revestir trascendencia penal. "El acto se enmarca en movimientos y organizaciones de carácter legal que ejercitan la crítica o el cuestionamiento hacia determinada política penitenciaria llevada a cabo por el Ejecutivo Central", dice Ruz.
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