El Constitucional levanta la suspensión de los referendos en Cataluña
El tribunal considera que la celebración de una consulta está en todo caso supeditada a la autorización del Estado
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El pleno del Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de las consultas populares en Cataluña cuatro meses después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra la ley catalana que regula los referendos.
La impugnación presentada por el abogado del Estado, que actúa en nombre del Ejecutivo, hacia referencia a los perjuicios que en un contexto de inestabilidad financiera y de crisis económica podrían llevar a la promoción de consultas relativas a lo que denomina un "pacto fiscal" entre el Estado y Cataluña o al "derecho a decidir", mencionando las posibles consecuencias de movilización política y radicalización de las posiciones.
El auto del alto tribunal, sin embargo, descarta "los perjuicios vinculados a la promoción de eventuales consultas" al no relacionar la convocatoria de estos referendos con los preceptos suspendidos de la ley, impulsada por el tripartito en la pasada legislatura. Entre ellos, figuraba el artículo 15, que permite convocar una consulta a propuesta del Gobierno catalán, de dos grupos o una quinta parte de los diputados del Parlamento autonómico, o del 10% de los municipios (que en cualquier caso deben representar al menos a 500.000 habitantes).
El Constitucional aprecia también que "el posible objeto de las consultas ha de circunscribirse al ámbito de las competencias de la Generalitat, mientras que la celebración de una eventual consulta está, en todo caso, supeditada a la obtención de la previa autorización del Estado". Es decir, la petición de permiso al Ejecutivo sería de todas formas necesaria, y el Estado decidiría, según recuerda el tribunal, "con entera libertad, acerca de la conveniencia de otorgar o no la autorización".
CiU, ICV-EUiA y ERC coincidieron el pasado febrero en considerar la paralización de la ley como un debilitamiento de la democracia, mientras que el PSC evitó hacer una valoración.
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