EDITORIALES
El problema real es la estructura administrativa, viciada de inflación de órganos, duplicación de competencias y exceso de empresas públicas
ABC
Día 27/10/2010
EL Instituto de Empresa Familiar ha azuzado el debate sobre los «privilegios» de los funcionarios con su propuesta de que éstos puedan ser despedidos. La idea no es nueva y su planteamiento desenfoca el problema real, que es el de la estructura administrativa de España, viciada de inflación de órganos, exceso de empresas públicas, abuso de asesores y cargos a dedo y duplicación de competencias. Ayer mismo, Mariano Rajoy, que denunció «la madeja administrativa que ahoga a la sociedad civil», y Emilio Botín, que criticó unas duplicidades que generan «ineficiencias, barreras y distorsiones», abogaron por la reducción del aparato administrativo que ABC cuestiona como parte de su reflexión sobre la necesaria regeneración de la vida pública española.
La solución a las faraónicas dimensiones de la Administración no pasa por someterla a los parámetros de la empresa privada, por la radical diferencia de objetivos y estructuras y porque habría que concretar qué ejemplos de gestión se pueden tomar como referencia, porque esa apelación se descalifica con episodios de desastrosas direcciones empresariales. Aun admitiendo la necesidad de controlar y sancionar a los funcionarios que dan por sentado que su obligación acabó cuando aprobaron la oposición, la propuesta del despido pone al funcionario en una situación de precariedad frente a los cargos políticos. El despido del funcionario vinculado a la valoración discrecional de su trabajo abre la vía al control partidista de la Administración, en niveles aún mayores que los actuales. En todo caso, no es necesario porque existen procedimientos de inspección y sanción para los funcionarios que abusan de sus condiciones laborales. Que se apliquen.
El problema de la Administración no se resuelve «privatizando» el estatuto jurídico de los funcionarios, sino atacando su hipertrofia organizativa, verdadero lastre para el desarrollo económico y una fuente patógena de corrupción y derroche. Es mucho más acertado el entramado de empresas públicas, auténticas administraciones paralelas, que son pasto de favores políticos; o el gasto en esos asesores que pululan por las dependencias oficiales; o la multiplicación por diecisiete —uno por autonomía— de muchos órganos del Estado, por ese efecto replicante que lanza a las autonomías a una continua expansión. La responsabilidad de todo esto es política y no de los funcionarios.
