Sanidad remite a centros 'provida' para asesorar sobre el aborto

EL PAIS

Sanidad remite a centros 'provida' para asesorar sobre el aborto

El 70% de los puntos de información incluidos en un nuevo folleto oficial es de organizaciones antiabortistas

ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 19/08/2010


La Fundación Vida asegura en su página web, apartado "testimonios", que las clínicas que practican interrupción del embarazo manejan "dinero manchado en sangre". El grupo Provida (al que pertenece la Comisión Madrileña para la Defensa de la Vida) califica en su web el aborto de "asesinato", llama "carniceros clandestinos" a los que lo practican e ilustra sus postulados con imágenes repugnantes de fetos desmembrados. La Asociación de Víctimas del Aborto incluye en su web una sección de testimonios con cruentas descripciones llenas de sangre y remordimiento, y detalla el "síndrome posaborto": conducta autodestructiva, ira, rabia e "ideas de suicidio". Estas tres entidades figuran entre las 34 que la Consejería de Sanidad madrileña recomienda a las mujeres que están pensando en abortar.
• Una carrera de obstáculos en varias comunidades

Sanidad está empezando a distribuir en las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) una lista con 34 entidades "especializadas en la atención profesional y urgente a la embarazada y madre". De ellas, al menos 24, es decir, 7 de cada 10, son de las autodenominadas provida, antiaborto y/o religiosas. La lista está incluida en la documentación que la Comunidad de Madrid introduce en el sobre cerrado que se entrega a la mujer que está pensando en abortar. Cuando recibe ese sobre empiezan a contar los tres días que, a modo de periodo de reflexión, deben mediar entre esa intención y la realización de la IVE.
La lista es nueva. No aparecía en la primera versión de la documentación que Madrid incluía en el sobre. El añadido es un anexo de 10 páginas, con los nombres de las entidades, una breve descripción de sus servicios, dirección y teléfono. Además de las 24 de carácter antiabortista, hay otras dos institucionales (el servicio Madrid Salud y el de atención a embarazadas del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada), una dedicada exclusivamente a la mujer prostituida (Apramp), otra al pueblo africano (Karibú) y seis de carácter social con algún programa específico para mujeres.Al predominio de entidades antiabortistas se suma el hecho de que no aparezca ninguna dedicada a la planificación familiar, a excepción de los COF (centros de orientación familiar), impulsados por la Iglesia y en los que se enseñan, entre otras cosas, "métodos naturales de regulación de la fertilidad", según anuncian sus páginas web. El artículo 17 de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva establece que la información que se entrega a las mujeres debe ser "clara, objetiva y comprensible". El sobre debe incluir información sobre ayudas públicas, beneficios fiscales, derechos laborales y cobertura sanitaria, pero también "centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro".
La información que ha incorporado Madrid "además de ser parcial supone una clarísima burla" a la ley, asegura la secretaria de Políticas de Igualdad del PSM, Carmen Toledano. "Casi todas las entidades están claramente posicionadas en contra de la interrupción del embarazo. Además, están todas menos las que se dedican específicamente a la planificación familiar". Algo que, en su opinión, "contradice la ley, que lo que pretende es reducir los embarazos no deseados". La Ley de Salud Sexual y Reproductiva dice que el sobre cerrado debe incluir "datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo". Y esa información, como recuerda Toledano, debe ser "objetiva", algo que en su opinión Madrid incumple.
La Consejería de Sanidad atribuye el añadido posterior de la lista de entidades a la precipitación con la que se tramitó la ley. No hubo tiempo suficiente, explican, para elaborar una información amplia. Por eso en un primer momento el documento únicamente incluía información sobre deducciones autonómicas de la Comunidad de Madrid por nacimiento de hijos, derechos de asistencia sanitaria o direcciones y teléfonos de centros públicos como el Instituto madrileño del Menor y la Familia. Para explicar la elección de las entidades del nuevo anexo, un portavoz remitió ayer a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, encargada de elaborar la lista. "El criterio fue incluir a las asociaciones que resultaron subvencionadas en la última convocatoria de ayudas", explicó una portavoz. "Es un concurso público y con un criterio totalmente objetivo", añadió.
Madrid tiene una de las tasas de aborto más altas de España, 15,79 por cada 1.000 mujeres en edad fértil (entre 15 y 44 años), según los últimos datos disponibles, de 2008, del Ministerio de Sanidad. Solo la superan Cataluña y Murcia. Y sin embargo, los recursos que destina a educación sexual y anticoncepción son irrisorios, según denuncian desde hace años entidades dedicadas a la planificación familiar. El año pasado, sin ir más lejos, Sanidad dejó caducar una subvención de 148.000 euros a repartir entre las entidades que presentaran proyectos destinados a promocionar hábitos saludables en inmigrantes y población gitana y a la atención en sexualidad a adolescentes y jóvenes de colectivos vulnerables. Los seis meses de plazo para resolver la convocatoria pasaron, con lo que se consideró desestimada por silencio administrativo.
A esa se sumaron otras decisiones polémicas, como la clausura de la línea 900 de información sexual gratuita para jóvenes o el cierre del Centro Joven de Salud de Rivas. En cambio, el año pasado sí se resolvió la convocatoria para asociaciones dedicadas a mujeres embarazadas y madres sin recursos, la que, según la portavoz de Familia, ha servido para elaborar la lista de asociaciones a las que puede acudir una mujer que esté reflexionando sobre si se somete a un aborto. Las 26 entidades, el grueso de ellas gestionadas por religiosos o de carácter antiabortista, se repartieron 700.000 euros.