Defensa recurre a un decreto de Franco para devolver peticiones

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Defensa recurre a un decreto de Franco para devolver peticiones

El Ministerio evita tramitar quejas de los militares dirigidas a Zapatero

ÁNGEL COLLADO / MADRID

Día 20/08/2010

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El Ministerio de Defensa persigue el fantasma de Francisco Franco en placas y monumentos, pero recurre a decretos preconstitucionales, firmados por el anterior jefe del Estado y propuestos por el entonces ministro subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, para no tramitar peticiones de militares dirigidas al actual jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Decreto de 1962 en que se ampara Defensa para no tramitar las quejas
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) denuncia que varios de sus afiliados que, en ejercicio del derecho de petición, habían dirigido escritos de protesta al jefe del Ejecutivo por la reducción de retribuciones aplicada en los últimos recortes presupuestarios y los efectos de la ley de la Carrera Militar, se han encontrado con que Defensa se los devuelve en forma de resolución con el argumento de que el decreto «93/62, de 18 de enero» delimita el ejercicio de dicho derecho de petición a los militares, por lo que la autoridad «inadmite» los escritos.
El departamento que dirige Carme Chacón alude a esa norma, publicada en el BOE del 2 de febrero de 1962, para recordar que mientras no se establezca una regulación específica para el ejercicio del derecho de petición en el ámbito castrense lo «procedente» es rechazar los escritos.
Menos ascensos
Numerosos militares, miles según la AUME, y a título particular, enviaron cartas de protesta dirigidas al presidente del Gobierno antes del verano para quejarse por las reducciones salariales aplicadas —igual que a los funcionarios— y que se vienen a sumar en su caso con el recorte de expectativas de ascenso que vienen dadas por la aplicación de la ley de la carrera militar.
Al pretender ejercer el derecho de petición, los miembros de las Fuerzas Armadas habían tramitado su queja a través de su conducto reglamentario, el Ministerio de Defensa, por considerar que sufren una «doble discriminación». Como no pueden manifestar de ninguna manera su «radical oposición» a ambas medidas, según recordaban en sus cartas, se desahogaban más que nada al dirigirse por escrito a Zapatero.
No obstante, también planteaban como medidas «compensatorias» ante la rebaja de salarios y expectativas de ascenso en la carrera militar la reducción de horas de trabajo «extra» que, a diferencia de los funcionarios, hacen sin compensación económica alguna cuando cumplen servicios del tipo de las guardias.
Recurso al Supremo
Defensa, a través de su subdirección general técnica, responde estos días a los militares que, según el Tribunal Supremo, «no pueden tramitarse por el procedimiento del Derecho de Petición aquellas solicitudes fundadas en un derecho subjetivo o en una norma habilitante» y que el citado decreto preconstitucional de 1962 permite al Ministerio no dar trámite a los escritos.
Los militares han sufrido las mismas medidas extraordinarias de recorte salarios públicos que el conjunto de los funcionarios de la Administración Central aprobadas por el Gobierno en mayo, entre el 5 y el siete por ciento de media, según sus distintos empleos y escalas. Pero en su caso se suman los recortes en ascensos aplicados en los últimos años. Es el único ámbito del Estado en que cada año disminuye el número de puestos de responsabilidad.
La AUME, según su secretario general Mariano Casado, estudia ahora la viabilidad de interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa «para salvaguardar el derecho fundamental de petición de los ciudadanos de uniforme». En contra del recurso al «decreto franquista» esgrimido por Defensa, la AUME asegura que los escritos de petición están avalados por la ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas vigente desde 1999.