28 de agosto de 2010
El obispo de Tarrasa consulta a sus superiores sobre el hospital que practica abortos
ABC
El obispo de Tarrasa consulta a sus superiores sobre el hospital que practica abortos
El Arzobispado de Barcelona, vinculado a otro centro que los realiza, mantiene el mutismo
ESTHER ARMORA / BARCELONA
Día 28/08/2010 - 03.11h
138 comentarios
Primer pronunciamiento de la Iglesia respecto a la información publicada por ABC sobre la práctica de abortos en hospitales en los que tiene participación. En un comunicado emitido ayer, el Obispado de Tarrasa, al que rinde cuentas la parroquia Sant Esteve de Granollers, que participa en el patronato de uno de estos centros —el Hospital General de Granollers (Barcelona)—, expresa su más absoluta condena a que se practiquen estas intervenciones y avanza que el pasado marzo, tras comprobar que en el citado centro se realizaban Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE ), elevó una consulta a «sus superiores», de la que todavía no ha obtenido respuesta.
Fuentes del Obispado de Tarrasa consultadas por ABC no aclararon si la queja la han remitido únicamente al Arzobispado de Barcelona, directamente implicado en el caso por su participación en el patronato del hospital de Sant Pau, donde también se realizan abortos; a la Conferencia Episcopal o a la Santa Sede, aunque, según ha posido saber este diario, podrían tener constancia de su malestar «tanto el Arzobispado como la Conferencia Episcopal».
Mientras, el Arzobispado barcelonés se mantiene en el más absoluto mutismo. La Conferencia Episcopal Española, por su parte, remite a los obispos catalanes.
Repulsa por la situación
Según aclara la nota del Obispado de Tarrasa, el prelado diocesano, monseñor Josep Àngel Saiz Meneses, «ha manifestado reiteradamente y de manera pública su repulsa y clara condena a la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto». El Obispado admite también su participación en el Hospital General de Granollers y asegura que sus representantes en el centro ya se han opuesto internamente a esta situación.
«Los dos miembros de la Iglesia que forman parte del Hospital General de Granollers, mencionado en la información del diario, son también contrarios a esta práctica y así lo han manifestado», indica la nota del Obispado catalán. La institución eclesial reconoce que antes de la publicación de la noticia en ABC —la pasada primavera—, «llegaron al Obispado comentarios al respecto de tales hechos y se procedió de inmediato a confirmar si era cierto», por lo que, según explica, una vez constatado que se realizaban tales prácticas, «el prelado diocesano emprendió las consultas pertinentes con sus superiores en orden a tomar la decisión de futuro más conveniente en coherencia con la doctrina católica sobre el tema en esta cuestión». Hasta la fecha, el Obispado egarense no ha recibido respuesta de las citadas instancias superiores. También se ha pronunciado al respecto la gerencia del Hospital General de Granollers. En una nota emitida el jueves, el centro aclara que hasta la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto (julio 2010), «el hospital sólo ha realizado intervenciones quirúrgicas en aquellos supuestos en los que clínicamente —y sólo hasta las 20 semanas de gestación— se identificaba una malformación grave contrastada del feto». Aclaraba también que «en ningún caso se han practicado IVE por alteración psicológica de la madre inducida por el embarazo».
«Sólo cumplimos la ley»
En igual sentido respondió la dirección del Hospital de Sant Pau, el otro centro con participación eclesiástica señalado en la denuncia de este diario. Portavoces del Sant Pau, cuyo máximo órgano de gobierno está integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, con dos representantes cada uno, aclararon que «en este centro sólo se practican IVE en los supuestos que establece la ley». «No hacemos nada ilegal, sólo cumplimos la ley», aseguraron portavoces del hospital barcelonés.
Sólo en un año, el servicio de ginecología de este centro realizó una veintena de estas intervenciones sin que el Arzobispado, que sigue sin reaccionar, realizara ninguna manifestación pública de rechazo. Las principales asociaciones en defensa de la vida se han sumado al toque de atención de los obispos y en declaraciones a ABC han mostrado su «indignación» y repulsa por esta situación.
«Debe ser más beligerante»
El presidente de la Federación Internacional de Médicos Cristianos, el doctor Josep Maria Simón, lamentó que hasta la fecha no se haya producido una oposición enérgica a esta situación, que atenta directamente contra la esencia de la doctrina católica y reclamó a los participantes de la Iglesia una «actitud más beligerante»
«No pongo en duda que dentro del Hospital de Sant Pau, los representantes eclesiales (dos canónigos de la Catedral de Barcelona) hayan expresado su rechazo a que se realicen estas prácticas, aunque lo que está claro es que no han trasladado esta queja públicamente y eso puede llevar a la gente a pensar que están de acuerdo con que se realicen estas intervenciones», denunció Simón. «Interrumpir una vida está mal y eso deberían dejarlo claro públicamente los representantes eclesiásticos que participan en el centro», añadió.
A su entender, tienen dos opciones: «Abandonar el hospital porque las practicas que realizan van en contra de lo que dicta la doctrina católica o mostrarse mucho más combativos que hasta ahora para hacer valer su peso en la institución».
El Foro de la Familia se ha mostrado también contundente con esta situación tan paradójica. Benigno Blanco, presidente de esta organización cívica, la mayor de las que actúan en España, declaró que es «escandaloso que en un hospital en el que la Iglesia esté implicada directa o indirectamente se practique un solo aborto».
«Resulta incongruente, con la posición absolutamente modélica que mantiene la Iglesia en su defensa de la vida», añadió Blanco e instó a la institución eclesiástica a que «rectifique y solucione urgentemente esta situación».
«Tal vez no lo sabían»
El presidente de E-cristians, Josep Miró i Ardèvol, también reaccionó con estupor ante la información. Miró expresó, no obstante, su convencimiento de que «los representantes de la Iglesia no son conscientes de que se estaban realizando este tipo de intervenciones en los citados hospitales», sospecha que ayer desmintió el Obispado de Tarrasa.
Por su parte, Magí Freixa, secretario de la Fundación Pro Vida de Barcelona, denunció la situación e hizo especial hincapié en el caso del Hospital de Sant Pau, aunque recordó que la capacidad de decisión de la Iglesia en el centro —dos respresentantes de los seis que integran el patronato— es reducida. «Si deciden no abandonar el centro quizás pueden minimizar el impacto de las medidas que se aprueban que son contrarias a la doctrina eclesiástica».
«El Gobierno anima la promiscuidad»
El presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, acusó ayer al Gobierno de «animar a la promiscuidad» en los colegios con la guía «Ganar salud en la escuela» que han presentado esta semana los ministerios de Educación y Sanidad y que incorpora un capítulo de educación sexual.
Así, en declaraciones a Ep, denunció que el Ejecutivo «engaña a los jóvenes con propaganda sobre el preservativo». «Se les anuncia un sexo seguro que no existe, anima a la promiscuidad sexual y aumentan el número de embarazos y abortos. Es un error desde el punto de vista sanitario», sentenció. También acusó a los gabinetes de Ángel Gabilondo y Trinidad Jiménez de «violar el derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y criticó que no se den cuenta de que en la sociedad «hay distintas concepciones morales e ideológicas sobre la sexualidad y que no tienen derecho a imponer ni a sugerir ninguna de ellas en la escuela». En su opinión, la educación sexual compete al derecho de los padres a la educación y, por ello, las administraciones públicas no pueden optar por una opción en concreto, tampoco la visión cristiana de este asunto. Con todo, añadió que la postura del Gobierno es «totalitaria, violadora del pluralismo ideológico y religioso y violadora del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones».
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Pedro Rascón, aprobó que la educación sexual se incluya entre la formación ha impartir en las escuelas, pues la considera «adecuada». No obstante, aclaró que esto «no quiere decir que los padres pierdan su papel. Por el contrario, a muchos padres les ayuda afrontar cuestiones complejas». Tras defender que la formación sexual en la escuela «no es ninguna intromisión», manifestó la importancia de la colaboración entre los padres y el centro.
El obispo de Tarrasa consulta a sus superiores sobre el hospital que practica abortos
El Arzobispado de Barcelona, vinculado a otro centro que los realiza, mantiene el mutismo
ESTHER ARMORA / BARCELONA
Día 28/08/2010 - 03.11h
138 comentarios
Primer pronunciamiento de la Iglesia respecto a la información publicada por ABC sobre la práctica de abortos en hospitales en los que tiene participación. En un comunicado emitido ayer, el Obispado de Tarrasa, al que rinde cuentas la parroquia Sant Esteve de Granollers, que participa en el patronato de uno de estos centros —el Hospital General de Granollers (Barcelona)—, expresa su más absoluta condena a que se practiquen estas intervenciones y avanza que el pasado marzo, tras comprobar que en el citado centro se realizaban Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE ), elevó una consulta a «sus superiores», de la que todavía no ha obtenido respuesta.
Fuentes del Obispado de Tarrasa consultadas por ABC no aclararon si la queja la han remitido únicamente al Arzobispado de Barcelona, directamente implicado en el caso por su participación en el patronato del hospital de Sant Pau, donde también se realizan abortos; a la Conferencia Episcopal o a la Santa Sede, aunque, según ha posido saber este diario, podrían tener constancia de su malestar «tanto el Arzobispado como la Conferencia Episcopal».
Mientras, el Arzobispado barcelonés se mantiene en el más absoluto mutismo. La Conferencia Episcopal Española, por su parte, remite a los obispos catalanes.
Repulsa por la situación
Según aclara la nota del Obispado de Tarrasa, el prelado diocesano, monseñor Josep Àngel Saiz Meneses, «ha manifestado reiteradamente y de manera pública su repulsa y clara condena a la legislación que permite la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto». El Obispado admite también su participación en el Hospital General de Granollers y asegura que sus representantes en el centro ya se han opuesto internamente a esta situación.
«Los dos miembros de la Iglesia que forman parte del Hospital General de Granollers, mencionado en la información del diario, son también contrarios a esta práctica y así lo han manifestado», indica la nota del Obispado catalán. La institución eclesial reconoce que antes de la publicación de la noticia en ABC —la pasada primavera—, «llegaron al Obispado comentarios al respecto de tales hechos y se procedió de inmediato a confirmar si era cierto», por lo que, según explica, una vez constatado que se realizaban tales prácticas, «el prelado diocesano emprendió las consultas pertinentes con sus superiores en orden a tomar la decisión de futuro más conveniente en coherencia con la doctrina católica sobre el tema en esta cuestión». Hasta la fecha, el Obispado egarense no ha recibido respuesta de las citadas instancias superiores. También se ha pronunciado al respecto la gerencia del Hospital General de Granollers. En una nota emitida el jueves, el centro aclara que hasta la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto (julio 2010), «el hospital sólo ha realizado intervenciones quirúrgicas en aquellos supuestos en los que clínicamente —y sólo hasta las 20 semanas de gestación— se identificaba una malformación grave contrastada del feto». Aclaraba también que «en ningún caso se han practicado IVE por alteración psicológica de la madre inducida por el embarazo».
«Sólo cumplimos la ley»
En igual sentido respondió la dirección del Hospital de Sant Pau, el otro centro con participación eclesiástica señalado en la denuncia de este diario. Portavoces del Sant Pau, cuyo máximo órgano de gobierno está integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Barcelona, con dos representantes cada uno, aclararon que «en este centro sólo se practican IVE en los supuestos que establece la ley». «No hacemos nada ilegal, sólo cumplimos la ley», aseguraron portavoces del hospital barcelonés.
Sólo en un año, el servicio de ginecología de este centro realizó una veintena de estas intervenciones sin que el Arzobispado, que sigue sin reaccionar, realizara ninguna manifestación pública de rechazo. Las principales asociaciones en defensa de la vida se han sumado al toque de atención de los obispos y en declaraciones a ABC han mostrado su «indignación» y repulsa por esta situación.
«Debe ser más beligerante»
El presidente de la Federación Internacional de Médicos Cristianos, el doctor Josep Maria Simón, lamentó que hasta la fecha no se haya producido una oposición enérgica a esta situación, que atenta directamente contra la esencia de la doctrina católica y reclamó a los participantes de la Iglesia una «actitud más beligerante»
«No pongo en duda que dentro del Hospital de Sant Pau, los representantes eclesiales (dos canónigos de la Catedral de Barcelona) hayan expresado su rechazo a que se realicen estas prácticas, aunque lo que está claro es que no han trasladado esta queja públicamente y eso puede llevar a la gente a pensar que están de acuerdo con que se realicen estas intervenciones», denunció Simón. «Interrumpir una vida está mal y eso deberían dejarlo claro públicamente los representantes eclesiásticos que participan en el centro», añadió.
A su entender, tienen dos opciones: «Abandonar el hospital porque las practicas que realizan van en contra de lo que dicta la doctrina católica o mostrarse mucho más combativos que hasta ahora para hacer valer su peso en la institución».
El Foro de la Familia se ha mostrado también contundente con esta situación tan paradójica. Benigno Blanco, presidente de esta organización cívica, la mayor de las que actúan en España, declaró que es «escandaloso que en un hospital en el que la Iglesia esté implicada directa o indirectamente se practique un solo aborto».
«Resulta incongruente, con la posición absolutamente modélica que mantiene la Iglesia en su defensa de la vida», añadió Blanco e instó a la institución eclesiástica a que «rectifique y solucione urgentemente esta situación».
«Tal vez no lo sabían»
El presidente de E-cristians, Josep Miró i Ardèvol, también reaccionó con estupor ante la información. Miró expresó, no obstante, su convencimiento de que «los representantes de la Iglesia no son conscientes de que se estaban realizando este tipo de intervenciones en los citados hospitales», sospecha que ayer desmintió el Obispado de Tarrasa.
Por su parte, Magí Freixa, secretario de la Fundación Pro Vida de Barcelona, denunció la situación e hizo especial hincapié en el caso del Hospital de Sant Pau, aunque recordó que la capacidad de decisión de la Iglesia en el centro —dos respresentantes de los seis que integran el patronato— es reducida. «Si deciden no abandonar el centro quizás pueden minimizar el impacto de las medidas que se aprueban que son contrarias a la doctrina eclesiástica».
«El Gobierno anima la promiscuidad»
El presidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, acusó ayer al Gobierno de «animar a la promiscuidad» en los colegios con la guía «Ganar salud en la escuela» que han presentado esta semana los ministerios de Educación y Sanidad y que incorpora un capítulo de educación sexual.
Así, en declaraciones a Ep, denunció que el Ejecutivo «engaña a los jóvenes con propaganda sobre el preservativo». «Se les anuncia un sexo seguro que no existe, anima a la promiscuidad sexual y aumentan el número de embarazos y abortos. Es un error desde el punto de vista sanitario», sentenció. También acusó a los gabinetes de Ángel Gabilondo y Trinidad Jiménez de «violar el derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones» y criticó que no se den cuenta de que en la sociedad «hay distintas concepciones morales e ideológicas sobre la sexualidad y que no tienen derecho a imponer ni a sugerir ninguna de ellas en la escuela». En su opinión, la educación sexual compete al derecho de los padres a la educación y, por ello, las administraciones públicas no pueden optar por una opción en concreto, tampoco la visión cristiana de este asunto. Con todo, añadió que la postura del Gobierno es «totalitaria, violadora del pluralismo ideológico y religioso y violadora del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones».
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Pedro Rascón, aprobó que la educación sexual se incluya entre la formación ha impartir en las escuelas, pues la considera «adecuada». No obstante, aclaró que esto «no quiere decir que los padres pierdan su papel. Por el contrario, a muchos padres les ayuda afrontar cuestiones complejas». Tras defender que la formación sexual en la escuela «no es ninguna intromisión», manifestó la importancia de la colaboración entre los padres y el centro.