Las
campañas de desinformación, nueva amenaza para la seguridad nacional
El Gobierno incluye la difusión de noticias falsas
en la Estrategia que analiza los riesgos para España
Reunión del
Consejo de Seguridad Nacional, bajo la presidencia del Rey, en en julio de
2015. JUANJO MARTIN EFE
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional,
el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y
medidas para hacerles frente, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, incluye
por vez primera las “campañas de desinformación” como una de las formas
de la llamada guerra híbrida. El documento evita citar a Rusia, aunque
los expertos atribuyen al Kremlin las interferencias en las elecciones de
Estados Unidos, el Brexit o la crisis catalana.
El Gobierno ha sido extremadamente cauto al
evitar atribuir a Moscú la autoría de las noticias falsas que inundaron las redes sociales en los últimos días de septiembre y
principios de octubre. Se ha limitado a constatar que un 50% de los perfiles
que difundieron estas fake newsprocedían de servidores alojados en
territorio ruso y un 30% se replicaron desde Venezuela.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que sustituye a la vigente desde 2013, no
entra en detalles, pero aporta un nuevo enfoque al recordar que las “campañas
de desinformación” no son un hecho aislado sino que forman parte de una
estrategia planificada: la llamada guerra
híbrida, que
combina desde las fuerzas convencionales hasta la presión económica o los
ciberataques. Sin profundizar en este espinoso asunto, el texto alude al
triunfo de la posverdad, que intenta movilizar las emociones
desdeñando el rigor de los hechos.
Aunque la Estrategia evite citar a Moscú,
fue Rusia la que con más éxito aplicó la guerra
híbrida con
la anexión de Crimea por los hombrecillos
de verde en
2014 y también la que ha recurrido a la difusión masiva de noticias falsas para
interferir en las elecciones estadounidenses, el referéndum del Brexit o la
crisis catalana; mientras que la posverdad tiene en el presidente Trump a su
mejor apóstol.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional
no menciona el proyecto secesionista del Gobierno cesado de la Generalitat de
Cataluña, a pesar de que este ha constituido el mayor órdago contra la unidad
de España en el último medio siglo.
Al menos, el documento no cita expresamente
a Cataluña. Sí contiene, sin embargo, una alusión implícita a este problema
cuando menciona los “desafíos a la legalidad” como uno de los riesgos para la
seguridad nacional y cuando ofrece como tratamiento la “respuesta del Estado de
derecho”. Es decir, sin decirlo, los tribunales y el artículo 155 de la
Constitución.
Precisamente, la victoria de Trump, el
conflicto de Ucrania (con el resurgir de la tensión entre Rusia y la OTAN), el
Brexit, el auge y caída del califato del ISIS, la crisis migratoria, el órdago
nuclear de Corea del Norte y la extensión de los ciberataques son los
principales cambios en el panorama mundial de los últimos cuatro años a los que
la Estrategia intenta dar respuesta.
Entre sus objetivos figura la mejora del
sistema de gestión de crisis. El Gobierno cuenta con una arquitectura de
órganos de apoyo al Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Rajoy. Pero el
texto reconoce la necesidad de completarla y mejorar la coordinación. No en
vano, el Consejo de Seguridad Nacional no se reunía antes de este viernes desde
enero pasado, lo que supone que ha estado ausente de las grandes crisis que han
sacudido España este año: los atentados yihadistas de agosto en Barcelona, los
primeros en suelo español desde 2004, que dejaron 16 muertos; y la Declaración
Unilateral de Independencia (DUI) del Parlamento catalán el pasado 27 de
octubre.
El segundo gran objetivo que fija la
Estrategia es mejorar la cultura de seguridad nacional —es decir, la conciencia
en la sociedad española de los riesgos a los que se enfrenta y la necesidad de
hacerles frente—, por lo que su aprobación se ha acompañado de un vídeo
publicitario (que se puede ver al inicio de este artículo).
Esta es la primera Estrategia que se
aprueba tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de 2015. Por
eso, ha cambiado el método de aprobación, por real decreto, y de elaboración.
Esta última ha corrido a cargo de una Comisión de Alto Nivel, creada en enero
pasado, en la que han participado todos los ministerios y el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) y que ha contado con aportaciones de más de 50 expertos,
bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por
Alfonso de Senillosa.
El Gobierno asegura que el documento ha
sido consensuado con el PSOE y Ciudadanos. Fuentes socialistas admiten que
hicieron sugerencias a un borrador, aunque ignoran cómo ha quedado el texto
definitivo.
La ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, anunció el jueves por la noche, en un foro organizado por La Razón,
que propondrá a la Comisión de Defensa del Congreso la creación de un grupo de
trabajo con diputados y editores de los principales medios de comunicación para
estudiar una amenaza que "afecta de lleno a los intereses
nacionales" de España y sobre la que llamó a estar "muy
vigilantes para que no se repita durante la campaña" de las elecciones
catalanas del 21D.
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