Cataluña, libre
Se elige un Govern para que gobierne cuatro años, no para volver al caos
Un
operario coloca papeletas electorales en el Ayuntamiento de Barcelona, uno de
los colegios electorales donde un total de 5.553.983 catalanes podrán votar
este jueves. ALBERTO ESTEVEZ EFE
Las elecciones que hoy se celebran en Cataluña deben constituir un hito
clave de su paulatina normalización. Se trata de una elección autonómica que
otorgará legitimidad a una nueva formación del Parlament para una legislatura
de cuatro años, así como al Govern que de él salga para que ejerza las
funciones canónicas de todo Gobierno de la Generalitat.
Es todo eso una apelación al mecanismo clave de la democracia, las urnas
dispuestas de forma legal según el Estado de derecho. Y a sus dueños en última
instancia, los ciudadanos, para que marquen el rumbo de su futuro inmediato, en
unos momentos particularmente complejos.
Pero para nada es más que eso, ni nada diferente de eso: no es un camino
de vuelta a la inseguridad jurídica; ni el retorno a la sistemática violación
del ordenamiento democrático; ni la confirmación de ninguna separación, ni de
régimen alternativo ninguno; ni la reposición de una autoridad anterior que
conservase su cargo por un milagroso derecho divino o autohereditario.
El atentado parlamentario propinado el 6 y 7 de septiembre contra el
Estatut y la Constitución por unas leyes golpistas carentes de base jurídica y
orquestadas por unas autoridades sin competencia ni legitimidad para ello fue
ya revertido por el Tribunal Constitucional, que las suspendió.
La consecuente intervención puntual del autogobierno fue el segundo paso
en el reencauzamiento de la normalidad subvertida. Una intervención que se ha
limitado prudentemente a fijar con todas las de la ley la convocatoria de hoy,
en la exacta medida en la que el último president rehuyó
su responsabilidad de convocar, tal como se había comprometido a hacer ante su
propio Govern, se desdijo y se fugó.
Otros casos de intervención de un autogobierno territorial se han
producido en la Europa democrática, particularmente en Reino Unido y en cierta
forma —por descarte y desuso— en Italia tras la proclamación de la República
Padana a mitad de los años noventa. De modo que es estrictamente falsa la
cantinela victimista de que esto sucede por vez primera y que se trata de un
mecanismo extraño y abusivo.
Como falsa es la queja de que un Ejecutivo haya sido encarcelado por
otro, algo que sería inédito. No ha sido así, fue la judicatura quien procesó a
ciertos dirigentes por conductas presuntamente delictivas y dictó prisión
provisional cautelar a cuatro de ellos (no a todos). Lo que sí ha sucedido por
vez primera en Europa es que un Gobierno regional —en el caso de Cataluña, con
las más altas cotas de autonomía— se alzase contra la propia legalidad
democrática que lo sustentaba. Sin ese antecedente ilegal no habría habido
ninguna consecuencia requerida por la necesidad de restaurar la legalidad
truncada.
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