Interior envía más escoltas a Cataluña para
proteger a jueces y a políticos
Los policías
desplazados escoltarán a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y se suman a los
que ya protegen al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando viaja a
Cataluña
EL
PAIS - Madrid / Barcelona 28
MAR 2018 - 16:38 BRT
Iceta
y García Albiol durante un Pleno en el Parlament. MASSIMILIANO
MINOCRI
El Ministerio del Interior ha enviado a Cataluña a una veintena de agentes
de la Unidad Central de Protección para reforzar la protección de jueces y
políticos tras el aumento de la tensión por la detención de Carles Puigdemont.
Los policías desplazados escoltarán a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y
se suman a los que ya protegen al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cuando
viaja a Cataluña. También se ha incrementado la seguridad del juez de Barcelona
Juan Antonio Ramírez Sunyer, instructor de otro de los sumarios contra el procés.
Los 20 policías desplazados se suman a los aproximadamente 200 —en su
mayoría, agentes de los Mossos d’Esquadra— que prestan este tipo de servicio de
seguridad de manera habitual en Cataluña. Estos últimos ya fueron reforzados
durante la campaña de las elecciones del 21 de diciembre con 50
escoltas procedentes de Madrid, a los que se encargó la seguridad de los
candidatos de los partidos constitucionalistas y de los líderes nacionales de
las formaciones cuando acudían para participar en mítines. Una parte de este
medio centenar de agentes aún permanece en esta comunidad, señalan fuentes
policiales.
Estas fuentes añaden que está previsto que en los próximos días se
incorporen al dispositivo más agentes de la Unidad de Protección, una vez
concluya la convención que el PP celebrará en Sevilla la próxima semana y que
obligará a un importante despliegue policial en la capital andaluza. Los
responsables policiales justifican la medida en los incidentes registrados en
Cataluña tras la detención de Puigdemont. Este miércoles, dirigentes del PSC
denunciaban la aparición de nuevas pintadas amenazantes en una sede.
El hostigamiento a políticos no es nuevo. El 3 de octubre, Interior ya
se vio obligado a reforzar la seguridad de algunos dirigentes políticos después
de que decenas de manifestantes cercaron la sede de Ciudadanos en Barcelona y
varios dirigentes de la formación tuvieron que salir escoltados. Acababa de
celebrarse el referéndum ilegal y la tensión se había disparado en las calles.
En diciembre, poco antes de las elecciones, se recrudecieron las amenazas. El
día que se conoció que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, enviaba a
50 policías para escoltar a candidatos aparecieron colgados en un puente de la
comarca barcelonesa de Osona varios muñecos que simulaban cuerpos amortajados
con los logotipos del PSC, el PP y Ciudadanos.
Los dos jueces catalanes que han desmantelado el procés también han sufrido las iras del
independentismo más intransigente. Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de
Instrucción 13 de Barcelona, ordenó los registros en dependencias de la
Generalitat a escasos días de la consulta ilegal. Su investigación recabó buena
parte de los indicios contra los líderes del independentismo que, después, han
permitido a Llarena dictar las órdenes de prisión.
Las historias de Ramírez Sunyer y de Llarena andan paralelas. Ambos han
sufrido situaciones de acoso en sus entornos más íntimos, que han obligado a
reforzar su seguridad. En octubre, justo después del referéndum, aparecieron
pintadas amenazantes en el municipio de Port de la Selva (Girona), muy cerca
del lugar donde Ramírez Sunyer tiene alquilado un apartamento.
Las amenazas contra el magistrado del Supremo son más recientes: aparecieron
en Das —un pequeño pueblo del Pirineo donde Llarena tiene su segunda
residencia— horas después de la detención de Puigdemont: “Llarena fascista. Ni
en Das ni en ningún sitio”, escribió el colectivo juvenil antisistema Arran,
vinculado a la CUP. Aquel día, el Consejo General del Poder Judicial celebró
una reunión extraordinaria en la que pidió a Interior reforzar la seguridad del
magistrado y de los jueces destinados en Cataluña.
Según fuentes policiales, en el caso de Llarena no hizo falta. Cuando se
produjeron estas y otras acciones de hostigamiento —escritos amenazantes en
Twitter, iniciativas para declararle persona non grata—, Interior
hacía tiempo que había incrementado la seguridad del juez y de su familia. La
esposa del magistrado, Gema Espinosa, es directora de la Escuela Judicial de
Barcelona y también ha recibido amenazas en Twitter. En el caso de Ramírez
Sunyer, en las últimas semanas se han producido situaciones “desagradables”,
según fuentes judiciales, que sí han obligado a implementar nuevas medidas. Un
vigilante permanece toda la jornada frente a la puerta de su juzgado. El juez
dispone, además, de escolta permanente de la Policía.
Tras la destitución de Josep Lluís Trapero, Ferran López se hizo con la
jefatura de los Mossos d’Esquadra. Pese a que era el número dos del cuerpo, cuando se celebró el
referéndum de independencia, López ha evitado hasta ahora la imputación que sí
sufren otros miembros de la cúpula, acusados de delitos graves por su inacción
a la hora de detener la consulta ilegal. Un juez de Cornellà (Barcelona) ve en
López indicios de un delito de sedición y se ha inhibido en favor de la
Audiencia Nacional para que decida si les cita como investigados.
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