La Justicia madrileña avala la suspensión cautelar de la privatización sanitaria
La sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda devolver los recursos a los juzgados de origen
Cien personas se concentran ante el TSJM y le piden que defiendan los "derechos básicos"
Los 43 magistrados que integran la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en apenas unas horas y por mayoría devolver los siete recursos que afectan a la privatización sanitaria madrileña a sus juzgados de procedencia, según han informado fuentes del TSJM. Las mismas fuentes señalan que se han anunciado votos particulares a esta decisión, que supone el respaldo de los magistrados a la suspensión cautelar del proceso. En las próximas horas se conocerán los contenidos de los autos que dicte la Sala.
El pleno de la sala comenzó a las 9.45 a resolver los siete recursos contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos presentados ante este tribunal y, en apenas tres horas, los magistrados han decidido devolverlos a sus secciones de origen, entre ellas, la tercera y octava de lo Contencioso-Administrativo. Al devolver el asunto a la sección tercera, que acordó suspender el procedimiento a solicitud de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), será dicha sección la que decida si levanta la suspensión, como le pide el Gobierno regional, o la mantiene, como defiende AFEM.
Entre los recursos, que se dirigen contra la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria que habilita el paso a manos privadas de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo, figuran los registrados por el PSM y los sindicatos CC OO, Amyts y AFEM. Los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo fueron adjudicados a tres empresas el pasado mes de agosto. Esta medida de la Comunidad de Madrid, elemento central del plan sanitario presentado por el Ejecutivo regional en noviembre de 2012, fue rechazada por sindicatos, partidos y agente sociales y muy contestada en manifestaciones y 22 jornadas de huelga, que causaron la suspensión de 8.000 cirugías y 76.000 consultas.
En declaraciones a la SER, José Manuel Freire, portavoz de sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, ha considerado que el proceso de privatización de la sanidad "está muerto".
La decisión supone un giro sorprendente, ya que los magistrados tenía dos días para decidir y, según habían avanzado fuentes judiciales, se enfrentaban a la cuestión muy divididos y no se esperaba que se diera a conocer su conclusión hasta la semana que viene. La decisión de elevar al pleno la competencia sobre todos los asuntos relacionados con la privatización fue, además de “inusual”, según fuentes jurídicas, muy polémica. Los socialistas recusaron al entonces presidente de la Sala de lo Contencioso por quedarse los recursos porque consideraron que Gerardo Martínez Tristán estaba demasiado relacionado con el PP como para ser imparcial. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, dimitió posteriormente como senador cuando PP y PSOE pactaron la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que Martínez Tristán consiguió un puesto.
Pero este magistrado, que fue nombrado vocal del CGPJ a propuesta del PP y está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal —también exalto cargo de la Comunidad de Madrid—, no ha presidido la reunión, puesto que a finales de diciembre fue nombrado miembro de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y ese cargo requiere exclusividad. Le ha sustituido Miguel Ángel Vegas, el magistrado con más antigüedad en la sala.
A las puertas del TSJM en la calle General Castaños se han concentrado, en coincidencia con el inicio del pleno y convocados por la plataforma Sanidad en Lucha bajo el lema No es de Justicia privatizar la sanidad, un centenar de personas en defensa de la sanidad pública que pedían a los magistrados que defendieran los "derechos básicos" de la ciudadanía.
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