El 78 % de los españoles (68 % entre los votantes del PP, 85 % entre los del PSOE) se muestra de acuerdo con la campaña de
escraches propuesta por la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, siempre y cuando esta se lleve a cabo de
forma pacífica. De hecho, una amplia mayoría (68 %) coincide con la opinión expresada al respecto por la
Asociación de Jueces para la Democracia: los escraches constituyen un derecho ciudadano amparado por la libertad de expresión. Tan solo un 18 % coincide, en cambio, con la opinión contraria (expresada, por ejemplo, por la asociación judicial
Francisco de Vitoria, de carácter moderado) de que ese tipo de acciones supongan un delito de coacciones hacia los representantes políticos. Y cabe resaltar que la idea de que se trata de un
derecho constitucionalmente amparado es claramente predominante tanto entre los votantes populares (52 %) y de UPyD (65 %) como, sobre todo, entre los socialistas (81 %) y los de IU (85 %).
En todo caso, este apoyo de principio a este movimiento de protesta (que es sin duda tan extremado como expresivo de la desesperación a que da lugar la falta de soluciones urgentes y efectivas a un problema lacerante) no impide a los españoles mostrarse al mismo tiempo, y ante todo, esencialmente pragmáticos. Así, el 59 % teme que el ruido mediático que pueden originar los escraches termine por desviar la atención del verdadero problema de fondo que es la puesta en pie de un sistema hipotecario más justo; un 90 % cree que lo urgente es una reforma hipotecaria que ofrezca más protección al deudor, aunque no recoja en su integridad todas las propuestas de la Iniciativa Legislativa Popular; un 93 % aspira a que el nuevo sistema hipotecario dote a los tribunales de competencias claras para determinar cuándo existen cláusulas abusivas; y un 94 % pide que en adelante sea obligación del Banco de España vigilar por que los contratos hipotecarios firmados por entidades financieras no contengan ese tipo de cláusulas.
Con todo, en el estado de ánimo general sobre esta cuestión predomina, con claridad, elescepticismo: solo un 28 % de los españoles cree que, al final, el nuevo sistema hipotecario será más justo y más equilibrado en cuanto a derechos y obligaciones de prestatarios y prestamistas; un ampliamente mayoritario 65 % da, en cambio, por sentado que el nuevo sistema que finalmente se apruebe seguirá favoreciendo más a los bancosque a los deudores.
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