LA CUARTA PÁGINA
¿Una segunda transición?
La crisis española, caracterizada por una elevada corrupción, economía sumergida, ineficiencia del sector público y desequilibrios territoriales, debe combatirse con cambios legislativos y constitucionales pactados
EVA VÁZQUEZ
Estos son algunos de los serios problemas institucionales, económicos y políticos que están aflorando en España. Primero, el sector público es hoy demasiado grande para poder ser financiado con los ingresos fiscales procedentes de sus ciudadanos y empresas. Hay que luchar contra la evasión fiscal, al estar el IRPF excesivamente concentrado en los asalariados, pensionistas y autónomos y al ser la evasión del IVA todavía muy elevada.
En 2008, antes de la recesión, 18,65 millones de personas declararon por IRPF, pero solo 8.590 (el 0,046%) declararon ingresos superiores a 600.000 euros; 87.300 (el 0,47%) entre 150.000 y 600.000 euros y 677.000 (el 3,63%) entre 60.000 y 150.000 euros. Es decir, el 95,85% declaró rentas inferiores a 60.000 euros y solo el 4,15% declaró rentas superiores a 60.000 euros. En 2010, los declarantes de más de 600.000 euros cayeron a 5.189 y los de entre 150.000 y 600.000 euros a 67.744.
En 2012, la Comisión Europea ha estimado que la economía sumergida en España alcanzaba el 19,2% del PIB y otras estimaciones llegan el 25% del PIB. Esta contiene actividades productivas que evaden impuestos directos e indirectos, Seguridad Social, salarios mínimos, etcétera, contribuyendo a que nuestros ingresos por IVA sean el 5,4% del PIB frente al 7% de media de la UE.
A la sumergida hay que añadirle la ilícita, compuesta por actividades delictivas (terrorismo, contrabando de mujeres, niños, especies, órganos, drogas y armas, blanqueo de dinero, prostitución, consumo de drogas) financiadas con billetes en euros y dólares de alta denominación, cuyos propietarios no pueden ser detectados por ser al portador. Lamentablemente, en 2007, circulaban en España el 36% de todos los billetes de 500 y 200 euros de la Eurozona, cuando nuestro peso porcentual de su PIB total era del 11,9%.
Segundo, a esta corrupción privada hay que añadir la política o pública, que afecta a aquellos políticos, gobernantes y administradores públicos que abusan de su poder vendiendo bienes públicos por debajo de su valor o dando concesiones administrativas por encima de su valor, para obtener una ganancia privada o partidista.
El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (2012) clasifica a España en el puesto 30 detrás de Chipre y de Botsuana y por delante de Portugal, cuando la gran mayoría de los países de la Eurozona están entre los 22 primeros, salvo Italia (72).
Corrupción privada y pública atañen a la inspección fiscal, Policía, Guardia Civil y también a la justicia, que siendo mayoritariamente eficiente, es excesivamente lenta, haciendo que muchos delitos prescriban antes de llegar a la Audiencia o al Supremo, incentivando a muchos delincuentes extranjeros a residir en España.
Tercero, el sector público es grande y menos eficiente que en otros países europeos al solaparse en cuatro niveles distintos de Administraciones públicas y necesita cuanto antes una profunda reorganización de sus niveles y competencias.
En 2010, el 40% de nuestros 47 millones de habitantes residía en 33 municipios de más de 100.000 habitantes, ocupando solo el 1% del territorio nacional. El 52% vivía en 83 municipios de más de 50.000 habitantes y el 68% en 252 municipios de más de 20.000 habitantes, pero existen 8.114 ayuntamientos. Siendo 168 ayuntamientos los que hacen frente a la mayoría de las demandas económicas y sociales de los ciudadanos, son las comunidades autónomas las que concentran el mayor poder de gasto, y la Administración central quien concentra el mayor poder de ingreso.
También en 2010, el mayor gasto del Estado lo hacían las autonomías (35% del total y 16% del PIB), seguidas de la Seguridad Social (32% del total y 14% del PIB), de la Administración central (20% del total y 9% del PIB) y de los ayuntamientos (13% del total y 6% del PIB). El mayor ingreso lo recaudaba la Administración central (37% del total y 13% del PIB), seguida de la Seguridad Social (33% del total y 12% del PIB), las autonomías (19% del total y 7% del PIB) y los ayuntamientos (11% del total y 4% del PIB).
Esta asignación territorial de ingresos y gastos debe modificarse para que los servicios de las Administraciones públicas estén más cerca de las demandas de los ciudadanos y para que cada Administración, especialmente las autonómicas, intente mejorar sus propios ingresos fiscales recaudándolos de sus propios ciudadanos, en lugar de vivir solamente de las transferencias de la Administración central, sin recaudar incluso impuestos cedidos. Son los impuestos los que justifican una representación política y no al revés.
El número de empresas públicas, especialmente autonómicas y municipales, es desproporcionado y mayoritariamente en pérdidas, siendo algunas más un sistema de generación de nóminas y dietas, de colocación de políticos y de captura de rentas que un medio eficaz de enfrentar necesidades económicas. Han proliferado las televisiones autonómicas, financieramente insostenibles, perdiendo 1.600 millones en 2011.
Cuarto, en los partidos políticos ha comenzado a primar el interés partidista sobre el general. No han invertido recursos suficientes para mejorar la excelencia en aquellos factores de producción intangibles (educación, formación, investigación, desarrollo, innovación y tecnología) que generan ya la mayoría del crecimiento de las economías avanzadas. Muchos Gobiernos autónomos y locales han primado la inversión en bienes tangibles, como suelo, construcción y vivienda, porque, entre otras razones, podían llegar a generar una apropiación de rentas al ser contratadas o conceder sus permisos.
Durante más de dos siglos, las cajas de ahorro han sido fundamentales para financiar el desarrollo local, provincial y regional español, mientras sus obras sociales aportaban servicios públicos necesarios. La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de 1985 intentó “democratizar” sus órganos de gobierno, obligando a que en sus asambleas estuviesen presentes representantes de corporaciones municipales y provinciales, impositores, empleados y la corporación fundadora. Finalmente, la mayoría de miembros de sus asambleas, consejos y obras sociales han terminado siendo políticos y representantes sindicales.
El resultado final es que de 46 cajas existentes en 2009, hoy solo quedan 11 bancos de cajas, 3 de ellos nacionalizados agrupando 12 cajas, y 2 cajas pequeñas. Excluyendo aquellas Cajas cuyos directores rechazaron determinados deseos de sus presidentes y consejos (logrando mantenerse en sus puestos) muchas han terminado quebrando, siendo fusionadas o compradas. Durante la burbuja, las cajas aumentaron un 25% sus sucursales y un 27% su personal, mientras los bancos los reducían en un 5%.
Quinto, en los interlocutores sociales, patronales y sindicatos, parte fundamental de la sociedad civil, también prima su interés corporativo. Han sido, en buena parte, responsables de nuestros desmesurados niveles de paro, al no ponerse de acuerdo, oponerse o impedir varias reformas laborales. España es líder de la UE con 6.000 convenios colectivos, mayoritariamente provinciales que, hasta la reciente reforma laboral, han provocado cierres masivos de pymes en cada recesión.
En lugar de organizarse a nivel sectorial y nacional, como en la mayoría de la UE, lo están también a nivel regional y provincial e incluso local, creando organizaciones excesivamente grandes y costosas para su actividad real. Además, cada uno recibe cientos de millones de euros anuales de subvenciones procedentes de la cuota de Formación Profesional y del Fondo Social Europeo, para facilitar la formación profesional continua.
A pesar de recibir elevadas subvenciones públicas, los sindicatos no publican todavía cuentas auditadas por auditores independientes y la CEOE por vez primera ha publicado este año las de 2011. En 2001, una inspección del FORCEM por el Fondo Social Europeo mostró que una parte de sus subvenciones no había sido invertida en formación profesional continua, exigiendo su devolución.
Para cambiar cuanto antes el rumbo de estas graves y nocivas tendencias, la débil sociedad civil española debe reorganizarse y los dos grandes partidos políticos deben promover, conjuntamente, cambios legislativos y constitucionales.
Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research (CEPR).
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