El 62% de los jueces secundan el paro según los convocantes
En Madrid, jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizan una multitudinaria concentración en los juzgados de Plaza de Castilla
EL PAIS - VERA GUTIÉRREZ CALVO / MÓNICA CEBERIO BELAZA Madrid 20 FEB 2013 - 10:19 CET156
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La huelga convocada hoy de jueces y fiscales ha alcanzado un seguimiento del 62 % según han manifestado en rueda de prensa los portavoces de las asociaciones profesionales convocantes. Los jueces y fiscales que están haciendo huelga hoy, según datos provisionales de las 11.30 horas facilitados por dichas asociaciones, son 2.500, el 62 % de quienes pueden secundar el paro, excluyendo de esta base jueces y fiscales sustitutos o los que están de licencia o baja, informa EFE.
En Madrid, en el Tribunal Supremo solo un magistrado secunda el paro. En los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla jueces, fiscales, abogados y funcionarios protagonizaron una multitudinaria concentración a las once y media de la mañana donde se pudieron escuchar gritos pidiendo la dimisión del ministro y consignas como "si hay dinero lo tiene el tesorero". Durante la mañana se realizaron numerosas cancelaciones de juicios y algunas salas permanecieron vacías, aunque el ambiente en los juzgados de Madrid fue de aparente normalidad. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, aseguró que la jornada de paro ha sido secundada en un 66% en Madrid, en un 56% en Cataluña, en un 74% en Extremadura y en un 79% en Andalucía. Sin embargo el Consejo General del Poder Judicial no ha ofrecido todavía sus cálculos sobre el seguimiento de las protestas.
En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.
En la Audiencia Nacional, jueces y fiscales como los magistrados Eloy Velasco o Javier Martínez Lázaro junto a fiscales como Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy han participado en las concentraciones de mediodía ante las sedes judiciales.
En el País Vasco el seguimiento al paro convocado se cifra en el 54% según los datos del Comité de huelga facilitados a Europa Press.
Fuera del ámbito judicial, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha expresado el apoyo de su sindicato y ha pedido al Ministerio de Justicia que lleve a cabo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Méndez señaló que la protesta es contra los recortes en el ámbito judicial que "aumentan el colapso de la justicia" y por el "fuerte obstáculo" para la igualdad en el acceso a la misma que significan las tasas y por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Atrapados en un limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga pero tampoco se lo niega, son 5.100 jueces y 2.400 fiscales españoles los que están llamados hoy al tercer paro de la Justicia en democracia. El motivo: las reformas legislativas del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, casi sin excepción. Pero, fundamentalmente, las que restan poder al órgano de Gobierno de los jueces y a las asociaciones profesionales, y las que introducen recortes —y, por tanto, más sobrecarga de trabajo— en la Administración de Justicia.
Las asociaciones mayoritarias —la Asociación Profesional de la Magistratura, de jueces, y la Asociación de Fiscales—, tras mantener cierta ambigüedad durante meses y participar en las protestas, no secundan finalmente la huelga. Sí lo hace el resto: Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Más de la mitad de los jueces, en cualquier caso, no están afiliados a ninguna asociación.
Los jueces y fiscales son funcionarios (en esa condición tendrían derecho a huelga), pero a la vez encarnan un poder del Estado (en esa, supuestamente no lo tendrían). El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en que hay un “vacío legal”. Por eso, cada vez que los jueces han secundado una huelga (las dos que hubo en 2009 contra el Gobierno socialista o las distintas huelgas generales) ha pasado lo mismo: ni se ha reconocido oficialmente ni se han fijado por parte del Ejecutivo servicios mínimos ni se ha descontado el sueldo de las nóminas, según reconocen las distintas asociaciones.
Ministerio y CGPJ se pasan la pelota: Justicia dice que corresponde al Poder Judicial decidir si se quita el sueldo a los jueces que hoy no trabajen; el Poder Judicial responde que las nóminas no son asunto suyo sino del ministerio. El organismo que asuma esa decisión estaría reconociendo implícitamente el derecho de huelga de los jueces; ninguno lo hace.
Así, para la huelga de hoy son los propios convocantes —entre los que, por primera vez, hay asociaciones de fiscales— los que han fijado servicios mínimos. Se están cubriendo todas las causas en las que hay presos o detenidos, las diligencias inaplazables, las medidas cautelares urgentes (incluidas todas las de violencia doméstica), levantamientos de cadáveres, juicios con jurado, todas las bodas y licencias de enterramiento y las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.
Las reivindicaciones de las asociaciones son estas: más inversión en Justicia, paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ (que resta poderes a las asociaciones y al órgano de los jueces en sí, y que consideran un ataque a la independencia judicial), derogación de la ley de “eficiencia presupuestaria”, que aumenta la carga de trabajo de los jueces titulares y supone la práctica eliminación de los 1.000 interinos; y derogación o modificación de la Ley de Tasas (Gallardón ha dicho queva a modificarla). A estas reclamaciones, que han sostenido las asociaciones durante meses, han sumado otra a última hora y al calor de polémicas recientes: la modificación de la ley del indulto. También se manifiestan en contra de las reformas anunciadas del Código Penal y de la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad (en la que ven un paso hacia la privatización de la justicia), aunque eso no está incluido en el comunicado de convocatoria de huelga.
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