OPINIÓN
Engañar a los delincuentes
EL PAIS - XAVIER VIDAL-FOLCH 20 FEB 2013 - 19:26 CET
Ahora resulta que el problema de la moralmente funesta y recaudatoriamente inane amnistía fiscal son ¡los actores de cine! El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intentó el martes, en el Senado, colgarles a ellos el mochuelo de la elusión fiscal. La amnistía y su estrategia fiscal han “valido la pena”, opinó.
El drama es que el siempre fino, elegante y delicado Montoro ha incurrido en contradicción perpetua sobre el asunto. El renuncio más notorio es que, contra lo anunciado, la amnistía no es una amnistía: no es un borrón y cuenta nueva, no es un olvido, no es una amnesia, no blinda a los delincuentes fiscales que se acogieron a ella: se les investigará.
Es estupendo que Hacienda engañe a los delincuentes o estafe a los estafadores... dicho sea desde el sentimiento simplón del refranero, que otorga cien años de perdón a quienes roben a un ladrón. Pero desde la óptica más seria del imperio de la ley y de la seguridad jurídica, la cosa no va así. No. Se trata de una quiebra de juridicidad muy preocupante: no ya para los delincuentes fiscales, sino para todos, actores incluidos, ya dijo Bertolt Brecht que se empieza secuestrando a judíos y comunistas y se acaba apaleando a impolutos burgueses.
Hacienda ha engañado. Anunció que la amnistía fiscal blindaría a quien a ella se acogiese —salvo que le tocase por azar una inspección— y lo hizo en molde legislativo, no solo declarativo. El real decreto-ley 12/2012 que la lanzó proclamaba en su artículo 7 el “carácter reservado” de la declaración tributaria especial. Y un informe de la Dirección General de Tributos (DGT) estableció el 27 de junio que “no resulta procedente la comprobación aislada” de esa declaración. Para mayor solaz de delincuentes arrepentidos, la Agencia Tributaria aseguró a los despachos de asesoría fiscal que esos clientes no entrarían, por causa de acogerse a la amnistía, en los planes inspectores.
Que Hacienda puso una alfombra roja tras otra a los 29.683 defraudadores y delincuentes fiscales no lo olvida ni un amnésico. Tanto afán puso en bajarse los pantaloncitos ante ellos que, siempre en su beneficio, modificó el decreto ley el 26 de mayo, publicó dos informes de la DGT (a “aplicar por todos los funcionarios”) el 27 de junio y el 11 de octubre, modificó el Código Penal y perpetró una última reforma el 27 de diciembre, cuando el plazo de presentación de la declaración ya había terminado el 30 de noviembre.
Todo lo hizo para dar garantías a los evasores de que no serían importunados por los inspectores ni perseguidos ante la Justicia. Y para abaratarles la factura de acogerse a la amnistía: del 10% inicial, hasta menos del 3% — compárese con el tipo marginal del IRPF, superior al 50% para los cumplidores— gracias a eximir del cómputo muchos ejercicios.
Pero cuando los socialistas empezaron a calificar la operación de “amnistía Bárcenas” y los inspectores de Hacienda se rebelaron por la nauseabunda discriminación contra los contribuyentes cumplidores, Montoro empezó a virar. Ya el 23 de enero espetó que la regularización “no es opaca”. “El Gobierno tiene los nombres”, remató, estiloso. Y la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, declamó ante los periodistas, el 7 de febrero: “Vamos a examinar todas las declaraciones y veremos qué nos encontramos”. Aunque al acabar su comparecencia se sinceró, ignorando que hablaba a micrófono abierto: “No sé ni lo que he dicho”.
Que si lo sabía. La Agencia otorgó el pasado viernes a los inspectores el libre acceso, que les venía negando, a las declaraciones de los 29.683 tramposos. Aunque, eso sí, solo puedan indagar en los expedientes de los casos que tengan asignados en los planes de inspección. Pero pueden hacerlo, como reclamaban.
Mariano Rajoy reconoció ayer, tarde y bastante mal, en el debate del estado de la nación, que incumplió sus promesas electorales —dijo algunas, en vez de todas—; Montoro supera a su jefe. No solo incumple sus promesas, sino el real decreto que él mismo dictó. O bien adoptó normas laxas para los evasores sabiendo que eran antijurídicas, por contrarias al rigorismo del Código Penal (art. 305); o se engaña a sí mismo, tanto como a los delincuentes. Un tipo de fiar.
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