El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha asegurado esta mañana ante el juez instructor del
caso Noos, José Castro, que la Casa del Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el Instituto Noós, sino que le recomendó que dejara de realizarlas porque no las consideraba adecuadas para su estatus institucional y él lo hizo, informa Efe. Urdangarín ha leido un escrito en el juzgado en el que pretende apartar a la Casa Real de sus actividades privadas. El esposo de la infanta Cristina considera lícitas y transparentes sus gestiones en Nóos pero es muy breve en las primeras respuestas y evita entrar en cuestiones complejas, según fuentes judiciales.
Se trata de la primera vez que Urdangarin traza un
claro cortafuegos entre sus negocios y La Zarzuela. La declaración llega en un momento en que el caso Nóos ha comenzado a salpicar de forma preocupante a la familia real, especialmente después de que el exsocio del duque, Diego Torres, también imputado, entregara al juez una
nueva remesa de correos electrónicos en los que se apuntaba que el propio rey Juan Carlos estaba al corriente de las actividades de su yerno.
La defensa de Urdangarin, encomendada al abogado Mario Pascual Vives, ha anunciado que impugnará los correos electrónicos de
Diego Torres, sobre los que no quería contestar en un principio. Sin embargo, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha conseguido que el yerno del Rey conteste algunas preguntas sobre estos mensajes.
Urdangarin responde en estos momentos a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción después de haber terminado por la vía rápida -apenas media hora- con el interrogatorio del
juez instructor del caso Noos, José Castro. Urdangarin ha llegado esta mañana a las 9.12 a los juzgados de Palma entre una gran expectación. El esposo de la infanta Cristina se enfrenta desde las 9.55 a su segunda declaración como imputado ante el juez José Castro, que investiga el supuesto desvío de 5,8 millones de euros de diferentes administraciones públicas a través del Instituto Nóos.
Está previsto que Urdangarin sea interrogado sobre las novedades aportadas por la investigación en el año transcurrido desde su anterior declaración, el 21 de febrero de 2012. En este tiempo,
Torres ha acusado en varias ocasiones al duque de Palma de ser el responsable de las decisiones que se tomaban en Nóos, incluso después de que el Rey le conminara a abandonar la institución y se trasladara a Washington como consejero de Telefónica. En su primera declaración, el esposo de la infanta, descargó en su antiguo socio toda la responsabilidad de la gestión del instituto y del entramado empresarial asociado a Nóos.
Además, las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción han desvelado
tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Uno de ellos, de 230.000 euros, corresponde al Instituto Nóos por el impuesto de sociedades de 2007. Los otros dos fraudes fiscales, que suman 240.000 euros, son por las declaraciones de IRPF del propio Urdangarin en los ejercicios 2007 y 2008.
En la pequeña sala de vistas del Juzgado de Instrucción 3 de Palma –apenas 35 metros cuadrados- se sientan, además de Urdangarín y
el juez Castro, los dos fiscales anticorrupción, Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán. El lado de la acusación lo completan los abogados del Estado, que representan a la Agencia Tributaria y a las comunidades autónomas de Baleares y Valencia –las principales pagadoras al entramado Noos- y la abogada del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acusación popular. Por parte de las defensas, veinte abogados deberán repartirse en ocho bancos de madera. Al contrario de lo que ocurrió en su primera declaración de la que solo quedó registro escrito, el interrogatorio de hoy será grabado en vídeo por orden del juez Castro.
Torres declaró el pasado sábado que Urdangarin le ofreció buscarle un “buen trabajo en Sudamérica” y pagarle los honorarios de su abogado si guardaba silencio sobre los hechos investigados en la causa y asumía la responsabilidad. El letrado Pascual Vives negó cualquier negociación en estos términos con el exsocio.
La expectación que ha generado la declaración del duque de Palma en la capital balear es proporcional al despliegue de seguridad en torno a los juzgados. Unos 150 policías, algunos desplazados para la ocasión desde Valencia, se encargarán de evitar incidentes alrededor de la sede judicial. Entre los agentes figuran una veintena de antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), guías caninos, unidad de subsuelo y la Unidad de Prevención y Reacción.
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