El PP publica un resumen de sus cuentas sin detallar pagos ni ingresos
Las partidas son genéricas e impiden cotejarlas con los papeles de Bárcenas
EL PAIS - FRANCESCO MANETTO / FRANCISCO MERCADO Madrid 8 FEB 2013 - 12:38 CET
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. /PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ (GETTY IMAGES)
El PP decidió este viernes difundir un resumen de sus cuentas de 2008 a 2011 ante las exigencias de transparencia prácticamente unánimes, incluso dentro del partido, derivadas del estallido del caso Bárcenas. Pero los cuadrospublicados en la web del partido a última hora de la mañana no permiten aclarar las partidas de gasto incluidas en los apuntes manuscritos del extesorero de los populares.
Esta documentación, que incluye las cuentas de toda la estructura nacional del partido y de los grupos parlamentarios nacionales y autonómicos, ya ha sido remitida alTribunal de Cuentas y está pendiente del informe definitivo de ese organismo. La contabilidad refleja 22 capítulos de pérdidas y ganancias muy genéricos. Los gastos, agrupados bajo seis epígrafes, recogen los pagos en concepto de servicios exteriores, tributos, gastos de personal, gastos financieros, excepcionales y dotaciones para amortizaciones. Entre los ingresos figuran las subvenciones, que pasaron de los 94,7 millones en 2008 a los 120 millones en el ejercicio de 2011. Las partidas difundidas por el PP en lo que la dirección del partido califica de “compromiso con la transparencia ante todos los españoles” no permiten, sin embargo, una comparación con los datos incluidos en los papeles de Luis Bárcenas y, por tanto, identificar las coincidencias entre las cuentas oficiales y las notas publicadas en EL PAÍS ya confirmadas por varios afectados y en algunos casos por el partido.
» Gastos de personal. Los gastos de personal, de los 29, 2 millones de euros en 2008, se incrementaron en 5,6 millones en estos cuatro ejercicios, hasta 34,8. La partida concreta de “sueldos y salarios” también creció en ese período casi cinco millones, pasando de 20,7 a 25,3, lo que supone un incremento del 22% en plena crisis y cuando la mayoría de las empresas privadas empezaban a plantear o ejecutar recortes presupuestarios. El aumento general del gasto de personal incluye un millón en ingresos a la Seguridad Social, mientras que lo invertido en “colaboraciones” se mantiene constante, entre 3,4 y 4 millones. Desde el PP minimizan ese aumento y destacan que en el último ejercicio publicado, en 2011, se celebraron comicios autonómicos y municipales en mayo elecciones generales en noviembre, con el consiguiente incremento de gastos. El resultado operativo del balance bajó, en cambio, de 10,15 millones a casi 2,2.
Dirigentes populares y socialistas se cruzaron este viernes acusaciones a raíz de la difusión de estas cuentas. SiEsteban González Pons, miembro de la cúpula popular, instó al resto de partidos a que hagan “el mismo ejercicio de transparencia que el PP”, y acusó al PSOE de “mentir”, desde la dirección del PSOE recuerdan que los presupuestos con previsiones de pérdidas y ganancias aprobados por el Comité Federal se publican en su web desde 2005, por orden expresa de José Blanco
» Tribunal de Cuentas. El PP, desde que estalló el caso Bárcenas, intenta blindarse en que sus cuentas son públicas y están auditadas hasta el más mínimo detalle por el Tribunal de Cuentas. Ambas aseveraciones pueden rebatirse, según fuentes del tribunal. En cuanto a su publicidad, los consejeros del tribunal no manejan la documentación de base sobre la que elaboran los informes fiscalizadores. Tampoco está en el Congreso, donde solo llega el análisis de media docena de folios que se dedica a cada partido. Por tanto, tanto los consejeros como los diputados apenas tienen lo mismo que este viernes difundió el PP: el resumen de sus cuentas. Pero cómo se desglosa la partida de salarios o de donaciones, apenas lo conocen los peritos del tribunal y muy por encima los consejeros ponentes del informe. Pero si su opacidad es notoria por culpa de este sistema de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, más grave es cómo se fiscalizan: “Se auditan sobre la base de las cuentas presentadas por el partido. Y solo saltan las alarmas si el que las redactó comete un error de bulto. Pero no se acude al partido a revisar tales datos, ni se revisan los datos internos de gestión, las salidas o entradas de caja, los libros auxiliares contables. Si salta una duda, se consulta al partido, que responde y punto. Nadie va a la sede del PP para comprobar sus datos contables, sus ingresos o pagos”, apunta un consejero
» Agencia Tributaria, Banco de España y Seguridad Social. Una prueba de la endeblez de esta fiscalización es la moción que presentó el Tribunal de Cuentas en febrero de 2011, redactada por el socialista Ciriaco de Vicente, y que paradójicamente recibió el apoyo de los consejeros del PP pero no de sus correligionarios. La explosiva moción, que duerme en el Congreso desde entonces y causó conflictos a De Vicente, denunciaba los tres grandes agujeros del Tribunal de Cuentas:
— No cuenta con el apoyo de la Agencia Tributaria, salvo que investigue a la propia agencia. Por tanto, no puede pedir qué datos tiene Hacienda sobre el PP ni sobre ningún otro partido. En suma, se ve privado de los “datos con trascendencia tributaria” del fiscalizado.
— No cuenta con el apoyo del Banco de España para conocer el grado de endeudamiento de cada partido y acceder a la base de la central de información de riesgos. Así, el Tribunal de Cuentas solo puede acceder a los datos bancarios que le da el partido y los que le otorga cada entidad crediticia, pero no puede verificarlo con el supervisor institucional por excelencia, el Banco de España. No hay forma pues de contrastar los créditos para funcionamiento ordinario de los partidos ni para campañas.
— Tampoco se cuenta con la colaboración de la Seguridad Social, salvo que sea la investigada, pero no para pedirle datos del personal, por ejemplo, al que el PP paga nóminas.
» Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal de Cuentas también pedía mayor grado de colaboración de las personas físicas y jurídicas con relación con los perceptores de subvenciones públicas, por ejemplo, los partidos. En las elecciones de 2011, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas halló decenas de proveedores electorales del PP que habían incumplido su obligación de contestar a este organismo sobre sus contratos. Tal anomalía ocurre informe tras informe, elección tras elección. Ni hay sanción, ni se presiona de nuevo al contratista hasta que lo aclare.
Por eso, la fiscalización de las cuentas del PP de los últimos años no va a venir de la mano de este tribunal, sino de la Fiscalía Anticorrupción que va a cruzar por primera vez los datos que posea Hacienda sobre sus pagos —cualquier falta de información también sería noticia—, con los que ha presentado ante el tribunal. Y ahí debería aflorar todo ingreso y pago del PP, incluidos todos sus salarios, que deberían contar con su retención legal.
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