Varias ONG sospechan que se les inyectó Depo-Provera para controlar su fertilidad
EL PAIS - ANA GARRALDA Jerusalén 5 FEB 2013 - 21:59 CET96
“Si tu médico te oculta los efectos secundarios del medicamento que te está recetando y no tienes otra forma de averiguarlo, se vulnera tu derecho a poder decidir”, dice Orit Isaschar, portavoz de la Asociación Israelí para los Judíos Etíopes (IAEJ, en sus siglas en inglés). Esta mujer lidera una de las ONG de mujeres que, representadas por la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI), envió hace unos días una misiva al Ministerio de Sanidad exigiendo el cese inmediato de la administración de inyecciones de Depo-Provera -un potente anticonceptivo de larga duración- a mujeres de origen etíope que presuntamente desconocían sus efectos secundarios (dolores de cabeza, abundantes sangrados u osteoporosis) y a las que, según IAEJ, no se informó de la existencia de otros métodos anticonceptivos. El extenso uso de Depo-Provera “genera fuertes sospechas de que estamos hablando de una política deliberada para controlar y supervisar la fertilidad en esta comunidad", rezaba la carta enviada al Ministerio.
El escándalo saltó hace unos días cuando una treintena de estas mujeres ofrecieron su testimonio en un programa de la televisión israelí que intentaba dar respuesta al descenso de más de un 20% en la tasa de natalidad de esta comunidad, tal y como denunció un informe elaborado por distintas ONG. “Nos dijeron que la gente que daba a luz muchas veces sufría. Tomábamos la inyección cada tres meses. Nosotras no queríamos”, narraba ante las cámaras una de las etíopes que llegó a Israel hace ocho años.
A la mayoría de estas mujeres, que son acogidas al llegar en los llamados “centros de absorción” durante meses o incluso años según su grado de adaptación, ya se les administraba, de acuerdo a sus testimonios, el anticonceptivo inyectable en los campamentos que la Agencia Judía gestiona en Etiopía, de paso ineludible antes del traslado a Tel Aviv.
En los 80, Israel puso en marcha la polémica “Operación Moisés” con objeto de llevar a su territorio a todos aquellos etíopes -conocidos como ”falashas”, en amárico “entranjero”- que pudieran demostrar ser judíos y que en 1975 fueron reconocidos por el Rabinato como descendientes de las tribus perdidas de Israel. En el país hoy residen más de 100.000.
“Encontramos que el 57% de las mujeres que acudían a las consultas para que se las administrase el Devo-Provera eran etíopes, que una vez en Israel (el 2% de la población es de este origen) continuaron con las inyecciones”, comenta Hevda Eyal, portavoz de la organización Isha L'Isha, responsable del estudio a pie de clínica. “Sospechamos que había motivos étnicos para reducir su número de hijos porque el porcentaje de etíopes es mucho mayor que el resto”, añade Eyal. “Tampoco se estudió cada caso, ni los efectos adversos que podía tener en aquellas mujeres especialmente sensibles a ellos”, señala Orit Isaschar.
Funcionarios del Ministerio de Sanidad y de otras agencias estatales han negado conocer la práctica de inyecciones con Depo-Provera. A la carta enviada por las ONG, exigiendo el cese de los tratamientos y la apertura de una investigación, le siguió una comunicación enviada desde la Dirección General de Salud del Ministerio a las principales clínicas asociadas al sistema israelí de salud, en la que se ordenaba a todos los ginecólogos “no renovar las recetas (de Depo-Provera) para aquellas mujeres que fueran de origen etíope si por cualquier razón se sospechaba que no hubiesen entendido los posibles efectos del tratamiento”.
Algunos medios señalaron esta misiva como un reconocimiento implícito de la práctica por parte de las autoridades israelíes, una acusación desmentida poco después por alguno de sus portavoces. “Es difícil creer que no lo supieran”, dice Orit Isaschar. “Hablamos de años y de miles de mujeres afectadas, ¿cómo uno se cree que esto no lo supiera nadie?”, concluye.
Por su parte, la Agencia Judía, organización estatal que gestiona la emigración de las comunidades judías de la diáspora, siempre ha negado haber gestionado ningún taller de planificación familiar en el campo de Etiopía (Gondar) al que hace mención la investigación y aseguró que antes que ellos, “había estado gestionado por otras agencias”. Los miembros de la comunidad ”falasha” se sienten discriminados por el color de su piel, dado que ninguna otra minoría étnica que ha hecho “Aliá” ha proferido denuncias de este tipo.
elmundo.es
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