Bruselas da un ultimátum a España por la fusión de los reguladores
La Comisión amenaza al Gobierno con abrir "un procedimiento de infracción"
La Vicepresidenta Neelie Kroes denuncia falta de independencia en el nuevo proyecto
EL PAIS - CLAUDI PÉREZ Bruselas 25 FEB 2013 - 00:00 CET
La vicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes / REUTERS
Antes eran advertencias; llega el momento de los ultimatos. La vicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes ha enviado una dura carta al ministro de Industria, José Manuel Soria, en la que expresa su “profunda preocupación” por la falta de independencia de la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que fusionará varios organismos reguladores. Por primera vez, Bruselas amenaza en firme con abrir un procedimiento de infracción si España sigue adelante con ese proceso sin cambios de calado. Kroes, comisaria responsable de la agenda digital europea, redobla la presión sobre España tras varias misivas de diversas instancias comunitarias en las que, a lo largo de los últimos meses, Bruselas venía mostrando su desagrado con ese proyecto. Esta vez el rifirrafe sube de tono con una suerte de ultimátum: la Comisión conmina al ministro Soria a enmendar los cambios legislativos en varios aspectos sustantivos, y a presentar propuestas inmediatas, en la reunión que mantendrán Kroes y el titular de Industria mañana martes en Barcelona.
Kroes confirmó a este diario que ha escrito al Gobierno español una dura carta, fechada el pasado 11 de febrero y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tras comprobar que el Gobierno apenas ha reaccionado a pesar de sus sucesivas llamadas de atención. “La propuesta legislativa infringe la letra y el espíritu del derecho europeo en materia de telecomunicaciones. La Comisión no tendrá más opción que abrir un procedimiento de infracción si la legislación se adopta sin cambios sustanciales relativos a la independencia y las funciones del regulador”, declaró la vicepresidenta.
Bruselas lleva medio año poniendo en duda la independencia del nuevo macrorregulador —se corre el riesgo de “socavar el trabajo” de los organismos de competencia, con graves perjuicios para los consumidores si los grandes operadores pueden hacer valer su influencia—, e incluso que vaya a tener medios suficientes para hacer su trabajo. Pero esta vez va un paso más allá con una amenaza clara y directa sobre la apertura de un procedimiento de infracción. Esa amenaza se acompaña de durísimas acusaciones al Gobierno: “La integración no puede ser una excusa para deshacerse de reguladores independientes antes del término de su mandato, o para eliminar funciones clave de supervisión de mercados”, indicó la vicepresidenta.
El Ejecutivo aprobó hace seis meses un proyecto impulsado por el ministro Luis de Guindos para fusionar los órganos reguladores de energía, competencia y telecomunicaciones, que englobarán también la supervisión sobre sectores como el postal, el juego, los aeropuertos, los medios audiovisuales o el transporte ferroviario. Competencia ha criticado con dureza el proyecto: “Sería una pena perder un modelo institucional que ha funcionado durante años”, dijo hace unos días en el Congreso su presidente, Joaquín García Bernaldo de Quirós.
Bruselas se alinea con ese cuestionamiento e interpreta que la fusión dejaría al regulador sin la autonomía deseable, incluso sin recursos suficientes para hacer un trabajo aseado. Pone en duda el proceso de designación de los miembros del nuevo superregulador por parte de Madrid, e incluso alerta del riesgo de politización de algunas decisiones: el proyecto dejaría, por ejemplo, la autorización de ciertas fusiones (la denominada función 14, clave en operaciones como la de Endesa) en manos del Gobierno. Además, pese a que Madrid ha justificado esa fusión por motivos de ahorro, Bruselas insiste en que el Gobierno no ha sido capaz de cuantificar fehacientemente los beneficios económicos del proyecto. El nuevo modelo debería entrar en vigor a partir de mediados de este año: ante esa inminencia, la Comisión, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo pese a sus evidentes recelos, pasa definitivamente a la ofensiva, al menos en telecomunicaciones.
Las fricciones entre Bruselas y Madrid están aseguradas, en un momento muy delicado en las relaciones entre la Comisión que preside José Manuel Barroso y el equipo económico de Mariano Rajoy, pendiente de obtener algo más de margen para que España cumpla con el objetivo de déficit. Pero este flanco lleva meses abierto: Industria recibió una primera advertencia por escrito en septiembre, y una segunda en noviembre, además de varios toques de atención.
El equipo de Kroes sostiene que ha intentado limar asperezas en varias reuniones, pero el conflicto ha llegado ya al más alto nivel y Kroes se lo planteará mañana directamente a José Manuel Soria. En el fondo, Bruselas ve en la maniobra del Ejecutivo de Rajoy un movimiento que despierta dudas, puesto que podría suponer un posible trato de favor para las grandes operadoras, y en particular Telefónica, a quien Bruselas ve como la gran instigadora del proyecto, según las fuentes consultadas.
La carta de Kroes apunta en ese sentido: el nuevo regulador, según Bruselas, tendrá limitada “su capacidad de ejercer competencias en lo relativo al registro de operadores, la calidad del servicio, la integridad y seguridad de redes o la portabilidad, que están directamente relacionadas con las competencias que deberían ser atribuidas a un regulador independiente de conformidad con los objetivos políticos, los principios regulatorios y las obligaciones jurídicas que se derivan del marco regulatorio de la UE”. Traducción libre: Bruselas pone en duda que el Ejecutivo respete el principio de absoluta independencia de este tipo de organismos, una regla sacrosanta en la capital europea y que se cumple en casi todos los países, con sonoras excepciones como Italia.
Pese a que el Gobierno ha corregido varios aspectos de la normativa, Kroes se declara insatisfecha. Al cabo, tampoco en España la propuesta cuenta con grandes adeptos fuera del Gobierno: todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han expresado severas críticas al proyecto de ley en los últimos meses, tras señalar sus llamativas y numerosísimas semejanzas con un informe encargado por Telefónica a PWC —presentado en febrero del año pasado, tras el cambio de Gobierno— bajo el título Modelo organizativo de las autoridades nacionales de regulación y competencia en España. En la presentación del proyecto en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Moncloa incluyó varias frases idénticas, calcadas a las del informe de PWC, consultora en la que trabajó Guindos antes de recalar en el Ejecutivo.
Junto con la Comisión, los expertos afirman también que a cambio del dudoso ahorro procedente de la fusión, el proyecto dejará como herencia un modelo que no existe en ningún otro país y que abre interrogantes en lo tocante al problema de captura del regulador: una influencia sospechosa de los grandes operadores, y por lo tanto problemas de falta de independencia que Kroes quiere cortar de raíz. “La Comisión no está en contra de reguladores integrados”, pero la reforma “dejará al regulador en España como una de las autoridades con menos competencias y funciones de la UE”, según denuncia la misiva de Kroes a Soria, con graves perjuicios para los consumidores.
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