Las agresiones de hijos a padres se duplican en los últimos dos años
La Memoria de la Fiscalía de 2009 muestra un incremento de la violencia familiar
ABRAHAM COCO / MADRID
Día 21/09/2010 - 13.33h
DE SAN BERNARDO
La violencia familiar se desboca, al duplicarse las agresiones de menores a sus progenitores en los últimos dos años. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2009, en la que se observa una subida de los 2.683 procedimientos abiertos a este respecto en 2007, a los 5.201 del pasado año.
También aumentan los hechos delictivos contra las relaciones familiares, que crecen un 24 por ciento, al producirse 29.827 diligencias. De ellas, 28.180 denuncias pertenecen a delitos de abandono de familia, que experimentan un crecimiento del 26 por ciento, y entre las que sobresale el impago de pensiones, con 19.219 anotaciones.
La Fiscalía subraya que “estos datos ponen de manifiesto la persistencia en situaciones graves de incumplimiento de obligaciones de protección y cuidado respecto de los miembros más débiles del grupo familiar”.
Dentro de la criminalidad en la jurisdicción de menores, destaca también la subida de los delitos de lesiones (17.887 frente a los 16.412 de 2008), que supone la cifra más alta desde 2002. También suben los robos con fuerza (de 8.225 en 2008 a 9.673 el pasado año) y los hurtos (de 7.669 a 8.520), mientras que se mantienen en los mismos niveles los robos con violencia o intimidación.
La criminalidad aumenta un 1,5%
Ya en una perspectiva general, la criminalidad sigue su tendencia al alza con una subida del 1,5 por ciento. Madrid y Barcelona son las ciudades con más delitos, aunque viven situaciones contrapuestas. Mientras que en la primera, las denuncias por delitos bajan un 3,9 por ciento, en la segunda suben un 5 por ciento. Las mayores subidas corresponden a las provincias de Ávila, Almería, Cáceres, Zamora, Guipúzcoa y Palencia, todas entre el 10 y el 18 por ciento.
Los delitos contra la libertad crecieron un 6 por ciento, y también lo hicieron los delitos de robo con violencia o intimidación, con una ligera subida del 1.9 por ciento. Un dato similar muestran las denuncias por estafa. Además, suben casi un 15 por ciento los delitos contra los derechos de los trabajadores; un 70 por ciento de ellos se refieren a conductas contra la seguridad e higiene en el trabajo.
Asimismo, experimentan notables incrementos las falsedades (5,79 por ciento) y los delitos contra la Administración Pública (30 por ciento) y con la Justicia (23 por ciento).
En el otro lado de la balaza, los delitos contra la vida e integridad física descendieron un 2,5 por ciento, al igual que los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, que cayeron un 2.2, y los delitos contra al patrimonio, que lo hicieron en un 1.5 por ciento.
Resistencia autonómica para tutelar a los adolescentes problemáticos
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detectado "cierta resistencia" de las administraciones autonómicas a asumir la tutela y guarda de adolescentes de más de quince años debido a la ausencia de recursos económicos o el riesgo de asumir responsabilidades derivadas de su comportamiento. Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía de 2009, que señala que la mayoría de los menores residentes en estos centros terapéuticos se encuentran en situación de desamparo y sólo algunos se acogen en guarda. Estos últimos son menores adolescentes cuyos padres, incapaces de abordar el trastorno conductual, y ante la inexistencia de recursos educativos o sanitarios, acuden a los servicios sociales. No obstante, la Fiscalía señala que "algunas comunidades autónomas exigen la previa declaración de desamparo para el ingreso en uno de estos centros" y, en algún caso, "ante la denegación de la guarda voluntaria o el silencio de la entidad pública, ha de ser el fiscal el que proponga la guarda judicialmente". Para esta entidad, la situación de este colectivo de jóvenes ilustra el "fenómeno emergente de la adolescencia disruptiva", cuyo abordaje, a su juicio, precisa de la "máxima coordinación" desde todos los ámbitos y la implantación de nuevas acciones y medidas.
