EL PAIS
"Discretísimo incremento" del 1,5% de la criminalidad, según la Memoria del Fiscal del Estado
En 2009 descendieron los delitos contra la vida, las agresiones sexuales y los robos y hurtos. Se incrementaron los impagos de pensiones, las falsedades y los delitos contra los derechos de los trabajadores.- ETA asesinó a tres personas y la Audiencia Nacional condenó a 86 terroristas
JULIO M. LÁZARO - Madrid - 21/09/2010
En el año 2009 los juzgados y tribunales incoaron en todo el territorio español un total de 4.753.144 procedimientos por delito, lo que representa un "discretísimo incremento" de un 1,5 por 100 respecto del año 2008, según los datos de la Memoria que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, presenta esta mañana ante el Rey, en la solemne ceremonia de apertura de Tribunales. El fiscal general considera este dato "esperanzador", al tratarse del crecimiento porcentual más bajo de los cuatro últimos ejercicios. Al acto, que se desarrolla en el Palacio del Tribunal Supremo asisten su presidente, Carlos Dívar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, así como consejeros del Poder Judicial, magistrados, fiscales y personalidades relacionadas con el mundo de la Justicia.
En su discurso ante el Rey, Conde- Pumpido ha dejado "dolorosa constancia, una vez más", de las tres víctimas mortales de ETA en 2009, el inspector de policía Eduardo Puelles, asesinado con una bomba lapa en la localidad vizcaína de Arrigorriaga, y los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada García y Diego Salva Lezaun, en la localidad balear de Calviá, mediante el mismo procedimiento.
El Fiscal ha atribuido al "esfuerzo y profesionalidad" de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, así como a la colaboración de Francia y Portugal, que no haya que lamentar ninguna víctima mortal desde agosto de 2009 y que hayan sido detenidas 141 personas por su vinculación con ETA. De ellas, 106 lo fueron en territorio español y 32 en Francia.
Los Tribunales franceses entregaron a 16 sospechosos, entre ellos al jefe etarra Txeroki, puesto a disposición de la Audiencia Nacional "en una actuación perfectamente coordinada que ha marcado un antes y un después en la colaboración entre ambos países". La Audiencia Nacional condenó a 86 etarras o colaboradores, un 76 por 100 de los acusados. En ese mismo periodo se abrieron 428 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio o humillación de las victimas.
En lo que respecta al terrorismo de origen islámico, en 2009 la Fiscalía acusó a 36 personas por captación y adoctrinamiento de futuros terroristas o financiación de estas acciones. Se celebraron cuatro juicios en los que, "pese a las dificultades probatorias", resultaron condenados 25 procesados.
Los procedimientos por delitos contra la vida y la integridad física, generaron en 2009 921.130 diligencias previas, lo que implica un descenso del 2,5 por 100 respecto del año anterior, aunque en los comportamientos más graves, los delitos de homicidio y asesinato, se constata un ligerísimo repunte, de 41 causas más que en 2008.
Los delitos de homicidio en sus distintas manifestaciones (homicidio, asesinato y auxilio e inducción al suicidio), determinaron en el año 2009 un total de 2.267 nuevas diligencias previas, lo que supone un ligerísimo descenso respecto a las 2.287del año anterior. Los delitos de lesiones dieron lugar en el pasado año a 918.611 diligencias previas, un 2,41 por 100 menos que en 2008.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales determinaron el pasado año la incoación de 13.580 diligencias previas, un 0,30 por 100 menos que el año anterior. Dentro de este apartado, la cifra más alta corresponde a las denuncias de agresión sexual que ascienden a un total de 6.472, incluidas las 156 correspondientes a los hechos más graves calificables inicialmente como violación, que, no obstante, se reducen en 104 respecto de las contabilizadas en 2008. Menos numerosos fueron los nuevos procedimientos por delitos de abuso sexual que suman 4.082
Las diligencias previas incoadas por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico registradas en 2009 arrojaron la cifra de 2.310.147, un 51 por 100 del total de las incoados en este periodo, que reflejan, un descenso aproximado del 1,5 por 100. Los hurtos, con 896.408 registros, presentan un crecimiento negativo del 3,25 por 100 frente a las 926.594 actuaciones iniciadas en 2008. Los delitos calificados como de robo determinaron la incoación de 804.684 diligencias, con un leve descenso del 0,95 por 100. Los robos con fuerza en las cosas sumaron un total de 715.695, (9.389 menos que en 2008), de los que 16.291 fueron registrados como delitos de robo en casa habitada o en local abierto al público. Los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas dieron lugar a 88.989 diligencias, dato que refleja un ligero aumento, de un 1,9 por 100, respecto del ejercicio anterior. Los delitos de robo y/o hurto de uso de vehículos de motor generaron en el año 2009, 64.313 registros, apartado que también refleja una tendencia a la baja.
El tráfico de drogas dio lugar a la incoación de 18.906 diligencias previas, dato en el que se incluye tanto las relativos a sustancias causantes de grave daño como aquellas no causantes de grave daño. A esa cifra deben adicionarse los 665 «juicios rápidos» en los órganos judiciales y los 155 nuevos procedimientos incoados en la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Como conclusión de este apartado, el Fiscal General destaca la clara disminución en el volumen de diligencias previas relativas a delitos contra la vida e integridad física, contra la libertad e indemnidad sexual, contra el patrimonio y el orden socioeconómico y contra el orden público. Por el contrario, se detectan incrementos significativos en el número de expedientes sobre delitos contra la libertad individual; los relativos a las relaciones familiares en su modalidad de impago de pensiones, (un 25% más), los delitos de falsedad; los delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia; y los que suponen una violación de los derechos de los trabajadores.
