ABC
«Interior trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA»
Prohíben la marcha de apoyo y abren expediente a portavoces de las asociaciones
C. MORCILLO / MADRID
Día 11/09/2010
Los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) dieron ayer un paso más y acusaron al Ministerio del Interior de tratarlos «como a los terroristas de ETA», tras conocer que se les prohibía manifestarse el 18 de septiembre en Madrid como tenían previsto.
«La Delegación del Gobierno, teledirigida desde el Ministerio del Interior, trata a la Guardia Civil como a terroristas de ETA. Han rastreado nuestras páginas web», denunció el líder de AUGC Alberto Moya, mientras Francisco García, presidente de UO acusó al Gobierno de meter a los agentes «en el mismo saco» que a los colaboradores de la banda. En la rueda de prensa conjunta anunciaron que pensaban asistir a título particular y como ciudadanos de a pie a la movilización convocada en el mismo lugar y a la misma hora por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) bajo el lema «Todos con la Guardia Civil».
«Fuera de plazo»
Lo que no sabían en ese momento los representantes de los guardias es que solo unas horas después la Delegación del Gobierno también prohibiría esta segunda marcha de apoyo, argumentando que la petición se presentó «fuera de plazo» —se solicitó el jueves tras conocer la primera prohibición—. Tampoco sabían que ya por la tarde el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenaría abrirles sendos expedientes disciplinarios por las declaraciones realizadas.
«En el acto se han vertido graves acusaciones contra diversas instituciones y autoridades del Estado que podrían ser constitutivas de infracción, según el Régimen disciplinario de la Guardia Civil», señala el comunicado de Interior. Con este horizonte parece improbable la celebración de la marcha el día previsto, pese a los recursos presentados.
La Delegación del Gobierno decidió que no se celebrara la manifestación basándose en su carácter «abiertamente antijurídico». Lo fundamenta en que tanto los guardias como sus asociaciones tienen legalmente prohibido el derecho de reunión y manifestación cuando su objetivo sea de carácter político o sindical; según el Gobierno la marcha prevista para el 18 tenía «un objetivo inequívocamente sindical». La resolución gubernativa señala que la documentación aportada evidencia que se trata de «una medida de presión frente a la Administración» y que «se pretende solucionar un conflicto laboral» a través de la manifestación.
La Delegación se remite a la sentecia de 13 de abril de 2010 dictada por el TSJ de Madrid que desestimó el recurso interpuesto por una asociación de oficiales. Los guardias civiles no solo no pueden asistir a manifestaciones con uniforme ni portando armas, sino que además deber respetar las exigencias de neutralidad propias de su condición. Según el fallo, esa neutralidad les impide participar en actividades sindicales, y las relativas a la negociación y los conflictos laborales colectivos, lo son.
