Los impagos de la Generalitat ponen al filo del cierre a colegios valencianos
El Gobierno valenciano adeuda 50 millones a 450 centros subvencionados
Un colegio concertado de Castellón amenaza con cerrar por impagos
El colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. /ÁNGEL SÁNCHEZ
La situación por el impago ya es “insostenible” y de seguir así se verán “obligados al cierre”. Así concluye la circular remitida ayer a los padres por la dirección del colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. Junio fue el último mes que cobraron lo pactado por la Generalitat, que preside Alberto Fabra, que les debe 104.000 euros en gastos de funcionamiento por el periodo comprendido entre julio y diciembre. Pero la situación es idéntica en los 450 colegios concertados de la Comunidad Valenciana. La deuda del Consell asciende a 50 millones de euros y afecta a los 225.000 niños que estudian en ellos.
El presidente Fabra dijo ayer que su “voluntad” es poder resolver el asunto en las “próximas semanas” y emplazó a estos colegios a una reunión mañana, viernes, sin comprometer plazos de pago. Los padres recuerdan que el Gobierno valenciano “ya incumplió” su promesa de abonar una parte de la deuda antes de que concluyera 2011. La deuda también afecta a los centros públicos aunque su situación no es tan crítica porque los Ayuntamientos asumen el mantenimiento. La angustiosa realidad de la tesorería valenciana y el tijeretazo anunciado de 1.057 millones para 2012, amenazan con quebrar su sistema educativo.
La carta remitida por el colegio Ramiro Izquierdo informa a los padres de la “crisis” que sufre el centro porque la Consejería de Educación les debe por los últimos seis meses de 2011 un total de 104.699 euros. Un dinero con el que afrontan el pago del personal de limpieza o administración; el suministro de luz, teléfono o material didáctico y el mobiliario o las pólizas de seguros, entre otros conceptos.
El centro ha asumido hasta la fecha el coste con fondos propios pero se encuentra casi al límite de su capacidad para soportar los gastos de mantenimiento y “lamentablemente” en breve tendría que “cerrar” hasta que el Consell abonara la deuda y “la situación se regulara”.
La situación es más grave en este colegio de Castellón que en otros centros de similares características, porque además asumió los costes del bono-libro de sus alumnos y la Generalitat tampoco lo ha pagado. El Ramiro Izquierdo negoció directamente con las editoriales la compra de los volúmenes y descontó a los padres el dinero que preveía ingresar en octubre del Ejecutivo valenciano por este concepto y sigue sin cobrarlo como les sucede a todas las librerías de la Comunidad Valenciana, que cada año rebajan el porcentaje correspondiente en el precio de venta al público confiando en que, como ha sucedido hasta la fecha, abone la ayuda entre los meses de septiembre y octubre. El Gremio de Libreros y la Unión Gremial de la Comunidad Valenciana aseguran que el Gobierno les debe 31 millones de euros.
La responsable de la federación de la enseñanza concertada del sindicatoComisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Pepa Ramis, denunció ayer que la situación en los 450 colegios valencianos es “dramática” y algunos ya no pueden afrontar “el pago de nóminas” de sus trabajadores de mantenimiento. Añadió que determinados centros incluso han llegado a pedir a los docentes que “renuncien” a la paga de Navidad o “a parte de su salario” para “poder pagar” a estos trabajadores.
Desde la Asociación de Educación y Gestión, que agrupa en la Comunidad Valenciana a gran parte de los centros concertados, su presidenta, Vicenta Rodríguez, desveló que en muchos casos ya remitieron cartas a los padres antes de las Navidades comunicando la “gravedad” de la situación. Asevera que un gran número de colegios concertados tienen “la caja vacía” y ya no saben “de dónde sacar” para “mantenerlos abiertos”.
El presidente de la Generalitat, que acudió ayer a Vila-real (Castellón) para inaugurar un colegio público, aseguró que su Gobierno “está trabajando” para resolver el problema “en las próximas semanas”. La consejera de Educación, María José Catalá, quiso transmitir “tranquilidad” y manifestó que en la reunión prevista para mañana con los representantes de esta comunidad educativa espera ofrecer “no solo buenas palabras”. Catalá no quiso hablar de fechas para el pago de al menos parte de la deuda.
Los padres y diversos colectivos desconfían de las promesas del Gobierno. El portavoz de la Federación de Escuelas Católicas de Castellón, Manuel Ortiz, recuerda que la Generalitat ya ha “faltado a su palabra en dos ocasiones”. Lamenta que la Consejería de Educación prometiera que les pagaría una parte antes de finalizar 2011 y aún no han visto “un euro”.
Al borde de la asfixia financiera
JOAQUÍN FERRANDIS
La tesorería del Gobierno valenciano está bajo mínimos. El cierre de los mercados financieros y el elevado endeudamiento que arrastra la Generalitat han obligado al presidente Alberto Fabra a recurrir al apoyo del Gobierno para poder hacer frente a sus obligaciones.
La situación se complicó sobremanera a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat no pudo colocar en el mercado minorista toda la deuda que había previsto emitir. Fabra esperaba obtener hasta un total de 2.600 millones de euros con los que poder amortizar una emisión anterior de bonos patrióticos — por un importe superior a los 1.500 millones— y obtener la liquidez suficiente para presentar un plan de pago a los proveedores. A duras penas se logró obtener financiación para amortizar los bonos viejos con los nuevos.
Desde entonces, el Ejecutivo de Fabra ha ido afrontando los pagos más acuciantes mientras acumula en los cajones toda clase de facturas pendientes con distintos colectivos y proveedores. Tanto, que la semana pasada tuvo que solicitar ayuda al Gobierno para poder hacer frente a un crédito de 123 millones con el Deutsche Bank. Y solo unos días después aprobó un decreto que sube el IRPF y la gasolina 4,8 céntimos a los valencianos, a la vez que recorta el salario a funcionarios e interinos.
Con la primera transferencia estatal del año, Fabra asegura que este mes podrá pagar las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, sobre su mesa se empiezan a acumular las demandas por impago de los colectivos más diversos.
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