24 de enero de 2012
Fernández y Ares discrepan sobre el fin del terrorismo antes de reunirse
El encuentro que hoy celebran en Leioa (Bizkaia) el ministro del Interior,Jorge Fernández, y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, es el primer test sobre la actitud del nuevo Gobierno del PP ante el proceso final de ETA y el primer anticipo, también, de la reunión que en dos semanas mantendrá el presidente Mariano Rajoy con el lehendakari, Patxi López, y el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.
La reunión de hoy llega precedida de un cruce de contradicciones del ministro del Interior con el consejero de Interior y la patronal vasca Confebask. La cuestión de fondo es que mientras el Gobierno vasco y la patronal vasca Confebask opinan que el cese de ETA es definitivo, el ministro del Interior lo cuestionó ayer. Ambas actitudes contradictorias condicionarán de distinta manera los temas que hoy abordarán el ministro y el consejero vasco: la previsible retirada de escoltas, la política penitenciaria y la creación del memorial de las víctimas del terrorismo.
Lo más llamativo ayer fue que el ministro del Interior entró en contradicción con sus propias posiciones mantenidas días atrás. Si hace una semana valoró que el cese de la violencia de ETA era “definitivo”, tras el comunicado de la banda del 20 de octubre, ayer desbarató esta tesis al dar por buena una información de La Gaceta, que señalaba que había vuelto la extorsión etarra al pequeño comercio las pasadas navidades y que la banda terrorista trataba de “reconstruir de forma latente su aparato logístico”.
La Consejería de Interior y Confebask y el resto de las patronales vascas, Cebek y Sea, lo negaron terminantemente. Algunas fuentes interpretan que el ministro del Interior “está desorientado porque acaba de estrenar el cargo”. Otras fuentes creen que “con esta actitud, el nuevo titular de Interior trata de tomar posiciones firmes en política penitenciaria ante las conversaciones que mañana [por hoy] inicia con el Gobierno vasco”.
Todo empezó la pasada semana. Casi al mismo tiempo que el lehendakariPatxi López anunciaba que suprimía los escoltas a los altos cargos del Gobierno vasco, en coherencia con el cese definitivo de ETA, el nuevo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, del PP, señalaba que aún quedaba “mucho camino por recorrer” para “lograr la victoria completa de la libertad”. Cosidó basaba este diagnóstico, tan contradictorio con el de López, en la detención de tres etarras en Francia a los que la policía acusaba de haberles incautado material para fabricar explosivos.
El consejero vasco de Interior replicaba que la detención de los etarras no alteraba su análisis de que el fin de ETA es definitivo y de que no hay indicios de extorsión o de actividad. Al PP vasco tampoco le gustó la conclusión tan radical de Cosidó. Fuentes del PP señalaron que el director, conocido por sus posiciones duras en esta materia, “tiró de manual” y se quedaron con la versión del ministro Fernández que, al día siguiente, declaró que la decisión de ETA de dejar la violencia es “definitiva” e “irreversible”.
E incluso la pasada semana, con motivo de un incidente de kale borrokaen el barrio bilbaíno de Rekalde, Jorge Fernández lo consideró un “incidente aislado” sin mayor relevancia. Además, el pasado viernes llevó al Consejo de Ministros un plan de reducción de escoltas, dentro del programa de austeridad, que coincidiría más con las tesis de López y de Ares que con las de Cosidó.
Sin embargo, Jorge Fernández dio ayer un giro radical a su versión inicial sobre los etarras detenidos al señalar, en una rueda de prensa tras recibir al consejero catalán de Interior, que “ETA está tratando de reconstruir de forma latente su aparato logístico”. Y llegó a poner en cuestión que el cese definitivo de ETA fuera definitivo, en abierta contradicción con lo que dijo la semana anterior.
E incluso señaló que en Navidad el entorno de ETA puso en marcha una campaña de extorsión, haciéndose eco de una información de La Gaceta que nadie respaldó.
La situación creada tiene mucho interés político porque si en el Gobierno predominan las tesis de Cosidó, coincidentes con las de su mentor Jaime Mayor Oreja, de que la declaración de ETA de cese definitivo del 20 de octubre no es creíble, el Ejecutivo del PP tendrá argumentos para defender su inmovilidad en la nueva etapa abierta en el País Vasco.
La confusión quedó ayer servida cuando el propio ministro del Interior se sumó a esta tesis. No solo desconcertó a la Consejería de Interior y a Confebask, también al PP vasco que aunque mantiene algunas discrepancias con el Gobierno de Euskadi en el tratamiento al final de ETA, sí valora el cese definitivo de la violencia de la banda terrorista como irreversible.
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