HACIA EL FIN DE ETA
Fernández promete "sentido de Estado para gestionar el final de ETA"
El ministro del Interior ha anunciado una "importante reducción" del número de escoltas
Avanza que habrá un reglamento para organizar el funcionamiento de los CIE
Promete cárcel para los autores de pequeños robos y para los reincidentes
El ministro Jorge Fernández Díaz durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso. / CLAUDIO ÁLVAREZ
Firmeza frente a ETA, con exigencia de arrepentimiento y petición de perdón, y reformas legales para perseguir con dureza a los autores de pequeños robos multirreincidentes, son los dos principales mensajes que ha querido lanzar en su primera comparecencia en el Congreso el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El responsable de Interior ha encontrado apoyo y compromisos concretos de colaboración del resto de grupos parlamentarios y, especialmente, en lo que se refiere a lalucha contra ETA.
Primer cara a cara con Amaiur
La comparecencia de Jorge Fernández ha dado lugar al primer cara a cara de Amaiur con un ministro del Interior. El diputado Iker Urbina ha asegurado que las palabras de Fernández suponen “más de lo mismo, es decir, represión y vulneración de derechos fundamentales” y ha pedido “el fin de la política de ilegalizaciones y de dispersión de los presos, la libertad de los reclusos enfermos t los que tengan cumplida parte de la pena” y la derogación de lo que ha llamado “legislación de excepción”.
El diputado abertzale ha hablado de “todas las víctimas”, de la necesidad de trabajar para escribir “entre todos la verdad” de lo que ha ocurrido “huyendo del escenario de vencedores y vencidos”.
“Sitúese en el carril de las soluciones” que, en su opinión, está en el “reconocimiento de derechos civiles y políticos”.
En este apartado, el mensaje principal de Fernández es que están dispuestos a actuar con “amplitud de miras y sentido de Estado para gestionar el final de ETA”, pero condicionado en todo caso al cumplimiento de una serie de exigencias, como la petición individualizada de perdón por parte de los presos, la entrega de las armas y “el reconocimiento del daño provocado”.
Fernández, consecuente con sus reconocidos principios, ha hecho una defensa del perdón de los pecados como última etapa del proceso de arrepentimiento, admisión de los pecados y la contricción.
Según el ministro la situación “nos permite vislumbrar un final del terror”, pero es preciso que “aquellos que durante tanto tiempo han utilizado la violencia y se han aprovechado de ella se responsabilicen de sus actos” y que reconozcan “el daño que han causado a las víctimas y mostrando el arrepentimiento por haberlo hecho, es decir, pidiendo perdón”.
Fernández ha ofrecido “inteligencia, prudencia, unidad y discreción” para gestionar el final de ETA, con reconocimiento a las víctimas y “sin equidistancias ni manipulaciones”.
“Vamos a impulsar la reinserción de los presos de ETA de forma individualizada”, ha asegurado antes de prometer “una política penitenciaria inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece”, con “el máximo consenso para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a la banda terrorista den los pasos que otros han dado y la ley se pueda aplicar con toda la generosidad”.
Esta formulación recuerda a la de la “política penitenciaria consensuada, dinámica y flexible” que prometió José María Aznar cuando era presidente del Gobierno, en una resolución parlamentaria en pleno proceso de paz e inicio de conversaciones con ETA y que recuperó recientemente el lehendakari Patxi López en el parlamento vasco.
El ministro del Interior ha denunciado esta mañana la presión que ejerce ETA sobre sus reclusos para que no soliciten permisos ni el perdón de las víctimas. Y ha subrayado que el 95% de los presos siguen las directrices de la banda.
El ministro ha asegurado que "a pesar de la amenaza latente" de la banda terrorista, su departamento abordará una reducción de los servicios de escolta y protección. Ha recordado que existen 1.500 personas protegidas más aquellos electos locales, cuya protección no corresponde a la Administración central, lo que supone dedicar 2.668 policías y guardias civiles a esta labor, a la que se suman 700 escoltas privados.
La otra parte de su intervención ha estado destinada a mostrar dureza y firmeza frente a la delincuencia, sobre todo la de los pequeños hurtos y robos cometidos de forma reincidente. El hecho de que sea el ministro del interior y no el de Justicia el que anuncia las medidas de reforma legal ya muestra una posición ideológica que se traduce en acabar con lo que tachó de “escasa repercusión penal” de los llamados delitos menores, como los hurtos, los robos con fuerza en las cosas de escaso valor, es decir, los tirones o el robo de vehículos.
Según ha dicho, hay “sensación de impunidad” y, por eso, se propone cambiar la ley. Por ejemplo, para aplicar “medidas de prisión provisional y localización permanente para los casos de habitualidad en el delitos (comisión de más de dos delitos de diferente especie) y medidas cautelares e inmediatas y eficaces para los supuestos de multirreincidencia (más de dos delitos de la misma especie) incluyendo la prisión provisional”.
En este momento, para pedir o acordar una prisión provisional tienen que darse los parámetro del art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que suponen que, por ejemplo, que el delito cometido tenga pena superior a dos años de prisión o pena inferior a dos años, siempre que el imputado tenga antecedentes penales no cancelados derivados de condena por delito doloso. Por lo tanto, el robo con fuerza, no es ninguna novedad porque el art. 240CP castiga con pena de prisión de 1 a 3 años el robo. Y si es en casa habitada se castiga de 2 a 5 años.
En cuanto a los hurtos, no tienen pena de prisión de 6 a 18 meses, en principio inferior a los dos años de prisión del apartado primero, pero en el apartado segundo, ya se contiene la salvedad de poder pedir la prisión con penas inferiores si el imputado tuviera antecedentes p0enales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. Los tirones son considerados robos con violencia y también su pena es inferior a los dos años prevista pero si el autor tiene antecedentes se puede pedir la prisión.
El ministro también ha anunciado la inclusión de la huella genética de los condenados por delito sexuales en su ficha policial y la posibilidad de meter en prisión provisional a autores de pequeños robos y reincidentes.
Entre las medidas avanzadas por Fernández Díaz también destacan la referidas a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), para los que ha prometido un reglamento que regule su funcionamiento, en la línea en la que pidió, ha asegurado, la Defensora del Pueblo. Y ha apuntado que en ese nuevo modelo de gestión se revisará el papel de la policía, más centrado, ha apuntado, en la seguridad.
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