Desmontando a La Pepa
La Constitución de 1812 fue un icono liberal, que celebra su bicentenario aligerada de su halo mítico por los historiadores
EL PAIS - TEREIXA CONSTENLA - Madrid - 09/01/2012
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A La Pepa le ocurrió lo que a James Dean. Murieron jóvenes, cargados de promesas y alcanzaron similar podio: tanto el protagonista de Al este del Edén como la Constitución de Cádiz de 1812 son mitos en sus respectivos parnasos. ¿Fueron en realidad el mejor actor de su generación y el arranque de la democracia en España? Dean aparte, los historiadores tienen una respuesta clara a propósito de la Carta Magna de 1812.
La protección del individuo es una de las premisas jurídicas del texto
"Fue mítica a pesar de que estuvo pocos años vigente porque marcó dos pasos decisivos que son la base del sistema político liberal: la soberanía nacional y la división de poderes", reflexiona Emilio La Parra, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante. "No se puede decir que es el inicio de la democracia, porque no reconoce derechos políticos a todos, excluye a las mujeres, a los indígenas, a los negros y a los esclavos, pero probablemente sea uno de nuestros textos jurídicos referenciales", añade.
El Consorcio del Bicentenario de la Constitución de 1812 conmemora con múltiples actividades los dos siglos desde la aprobación de un texto que, según el presidente del organismo, Francisco Menacho, "estableció que las personas dejasen de ser súbditos y pasasen a ser ciudadanos". Por vez primera la soberanía reside "en la nación", aunque el catedrático La Parra aclare que la soberanía "popular", base de la democracia, no se reconoce hasta 1931.
A la efeméride se llega después de unas décadas de revisiones historiográficas que han puesto las cosas en su sitio. En 1812, como ya se ha dicho, no nació la democracia aunque se asentaron pilares de un modelo político que rompía con el antiguo régimen. A pesar de que solo se aplicó 15 meses en un territorio que convalecía de una guerra de liberación contra Napoleón y, de nuevo fugazmente, entre 1820 y 1823, se incrustó en el imaginario liberal y popular como icono de la libertad. "Tiene una carga simbólica muy fuerte, durante el XIX y el XX encarnó una idea del mito democrático, aunque tuviese resabios del siglo XVIII", sostiene Isabel Burdiel, premio Nacional de Historia en 2011 por su biografía sobre la reina Isabel II (Taurus). "Es una Constitución que hace de puente, se plantea los derechos y la idea de ciudadanía (masculina), pero su mundo de reflexión pertenece al XVIII", añade.
"Hoy sabemos que la Constitución se lee mucho más acertadamente si se advierte que en ella hay más de mantenimiento del tradicional mundo de las corporaciones y de los pueblos del antiguo estado jurisdiccional, que de establecimiento de un Estado liberal de nueva planta", plantea Javier Barrientos, miembro de la Academia chilena de la Historia.
Del pasado se arrastra igualmente la monumental injerencia eclesiástica: la nación se declara católica, se prohíbe el culto de cualquier otra religión y se otorgan fueros privilegiados al clero. Sobre La Pepa, mote acuñado por la fecha de su aprobación (19 de marzo de 1812, san José), elegida a su vez como guiño al rey Fernando VII que arrancó su reinado el 19 de marzo de 1808, han corrido algunos bulos históricos inherentes a los mitos. A la ya falsa idea de que fue la primera constitución democrática española, se suman otras como la prohibición de la Inquisición. Emilio La Parra, que hizo su tesis doctoral sobre el tema, es rotundo: "Es mentira. La Inquisición se suprime el 23 de febrero de 1813, casi un año después, aunque es verdad que los diputados se plantean la supresión de la Inquisición tomando como punto de partida la Constitución de 1812".
En su artículo 303, la Carta Magna aprobada en Cádiz prohibía expresamente las torturas a los detenidos, lo que casaba mal con las técnicas usadas en procesos inquisitoriales. La protección del individuo es una de las premisas jurídicas que recorre el espinazo del texto gaditano. En España, sin duda supone la primera consagración de los derechos humanos (entendidos en su contexto histórico, esto es, sin mujeres, negros ni indios). Se reconocen la libertad de expresión e imprenta y otros derechos como el de propiedad o la seguridad personal. Se establece como objetivo del Gobierno "la felicidad de la nación".
"La consecución de la felicidad es una de las utopías de la Ilustración", explica Alberto Ramos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz y coordinador de un proyecto de investigación de historia comparada. "Cádiz se convirtió en una escuela política que influyó en América y Europa, como modelo de un país que lucha por su independencia contra un ejército invasor y al tiempo es capaz de hacer una revolución política", indica Ramos.
Para el historiador chileno Javier Barrientos, el momento más relevante para la América hispana arranca con la convocatoria de las Cortes porque introduce la discusión política entre las élites para elegir a sus diputados y porque el debate sobre la Constitución permite discutir "cuestiones americanas que habían permanecido en el olvido: se es consciente de la existencia de una mayoría de población indígena respecto de la cual hay que tomar una posición política frente a su declaración como ciudadanos, se es consciente de la diversidad americana, de la existencia de castas, se es consciente del peso económico de América en la monarquía...". Contribuyó en muchos casos, añade, a los procesos de independencia. En el caso de Chile, fue uno de los textos que nutrieron la Constitución liberal de 1828. Hasta aquí lo real, pero el mito tuvo tal auge que hasta Albert Camus situó en el Cádiz de la época su obra El estado de sitio.
Al servicio de la felicidad y el civismo
- Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
- Artículo 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
- Artículo 303. (...) No se usará nunca del tormento ni de los apremios.
- Artículo 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.
- Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar; y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.
- Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
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