Las pegas autonómicas a la Ley del Aborto

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Las pegas autonómicas a la Ley del Aborto

La mayor parte de los gobiernos autonómicos aplicarán la nueva norma aunque muchos facilitarán la objeción de conciencia

ABC / MADRID

Día 07/07/2010 - 11.12h

Aunque hasta el momento únicamente Murcia ha declarado abiertamente su intención de no aplicar la nueva Ley del Aborto, son numerosas las Comunidades que han expresado a ABC su rechazo y muchas de ellas anuncian medidas para facilitar la objeción de conciencia de los facultativos y ampliar la información a las madres sobre las ayudas para seguir adelante con el embarazo.
TELEPRESS
Concentración provida celebrada en Bilbao el sábado 3 de julio para exigir al al Gobierno central la retirada de la ley del aborto
Galicia
El presidente de la Xunta no ocultó sus profundas discrepancias con la ley, pero reiteró que su Gobierno la cumplirá escrupulosamente porque es su deber.
Alberto Núñez Feijóo consideró «más inteligente y positivo» que se apoye a las mujeres embarazadas para que sean madres que incentivar la interrupción de la gestación, como ya está haciendo la Xunta mediante una norma aprobada hace apenas quince días. Por último, declaró que la anterior legislación "era más consensuada que esta nueva".

Murcia
La Consejería de Sanidad de Murcia derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazos porque este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora.

Madrid
"Cómo no. Madrid cumple todas las leyes", señaló la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en tanto que el consejero de Justicia, Francisco Granados, recordó el desacuerdo "total y absoluto" de la Comunidad con la nueva Ley, que "nadie demandaba" y que "divide a los españoles". Pese a ello, la obligación "es aplicarla", aunque "confiando en que el TC decida suspender su aplicación".
Navarra

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha asegurado que en la Comunidad foral se va a cumplir la ley del aborto, si bien ha afirmado que las interrupciones voluntarias del embarazo se realizarán en otras comunidades "porque la objeción de conciencia no está regulada" y tienen "dudas jurídicas".
Castilla-La Mancha
El Gobierno regional ha aprobado la creación de un f ichero con los médicos objetores a la práctica del aborto. Según fuentes de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en Castilla-La Mancha sólo se puede interrumpir el embarazo de forma voluntaria en dos centros concertados de Albacete y Ciudad Real porque no hay ginecólogos dispuestos a hacerlo.
El nuevo texto ha provocado la creación de este fichero que dependerá de la Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), autorizada para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Su finalidad es garantizar la interrupción voluntaria del embarazo con calidad al mismo tiempo que el derecho de los profesionales a ejercer la objeción de conciencia.
Comunidad Valenciana
El Gobierno valenciano "acatará" la entrada en vigor de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo a pesar de su conocida oposición a esta norma, que además «entra en contradicción» con la nueva norma de Protección de la Maternidad aprobada por el Ejecutivo autonómico en junio de 2009. El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, lamentó el lunes que la puesta en marcha de la nueva Ley se haya producido sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su validez.
Cotino ha anunciado que el Gobierno valenciano seguirá remitiendo información a los profesionales de la sanidad y farmacéuticos para que den a conocer todas y cada una de las ayudas para la futura madre que se pueden solicitar a la Generalitat.

Andalucía

Sería "infame" negarse a aplicar la Ley porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) "no es un menú a la carta", ha dicho la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno. En la comunidad no hay constancia de que los médicos estén presentando objeción de conciencia y asistirán todos los supuestos.
Canarias
La dualidad forjada en el seno del Gobierno de Canarias,fomentada por la propia naturaleza del pacto (formado por el binomio Coalición Canaria-Partido Popular) y las fisuras electoralistas, hanimpedido al Ejecutivo regional esbozar una postura global y nítida con respecto a la nueva Ley del Aborto.
Desde el grupo nacionalista, los dos diputados en el Congreso, Ana Oramas y José Luis Perestelo, votaron en su momento en contra de ella, aunque ya en el mes de diciembre la presidenta del partido, Claudina Morales, precisó que dicha postura se debía encuadrar en una coyuntura netamente "personal y no de grupo. Dentro de la organización no se ha producido un debate sobre el asunto y hay gente que tiene otras creencias", afirmó ante los votos cruzados que se han llevado a cabo.
Todo lo contrario ocurre en el caso del PP canario, en el que sí hay una postura clara y definida contra la Ley del Aborto, argumentádose la misma en cuestiones sanitarias y de libertad jurídica.
Castilla y León
El elevado número de objeciones de conciencia por parte de los profesionales sanitarios castellanoleonenses ha impedido que se puedan constituir equipos para practicar las intervenciones. Sólo se podrá acudir a abortar a los tres centros privados que ya estaban acreditados (León, Salamanca y Valladolid). La directora general de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación de Sacyl (la consejería de Salud de Castilla y León, Ana Hernando, declaraba que "todos los procedimientos y medios para el cumplimiento de la ley y los reales decretos están en marcha".
Entre ellos está la creación de once comités clínicos, uno por cada área de salud, formados por especialistas cuya misión será intervenir en el supuesto de una interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas en cualquier semana de gestación.
La Rioja
La Rioja ha acatado la Ley del Aborto, pero no la comparte. El lunes se constituyó un Comité Científico, todos los médicos están informados de lo que tienen que hacer, existe un registro de objeciones de conciencia y se garantiza la legalidad en esta región.
Aragón
El Gobierno aragonés PSOE-PAR, que preside el socialista Marcelino Iglesias, aplicará de forma «fiel» la Ley del Aborto. Así lo indicó ayer el Ejecutivo autónomo tras explicar que se trata de una ley estatal que debe cumplirse porque está en vigor.
Fuentes de la Consejería aragonesa de Salud explicaron que los cuestionarios para el consentimiento informado que han de rellenar las solicitantes de abortos están disponibles en los servicios de atención al usuario de todos los hospitales públicos de Aragón. La información al respecto también figura, desde el lunes, en la página web del Servicio Aragonés de Salud, donde también se indica que los centros acreditados para la práctica de abortos son todos los hospitales públicos aragoneses y dos centros privados, ambos en Zaragoza: la Clínica Actur y la Clínica Almozara.
País Vasco
El Gobierno vasco defendió a pies juntillas la «reforma Aído», que en esta Comunidad será de aplicación en centros médicos públicos o privados, en función de los meses de gestación de la mujer. Para el Ejecutivo de Vitoria, la ley es «absolutamente constitucional».
En concreto, las mujeres que deseen interrumpir su embarazo serán derivadas por el Servicio Vasco de Salud a centros privados hasta la semana 14 de gestación, mientras que las que quieran hacerlo entre la semana 14 y la 22 serán atendidas en los hospitales públicos. A partir de la semana 22 será un comité científico quien decida cada caso por implicar un «mayor riesgo».
Cataluña
Desde el pasado lunes, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, el aborto se ha convertido en «derecho sanitario» en Cataluña, comunidad que ha apostado más abiertamente por implicar al sector sanitario público (hospitales y ambulatorios) en este tipo de intervenciones.
A partir de enero de 2011, cuando ya esté totalmente desplegada la nueva ley del aborto, Cataluña prevé que la mitad de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se practiquen en los ambulatorios con la píldora abortiva RU-486. Así, el Gobierno catalán encauza su estrategia de aplicación de la norma hacia la salida más práctica y económica, mucho más que la quirúrgica.
Baleares
El consejero de Salud y Consumo del Gobierno balear, el socialista Vicenç Thomàs, garantizó el pasado lunes que en el archipiélago podrá abortarse tanto en los centros públicos como en los privados concertados, en los términos establecidos por la nueva ley. Thomàs, médico de profesión, consideró no obstante que las actuaciones preventivas para evitar posibles abortos deberían de seguir potenciándose.
Cantabria
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para aplicar la Ley de forma que todas las cántabras que decidan interrumpir su embarazo serán derivadas al centro de salud sexual y planificación familiar «La Cagiga», que actuará como centro coordinador. Por su parte, el Servicio Cántabro de Salud (SCS)preguntará a sus profesionales si tienen inconveniente en participar en los abortos que se practiquen en sus centros, aunque no tiene previsto crear un registro de objetores.

Asturias

El Gobierno del Principado ya ha comenzado a aplicar "con total normalidad" la nueva Ley tanto en la red pública como en las cuatro clínicas concertadas, puesto que ya dispone de todo el material informativo necesario.

Extremadura

A la Junta no le gusta que ninguna mujer tenga que abortar, pero tampoco que, por hacerlo, tenga que ir a la cárcel. Es una ley más que hay que respetar y como "no obliga a nadie a nada", es de voluntad personal para mujeres, profesionales y centros, por lo que se aplicará en sus justos términos, según han indicado a fuentes del Ejecutivo extremeño.
Con información de José Luis Jiménez, María José Muñoz, Marta Moreira, Dani Herrera, Henar Díaz , Sonia Barrado, Roberto Pérez, Itziar Reyero, Esther Armora, Josep Maria Aguiló y Rocío Fernández Ortiz.