ABC
Los militares también se movilizarán contra la Ley de Derechos y Deberes
La AUME asegura que es «un paso atrás» y el PP quiere negociar el «Consejo de Personal»
PALOMA CERVILLA / MADRID
Día 27/07/2010
La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha abierto un nuevo frente de discordia en las Fuerzas Armadas al llevar al Congreso de los Diputados, para iniciar su trámite parlamentario, un anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes que parece no contentar a nadie. Mientras todavía no se han apagado los ecos de la protesta de la Ley de la Carrera Militar, que se reactivará cuando la Audiencia Nacional comience a pronunciarse sobre los más de 20 recursos contenciosos-administrativos presentados, una nueva protesta aparece en el horizonte.
Las asociaciones militares, que no han visto satisfechas sus reivindicaciones, anunciarán hoy el calendario de movilizaciones que están organizando, y que no solo se centrará en el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes —aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 14 de mayo—, sino también en las graves consecuencias de la Ley de la Carrera Militar. Así lo ha adelantado a ABC el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado, al asegurar que este anteproyecto es un «paso atrás. Una regresión total respecto a lo que había antes», que nada tiene que ver con los documentos previos que se habían enviado a los grupos parlamentarios y lo que se había comunicado a las asociaciones. Las restricciones que contiene el anteproyecto enviado al Parlamento son aún mayores que las pautas que había marcado el Consejo de Estado, según la versión de Casado.
La falta de consenso sobre esta iniciativa legislativa está en el fondo de las discrepancias, que tiene en el derecho a la intimidad de los militares uno de los puntos más discutidos. A juicio del secretario general de esta asociación militar, en el texto actual se señala que «solo se respetará si es posible», cuando en la norma vigente no hay límite, sino «que se respeta siempre».
Precisamente, estas medidas de presión van encaminadas a sensibilizar al Gobierno y a los grupos políticos del malestar que hay en las Fuerzas Armadas con este anteproyecto de ley. A día de hoy se encuentra abierto el plazo de presentación de enmiendas, que finaliza el 17 de septiembre, con el objetivo de que se pueda alcanzar un consenso con los grupos parlamentarios sobre los aspectos más polémicos de la ley.
«Máximo consenso»
Este consenso es básico para que esta norma salga adelanta, ya que la ministra de Defensa condiciona su aprobación a este acuerdo parlamentario. En este sentido, la portavoz del Defensa del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, asegura que el principal partido de la oposición no va a presentar una enmienda a la totalidad y que trabajarán para conseguir el «máximo acuerdo posible».
Los populares pedirán una serie de comparecencias parlamentarias, tanto de expertos como de asociaciones militares, antes de presentar las enmiendas. Ya apuntan que hay que clarificar el denominado «Consejo de Personal», en el sentido de ver «cómo se establece la representatividad» de los miembros de este organismo, ya que no se constituirá a través de un proceso electoral, como la Guardia Civil, así como de las materias que abordará.
