El descontrol de Interior tumba al ‘número dos’ tras solo un año en el cargo
Fuentes policiales afirman que el ya ex alto cargo no había logrado controlar su departamento
Ignacio Ulloa, el hasta hoy secretario de Estado de Seguridad. / LUIS SEVILLANO
Nunca se habían producido en la cúpula del Ministerio del Interior y en tan poco tiempo tantos ceses, destituciones y dimisiones. La última, este viernes, del viceministro, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, da la medida del tiempo convulso y el descontrol que vive una institución tan importante y delicada como la que dirige a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Ulloa cae en mitad del escándalo por los informes fantasma elaborados por policías anónimos para desacreditar a nacionalistas, jueces y fiscales en plena campaña electoral en Cataluña. Todavía hoy el Ministerio no sabe quién redactó tales informes. Pero antes de Ulloa ya cayeron otros muchos y su sustituto, Francisco Martínez Vázquez, hasta ahora jefe del Gabinete del ministro del Interior, quiere hacer más cambios, según fuentes policiales.
La decisión de Jorge Fernández Díazde colocar en ese puesto tan relevante a su jefe de gabinete, y no algún fichaje de gran peso político, implica un intento del ministro por controlar directamente un departamento que ha generado varios quebraderos de cabeza al Gobierno en este año.
Los comentarios sobre relevos y destituciones en Interior eran constantes en el entorno del Ejecutivo en los últimos meses, informaCarlos E. Cué. Sin embargo, Rajoy no parece tener ninguna intención de momento de cambiar a ningún ministro. El caso de Fernández Díaz además es especial, ya que se trata de un hombre de absoluta confianza del presidente, un amigo personal desde hace 30 años que ya fue incluso su secretario de Estado cuando Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas. Fernández Díaz opta así por intentar cerrar la crisis con un control más directo del ministerio. De hecho Ulloa no era una persona de su entorno.
Cuando Fernández Díaz tomó posesión de su cargo tenía por delante un escenario mucho más favorable que el de sus antecesores. A diferencia de todos los demás ministros del Interior de la democracia él podía irse a dormir sin la pesadilla de un atentado de ETA de madrugada. Con la banda terrorista desactivada, todo hacía pensar que sería un mandato tranquilo y sobre todo, que el ministerio y las fuerzas de seguridad podrían dedicar más tiempo y esfuerzos a grandes operativos. Pero nada más lejos de la realidad. Las grandes operaciones, salvo la Emperador, contra la mafia china, la detención de varios implicados en el secuestro del empresario Publio Cordón —éxito a medias porque no se ha encontrado el cuerpo—, y algunas contra el tráfico de droga, en especial una en Cádiz, han brillado por su ausencia mientras los escándalos no han dejado de salpicar al organismo, que ha desaprovechado con luchas internas la ventaja de no tener, por primera vez en los últimos 50 años, la acaparadora amenaza de ETA.
Desde el Gobierno insisten en que la decisión de Ulloa es personal. “Es un cargo muy duro, que exige mucha dedicación, y eso hace que se resienta la vida personal y familiar de quien lo ostentan”, dicen. El Ejecutivo ha premiado sus servicios con un puesto en el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo. Pero resulta difícil separar esta dimisión de la frenética oleada de ceses y cambios que ha vivido la cúpula del ministerio de Fernández Díaz, en poco más de un año.
Casi todos los cesados, destituidos y dimitidos están ligados a esas investigaciones clandestinas que el propio ministro ha reconocido no saber por dónde empiezan y que al final, es decir, en los tribunales de justicia, siempre se han quedado en nada. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que la dimisión no está vinculada a esos escándalos y dijo que Interior ha abierto una investigación interna y la explicará en el Congreso cuando finalice. Sin embargo, el hecho de que dos meses después Interior no haya sido capaz de saber aún quién hizo los informes sobre Artur Mas y la familia Pujol ha causado estupor en el mundo político.
Los informes sobre los políticos catalanes no eran, además, los primeros irregulares. En junio de 2012 la policía investigó también sin control de nadie ni orden judicial al actual presidente de la Comunidad de Madrid —entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre— Ignacio González —con una complicada relación con la dirección de su partido, el PP—, a cuenta del alquiler de un ático de lujo en Marbella. El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, reconoció en una comparecencia en el Senado el 18 de julio de 2012, que se había enterado de que tal investigación existiera al verla publicada en El Mundo. Al no encontrar indicios de delito, la Fiscalía Anticorrupción dio carpetazo al asunto, que provocó la fulminante destitución de uno de los cargos más importantes del organismo, el poderoso comisario general de la policía judicial, José Enrique Rodríguez Ulla. Solo cinco meses aguantó en el cargo. Es el comisario general más breve de la historia de la policía. El ático de Ignacio González ya había hecho rodar algunas cabezas más. En abril de 2012 había sido relevado Agapito Hermes de Dios, comisario jefe de Marbella.
Después, llegó el caso Interligare, con Alfredo Pérez Rubalcaba en la diana. Según un nuevo informe repleto de elucubraciones y datos sin contrastar, el exministro del Interior había montado una trama de corrupción con base en la empresa Interligare para espiar al PP, con sede en la misma calle, y lograr contratos irregulares. Ningún juzgado había abierto diligencias por el asunto. Pero Asuntos Internos sí había abierto una investigación al comisario que había dirigido esos informes contra Rubalcaba, Jaime Barrado, entonces jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, que terminó siendo destituido.
Además de Ignacio Ulloa, al que fuentes policiales atribuyen “malas relaciones” con Ignacio Cosidó, aunque fuentes próximas a este último insisten en que eran “buenas”, también han sido relevados, cesados o destituidos en el último año Pedro Agudo, jefe de gabinete de Cosidó, y Concepción Figuerola, jefa del gabinete del secretario de Estado.
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Pocas palabras, siempre polémicas
Al hasta ayer secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, se le había oído poco, pero sus declaraciones han venido casi siempre acompañadas de polémica.
Enfrentamiento con Garzón. Para explicar la reducción de la escolta al juez Garzón, declaró: “La escolta no es ni un servicio por razón de estatus, ni un servicio de mayordomía”. “Garzón sigue siendo una persona que podría tener un riesgo mínimo, no con respecto a las personas que él pudiera pensar, los terroristas, sino con respecto a la ciudadanía”. El juez le respondió en una carta abierta publicada en este periódico, en la que le advertía que su decisión podía “revertir en perjuicios irreparables” para su integridad.
La piedra y la prima de riesgo. Preguntado por el coste del descomunal despliegue policial con motivo de la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona el pasado mayo (8.000 agentes), Ulloa no respondió, pero sí dijo: “No podemos permitir que por la broma de la piedra o del cóctel molotov suba la prima de riesgo”.
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