El juez Varela sentará a Garzón en el banquillo por su causa al franquismo

EL PAIS

El juez Varela sentará a Garzón en el banquillo por su causa al franquismo

El magistrado del Supremo deniega las pruebas solicitadas por el juez y lo procesará por abrir sin competencias una causa contra la dictadura

JULIO M. LÁZARO - Madrid - 07/04/2010


El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación que habría cometidoal abrir una causa por las desapariciones del franquismo sin contar con competencias legales. Varela ha transformado las diligencias en un procedimiento abreviado y da un plazo a las partes (Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e identidad) para formular un escrito de acusación. El auto admite recurso, aunque todos los presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Supremo y su interposición no paralizaría el proceso.
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El juez del Alto Tribunal, además, ha denegado las pruebas que había solicitado Garzón , como las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. La secretaría de causas especiales ha comunicado que la resolución no está preparada pero que lo estará a lo largo del día.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha manifestado que no conoce el auto de Varela, pero que recurrirá la transformación del procedimiento abreviado directamente en apelación ante la Sala por considerar inútil hacerlo ante el propio instructor. En su recurso impugnará la denegación de las pruebas, insistirá en que la Sala no ha contestado a los argumentos de su anterior recurso de apelación y discutirá que la Sala no contestase a sus argumentos para no contaminarse, puesto que, en su opinión, ya está "contaminada".
A partir del momento en que las partes reciban todas las actuaciones, disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura del juico oral. El recurso de Martínez-Fresneda no interrumpe la tramitación de la causa, por lo que Falange Española de las JONS y Manos Limpias ya pueden ir presentado sus escritos de acusación. Si la Sala rechaza, como es previsible, el recurso de Martínez-Fresneda, éste dispondrá de un corto plazo para formular su escrito de defensa y después será Varela quien decrete la apertura del juicio oral, a solicitud de las acusaciones. Una vez se decrete la apertura del juicio oral sería el momento de que el Consejo del Poder Judicial decrete la suspensión de funciones del juez.
La defensa de Garzón estima que el proceso irá más rápido a partir de ahora, para aprovechar que están "vivos" los otros dos procedimientos contra Garzón. En principio, el recurso que formule ahora puede estar resuelto en un par de semanas, y en un mes podría haber ya fecha para celebrar el juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional, al tiempo que se recrudecen los procedimientos por los cursos impartidos en Nueva York y las escuchas telefónicas del caso Gürtel. La decisión Varela de sentar en el banquillo a Garzón ha coincidido precisamente con el levantamiento del secreto del caso Gürtel .
Querella ultraderechista
El jueves 16 de octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, el 27 de mayo de 2009 el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias, querella a la que luego se han sumado, con el beneplácito del tribunal, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.
En este caso, los fiscales han mostrado dos caras. Por un lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia. El delito de prevaricación consiste en dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años.