Sectores del PP piden más dureza contra Mas
La fiscalía ultima una querella contra la Generalitat
el pais - CARLOS E. CUÉ Madrid 10 NOV 2014 - 20:30 CET1486
Mariano Rajoy. / ULY MARTÍN
Mariano Rajoy ha comprobado que lo que es bien visto en Cataluña, esto es su tolerancia ante la consulta alternativa, tiene una reacción contraria entre sus dirigentes, militantes y opinadores más conservadores. El Gobierno ha recibido críticas internas desde ese ala de su partido, y abiertas desde otras formaciones como UPyD y Vox, que le acusan de dejación de funciones por no impedir la consulta.
El PP, que vio con gran preocupación cómo votaban los catalanes sin que nadie se lo impidiera y sobre todo cómo Artur Mas se vanagloriaba de su éxito ante el silencio de Rajoy, espera ahora que al menos la fiscalía denuncie al president.
El Ejecutivo también está pendiente del Ministerio Público. Este, según fuentes jurídicas, ultima una querella contra los responsables de la Generalitat que han organizado el proceso participativo. Varios consejeros han sido los protagonistas principales, y la única duda está en saber si el propio Mas estará en esa querella. Él mismo apuntó en ese sentido al retar a la fiscalía cuando dijo “el responsable soy yo”. En cualquier caso la querella se va a medir mucho y no se presentará hasta que la fiscalía esté muy segura de que no se va a rechazar, por lo que es posible que tarde unos días. Rajoy ha trasladado el mensaje de que no quiere nada que pueda ser utilizado para un discurso victimista en Cataluña, aunque el Gobierno se declara ajeno a la decisión de la fiscalía y dejará en ella toda la responsabilidad.
En el PP, también el catalán, el más presionado porque está perdiendo espacio a costa de Ciudadanos, crece la inquietud por la imagen trasladada el domingo, en la que Mas parecía el vencedor. Las críticas expresadas públicamente por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo por la inacción de Rajoy son compartidas en privado por otros diputados y dirigentes. Por eso tanto el PP como el Gobierno están pendientes de que actúe la fiscalía para mostrar que el Estado responde. Se esperaba que lo hiciera, pero ahora se habla de que lo hará hoy.
Otros diputados fieles a la dirección, como el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, evitaron criticar al Gobierno, pero responsabilizaron al Tribunal Constitucional por no haber impedido la consulta alternativa: “Creo que el que tenía que haber actuado es el Constitucional. Podría haber tomado la iniciativa para que su resolución se cumpliera”, aseguró De la Serna a Europa Press.
Consciente de esta tensión interna y de las críticas en los medios de comunicación conservadores, María Dolores de Cospedal trató de calmar los ánimos. Aseguró que la consulta alternativa se hizo “al margen de la legalidad” y, por lo tanto, el Gobierno “actuará en consecuencia”. Además, minimizó el proceso, al que llamó “simulacro” porque en su opinión su respaldo estuvo “muy por debajo” de lo que algunos pretendían. En cualquier caso insistió en que no había garantías, por lo que “cualquier valoración acerca de datos o cuestiones semejantes carece de toda validez porque no tiene ninguna fiabilidad”.
Más rotundo fue aún el portavoz del PP en el Parlamento Europeo,Esteban González Pons, trasladando un sentir muy extendido en el PP. Este dirigente no criticó a Rajoy, al contrario, dijo que es “el hombre adecuado para este momento” porque ha logrado “desactivar la bomba política que había puesto Mas”, pero apremió a la fiscalía a actuar. Pons dijo por la mañana en TVE que confiaba en que el fiscal llamara a Mas —no sucedió— para que este diera explicaciones sobre el “uso de datos personales, de recursos públicos y de material que no debe ser politizado para una manifestación de una sintonía política determinada”.
“Si cualquiera de nosotros nos saltáramos la ley y saliéramos en la tele diciendo que soy el responsable, el fiscal nos llamaría”, aseguró Pons, invitando así claramente a la fiscalía a actuar contra Mas, una decisión políticamente muy delicada y que no cuadra con los mensajes que está lanzando Rajoy de minimizar esta votación.
El presidente ha optado de nuevo por el perfil más bajo posible, y si el domingo solo hubo una mínima comparecencia sin preguntas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, no salió nadie. Será Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, en una respuesta en el Senado al portavoz de CiU, quien ofrezca la respuesta política. Rajoy no tiene previstas comparecencias hasta que el domingo ofrezca una rueda de prensa en Brisbane (Australia) con motivo de la cumbre del G-20.
Libres e iguales critica a Rajoy
C.E.C
La plataforma Libres e Iguales, un grupo de intelectuales como Mario Vargas Llosa, periodistas, expolíticos y políticos en activo como la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, hizo público un comunicado durísimo contra la “pasividad” de Mariano Rajoy. En la presentación de esta plataforma, en septiembre, estuvieron presentes personas cercanas a Rajoy como Carmen Martínez de Castro, secretaria de Estado de Comunicación, pero este grupo ahora carga con una dureza sin precedentes contra el presidente, al que ven “descalificado para seguir cumpliendo su mandato constitucional”, esto es: no debería seguir en La Moncloa.
“Por desgracia para la democracia y para el mantenimiento de los más elementales vínculos de confianza entre gobernantes y ciudadanos, el gobierno del presidente Rajoy ha observado pasivamente el desarrollo de los acontecimientos, olvidando culpablemente que su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución”, señala el texto.
“El gobierno de la Generalidad ha exhibido el sometimiento del Estado de derecho como un triunfo político. Esta agresión a la democracia no ha recibido la respuesta que merece. El Gobierno del presidente Rajoy no ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña. Su dejación ha debilitado gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo político”, aseguran.
Vox denuncia al presidente
EP
Vox, la formación a la derecha del PP liderada por un exdirigente de este partido en el País Vasco, Santiago Abascal, anunció ayer que presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra Mariano Rajoy por dejación de funciones al no impedir la consulta alternativa en Cataluña.
Para Vox, Rajoy estaría cometiendo un delito contemplado en el artículo 408 del Código Penal: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”, señala.
El presidente de Voz, Santiago Abascal, asegura que Rajoy es el “responsable de que se haya producido el referéndum secesionista en Cataluña”, lo que en su opinión ha causado un gravísimo daño al interés general de España.
“Rajoy juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Había firmado un contrato con la gente. Tenía el mandato de una gran mayoría absoluta y en su mano el poder, y los instrumentos para ejercerlo”, asegura Abascal. Según él, ni Rajoy ni su Gobierno están persiguiendo los delitos que se están cometiendo por parte de Artur Mas y la Generalitat y tampoco ha querido aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite llegar a la suspensión de la autonomía catalana.
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