Movimiento antidesahucios
La Policía impide por primera vez paralizar un desahucio en Madrid
Más de cincuenta antidisturbios revientan el intento de 50 activistas de evitar el segundo desahucio de una familia de Pueblo Nuevo, en lo que supone un cambio de estrategia de los organismos judiciales para enfrentarse a la ola de frenos de desalojos
EL PAIS - CARMEN PÉREZ-LANZAC - Madrid - 20/07/2011
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María José, rodeada de agentes, saca sus enseres de la casa, propiedad del banco tras subasta pública.- SAMUEL SÁNCHEZ
Se veía venir que no iba a ser un desahucio más y así ha sido. Más de 50 antidisturbios han tomado por sorpresa a la veintena de activistas que a las siete y media de la mañana ya esperaba en el portal del piso de María José -no quiere facilitar su apellido- y sus dos hijos, de 24 y 25 años, este último con una discapacidad del 77% por un accidente que sufrió en la infancia. Sabían que habría refuerzo policial, pero no que llegaría tan pronto -las 7.45- y que serían tantos. El de esta mañana ha sido el segundo intento de desalojar a esta familia, que hasta hoy vivía en el barrio de Pueblo Nuevo (distrito de Ciudad Lineal, en el este de Madrid). La nueva orden de desahucio que la juez emitió a finales de la semana pasada no daba lugar a un nuevo fracaso, pues pedía expresamente la intervención de "cuanta fuerza pública que sea necesaria para su práctica y adoptándose cuantas medidas sean necesarias".
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"Gracias por todo pero nos desalojan. No soy morosa, lo que soy es pobre"
La acción contra los madrugadores activistas ha sido rápida y contundente. Los policías les han desalojado con firmeza y así como a los periodistas y han establecido un perímetro de seguridad de un kilómetro. Dentro del piso, haciendo compañía a María José y a su hija, estaban dos activistas del Movimiento 15-M que han pasado la noche allí y que se han encadenado a la puerta. Un tercer solidario, Chema Ruiz, miembro de Democracia Real Ya y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH), que está asesorando a esta familia, ha llegado a las seis de la mañana. Una vecina se ha quedado a cargo del hijo discapacitado para evitarle el trago.
Una vez acordonada la zona, los policías han esperado la llegada de la comisión judicial, quesiempre se compone de policía municipal, dos representantes del juzgado, un cerrajero (por si acaso) y el procurador, que representa al banco, en este caso la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que es propietaria legal del piso desde que se lo adjudicó hace unas semanas en subasta. María José, de 55 años, hipotecó su piso -un bajo de la zona de Pueblo Nuevo, un barrio obrero- hace 18 años para pagar unas deudas junto con su ex pareja. En 2002, terminada ya esa relación e incapaz de asumir a sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas, que intermedió con la CAM para concederle una nueva hipoteca. A pesar de que ha perdido la vivienda, la entidad bancaria le sigue reclamando 200.000 euros -gastos, intereses, más la deuda pendiente-. María José ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado más 168 euros por la Ley de Dependencia. Su hija de 24 años, que es avalista, está en el paro.
A partir de las ocho y media de la mañana, hora a la que la PAH había citado a quien quisiera acudir, se han sumado decenas de personas a la protesta. Los indignados se han divido en dos grupos, cada uno a un lado del cordón policial. Pero poco podían hacer ya. Corear protestas y explicar a los vecinos, por medio de un megáfono, qué estaba pasando en el barrio: "Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la van a desahuciar, la está echando el banco. ¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!". Desde dentro del hogar, nerviosos y viendo ya que el desahucio era inevitable, Paco, uno de los activistas encadenados, decía: "Resistiré pacíficamente con todo mi corazón".
Pasadas las nueve y media, hora de la cita, ha llegado al portal la comisión judicial y dos camiones de mudanzas. Rafael Mayoral, asesor de la PAH y abogado de María José, no ha podido acceder a la vivienda. Mayoral ha presentado esta madrugada en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricación contra la juez Maria Trinidad Cepa, titular del juzgado de primera instancia número 31 de Madrid, ya que "según el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento civil, debería haber notificado el desahucio también a los demás residentes del piso para que pudieran alegar", sostiene.
Los antidisturbios que han accedido a la vivienda han cortado la cadena que mantenía unidos a la puerta a dos activistas y los han sacado a la fuerza. María José y su hija, visiblemente alteradas por la excitación propia del momento, han salido a la calle y se han dirigido a los indignados. "Ya, nos han desalojado", ha dicho la hija. "Gracias por venir. No soy una morosa, simplemente soy pobre", ha añadido su madre.
Tras este fracaso, el primero de los ocho desahucios que se han frenado en Madrid (tres de ellos convocados por la PAH), los activistas han ido a la sucursal de la CAM, que han llenado de pegatinas ("Que se sepa: este piso estafa y echa a la gente de su casa"), y de ahí se han ido a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal ha pedir una vivienda para esta familia que ahora pierde su techo. De momento piensan cobijarse en un local que un vecino les ha dejado, pero no tiene cocina y es pequeño. Ahí se han trasladado de momento. "Nunca se sabe, la vida es extraña, quizá este cambio radical es el comienzo de algo bueno", decía en plena vorágine la hija de María José.
Desde Cataluña, donde la PAH lleva desde noviembre paralizando desahucios, Adriá Alemany, economista y portavoz, dice que hasta ahora sólo han fracasado en la paralización de un desahucio en Vic, pero que lograron que los servicios sociales dieran una vivienda social a la familia. También dice que en las últimas resoluciones, en lugar de avisar de la fecha y hora en firma del lanzamiento, algunos jueces han cambiado de estrategia para evitar que se paralicen más desalojos: no dan una fecha en firme, sino que avisan de que el desahucio tendrá lugar entre una horquilla de días, lo que imposibilita que los activistas puedan organizarse y frenarlo. Ante esta nueva situación, Alemany informa que desde Cataluña se plantean ocupar los pisos desahuciados una vez desalojados. Así mismo, las diversas PAH que ya hay en España planean convocar una manifestación conjunta. Piden la dación en pago (que la entrega del piso salde la deuda) para los deudores de buena fe que van a perder su vivienda habitual y que se permita a las familias quedarse en el piso pagando un alquiler social del 30% de sus ingresos.
En Madrid en el primer trimestre del año se desalojó a 2.532 familias, más del triple que en primer trimestre de 2008. Los barrios del sur son los más afectados. Solamente en el barrio de Vallecas, el pasado 13 de julio se ejecutaron la friolera de 16 desahucios. Lo normal es que la comisión judicial encuentre los pisos vacíos y tengan que forzar la puerta para entrar.
Un caso complejo
El de María José, que fue el tercer desahucio paralizado por la PAH y que se va a convertir en el primero que la policía impide impedir, es un caso bastante complejo. Sus problemas se remontan a hace 18 años, cuando hipotecó su piso para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada esa relación e incapaz de asumir sola las cuotas, acudió a una reunificadora de deudas que le tramitó un nuevo préstamo con la CAM, que le concedió 157.000 euros. Hoy, la entidad le reclama 200.000 euros, una cifra lejos de las posibilidades de esta mujer, que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y 168 euros por la Ley de Dependencia. También vive con ella una hija de 24 años licenciada y en paro.
La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que les ha informado de que tardarán tres años en asistirles y les han aconsejado que acudan a un albergue. Eloi Morte, de la PAH, ha insistido en que el objetivo es lograr una alternativa habitacional o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus ingresos
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