El Gobierno suprime 29 empresas públicas y 32 altos cargos para ahorrar 16 millones al año

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El Gobierno suprime 29 empresas públicas y 32 altos cargos para ahorrar 16 millones al año

El Consejo de Ministros aprueba un paquete de medidas que supone la desaparición de ocho directores generales, un secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general. En el sector público empresarial, se reducen en 450 los consejeros y en un 10% los puestos directivos

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E. MONTAÑÉS / G. SANZ | MADRID
Actualizado Sábado , 01-05-10 a las 12 : 34

El adelgazamiento planteado por el Gobierno en el sector público y que ha sido aprobado hoy en el Consejo de Ministros conllevará la salida de 32 altos cargos de la estructura actual del Ejecutivo y la eliminación de 29 empresas del sector público, unas medidas que se sitúan en el marco del Plan de austeridad para reducir el déficit a niveles más cercanos al 3% del PIB en 2013. Preguntada por valores absolutos del ahorro, Elena Salgado ha cifrado en 16 millones de euros anuales los que ahorrará el Gobierno con este paquete de medidas, 48 millones de euros hasta ese horizonte marcado. María Teresa Fernández de la Vega ha resaltado que se trata de «medidas rotundas» y no alberga dudas de que «la economía española hará bien los deberes».
Según han explicado las dos vicepresidentas del Gobierno, se aplicará la reducción de cargos y directivos en los Consejos de Dirección en aquellas empresas en las que la participación estatal supera el 50% (pasan de 106 entidades a 77). Se eliminan 14 empresas y se fusionan otras 24, lo que supone las 29 empresas menos que antes y una reducción del 27% en el conjunto del sector público empresarial, o sea de sociedades que se extinguen, entre las que se encuentran Astilleros Españoles o la Sociedad Estatal para el Desarrollo Tecnológico del Turismo.

El plan de ahorro que planificaba con mucho sigilo el Gobierno, tras tres años de crisis, afectará a la salida inminente de 32 altos cargos, entre secretarios de Estado, secretarios generales, subsecretarios y, sobre todo, directores generales, según adelantó esta semana ABC. Según ha explicado María Teresa Fernández de la Vega, afecta a ocho directores generales, un secretario general y 14 organismos autónomos con rango de director general.

Asimismo, se reducen en 450 los consejeros de empresas con participación del Estado y en un 10% los puestos directivos, 80 puestos de trabajo concretamente, ha desgranado en la rueda de prensa posterior al Consejo de los viernes la ministra de Economía, Elena Salgado. La fecha de salida de los directivos será el próximo 31 de diciembre, mientras que se hará efectiva la eliminación de los consejeros el próximo verano.

Los cambios en Exteriores serán tras la Presidencia de la UELa vicepresidenta primera del Gobierno ha emplazado al fin de la Presidencia española de la Unión Europea (UE) para que se plasme la supresión planificada dentro el organigrama del Ministerio de Exteriores y en el conjunto de las Secretarías de Estado. El recorte de altos cargos sí empezará en las próximas semanas y se acometerá en los próximos tres meses, ha enunciado De la Vega. Según ha podido saber ABC, estos recortes no comenzarán hasta el próximo semestre porque legalmente la Unión Europea (UE) exige que las reuniones ministeriales dentro de la Presidencia europea estén presidididas por un secretario de Estado o un ministro del ramo, por lo que esos ajustes no pueden producirse todavía.
A continuación, De la Vega ha dejado claro que se va a reestructurar la Administración General del Estado, que va a tener «el mismo trabajo», pero «con menos recursos humanos». En este contexto, ha situado la eliminación de direcciones generales en casi todos los ministerios, que afecta, entre otras, a la Dirección para el Desarollo de la Sociedad de la Información, o las direcciones de Política Económica y el departamento de Educación y Cultura dentro de la Presidencia del Gobierno. Pese al ajuste, De la Vega confió en la Administración General del Estado (AGE) y sus funcionarios «para seguir desempeñando sus tareas».

Ha agregado que el plan de racionalización, aprobado por el Consejo a través de dos reales decretos y dos acuerdos, no se hace sólo por una cuestión de ahorro, sino para adecuar tanto la Administración General del Estado como sus empresas y fundaciones a las necesidades de hoy en día «con rigor, decisión y responsabilidad» y a las demandas de los ciudadanos. Según Fernández de la Vega, con estas medidas también se busca cumplir con el compromiso de reducir en un 4% los costes laborales de la administración y del sector público.