Garzón pide un traslado de siete meses a la Corte Penal Internacional

EL PAIS

Garzón pide un traslado de siete meses a la Corte Penal Internacional

El magistrado no abandona la judicatura ni su plaza en la Audiencia Nacional.- Siguen vigentes las tres causas abiertas contra él en el Supremo

MANUEL ALTOZANO - Madrid - 11/05/2010


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado esta mañana su pase a servicios especiales para ocupar una plaza de asesor externo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo y que depende de Naciones Unidas. La decisión deberá ser ratificada mañana por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
La decisión del juez no significa que renuncie a la judicatura ni a su plaza en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia. Garzón tiene tres causas abiertas en el Tribunal Supremo que seguirán adelante en su tramitación.
El fiscal Moreno Ocampo fue quien cursó, el pasado 6 de mayo, la invitación para que asistiera a su oficina. Le invita a participar como consultor externo por un período inicial de siete meses.
Moreno Ocampo quiere a Garzón a su lado para poder contar con su experiencia en la investigación de crímenes organizados y masivos y que asesore a la fiscalía de la CPI para mejorar las técnicas de investigación. El propio fiscal del organismo aseguró el pasado mes de noviembre en una entrevista en EL PAÍS que "el mundo necesita jueces como Garzón, que se enfrenten al poder"tras recordar que fue quien abrió "el primer gran caso de justicia universal", en referencia a la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón realizaría su trabajo desde la sede de La Haya (Holanda) aunque eventualmente podría desplazarse a Congo, Uganda, Colombia o Sudán, países donde ese tribunal tiene causas abiertas.
La tramitación del expediente de traslado a la fiscalía de la CPI tiene que contar con el visto bueno del Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El magistrado tiene abiertas tres causas contra él en el Tribunal Supremo por varios supuestos delitos de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, ordenar escuchas entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados y por los supuestos pagos que recibió del Santander para financiar unos cursos que él mismo dio en una universidad en Nueva York.