Los fiscales reclaman un depósito único para evitar robos de alijos y material requisado a los narcotraficantes

ELPAIS

¿Dónde están los fardos?

Los fiscales reclaman un depósito único para evitar robos de alijos y material requisado a los narcotraficantes

ELISA LOIS - Vilagarcía - 08/12/2009

La desaparición de 12 kilos de cocaína en el cuartel de la Guardia Civil de O Grove el pasado verano ha puesto en evidencia las carencias del sistema de custodia de alijos y embarcaciones intervenidas a los narcos en Galicia.

La desaparición de 12 kilos de cocaína en el cuartel de la Guardia Civil de O Grove el pasado verano ha puesto en evidencia las carencias del sistema de custodia de alijos y embarcaciones intervenidas a los narcos en Galicia. Después de años de represión contra el narcotráfico, el modelo sigue sin dar garantías.Para evitar estos incidentes, el fiscal antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, propone la concentración de todos los alijos en sedes centralizadas, dotadas de mayores garantías de seguridad y con medidas para la diferenciación de cada uno.

Sólo hace cinco años, la legislación dio un paso adelante cuando permitió que los alijos pudiesen ser destruidos casi inmediatamente después de ser capturados. Antes de producirse esta revisión, los cargamentos de droga, grandes o pequeños, podían permanecer sine die en depósito, antes de ser incinerados. Su destrucción normalmente se decidía una vez que concluía la instrucción judicial de cada caso y siempre estaban a merced del tiempo que durará el proceso, que podía ser de años.

Además del peligro potencial que entrañaban estas dilaciones, luego se producían desfases de las cantidades incautadas, ya que los alijos se pesaban dos veces, al inicio y al final de las diligencias judiciales, y en la mayoría de los casos las diferencias eran notables. Era tanto el tiempo transcurrido que se producía una merma de los fardos debido a las reacciones químicas de los estupefacientes. Un factor añadido que exponía los cargamentos a situaciones de pillaje.

El incidente de O Grove -donde el juez investiga si el alijo fue robado por un albañil que hacía obras en el cuartel- no es un caso aislado. El primero se destapó en otro cuartel del País Vasco, donde desapareció parte de un alijo de hachís incautado a traficantes gallegos. El último se registró en las dependencias de la Jefatura de Policía de Sevilla, de la que se sustrajeron 154 kilos de cocaína. "La incineración de los cargamentos de droga se hace ahora en tiempo récord", afirma el fiscal De Azcárraga. La orden judicial para la incineración se produce una vez que se han efectuado las analíticas sobre el grado de pureza ya que de ella va a depender un elevado porcentaje de la condena. Una muestra de la sustancia intervenida queda bajo custodia del respectivo organismo que efectúa el análisis y no se destruirá hasta que el procedimiento penal concluya. Además, incide el fiscal, la quema de la droga genera una serie de gastos que no tienen por qué ser soportados por el Estado. Azcárraga propone que "se dé cuenta de los mismos al juzgado para que los asuman los propios los condenados, siempre amparándonos en el Código Penal".

Algunas dependencias, como el cuartel de O Grove, no reúnen las condiciones requeridas para garantizar la cadena de custodia de la droga que se interviene. Los responsables del cuartel se encontraban de vacaciones cuando desapareció casi la mitad de un fardo de cocaína de 20 kilos que estaba guardado en el sótano. Esta droga era la prueba de cargo de un alijo de 3.500 kilos que habían arrojado al mar los tripulantes de una planeadora cuando era perseguida por Aduanas. Los albañiles que en aquellos días acometían las obras de ampliación en el cuartel son los principales sospechosos del robo.
Planeadoras en la calle

Además de un depósito para los alijos, urge otro recinto adecuado para las embarcaciones que son requisadas. Actualmente, los medios terrestres y marítimos y de toda índole empleados por las organizaciones que se desarticulan quedan depositados en lugares variopintos: desde naves o garajes, que generan los correspondientes gastos, hasta incluso la vía pública.

Pero el caso más insólito se ha producido recientemente cuando un particular se ofreció de forma altruista a custodiar en terrenos de su propiedad las últimas planeadoras que se incautaron, valoradas en más de un millón de euros, que pertenecían a un importante clan de narcotraficantes.

La Justicia aceptó sin dudar tal ofrecimiento después de sopesar que la oferta reunía todas las garantías de conservación de los efectos y su confidencialidad. El fiscal cree que "la solución pasa por encomendar a un organismo público la enajenación anticipada de tales efectos, previa autorización judicial, evitando así su almacenamiento y su inexorable deterioro, amén de los elevados gastos que genera su custodia".