«Éramos el país del "no a la guerra" y hoy somos el de sí a los crímenes de guerra»

ABC-Miercoles 03 Junio, 2009

«Éramos el país del "no a la guerra" y hoy somos el de sí a los crímenes de guerra»

L.M.G. | MADRID

Desengañados con una especie de traición por parte del Ejecutivo socialista al espíritu del «No a la guerra» —capitalizado con profusión de medios por el PSOE en sus tiempos de oposición— asociaciones pro-derechos humanos y más de 300 personas presentaron ayer en Madrid un manifiesto contra la reforma que el Gobierno de Rodríguez Zapatero quiere introducir para limitar la llamada jurisdicción universal de la Audiencia Nacional.
Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rigths Watch (HRW) lo consideran «una conquista irrenunciable de la democracia que posibilita que los crímenes internacionales no queden impunes. Esto engrandece la calidad democrática de nuestro sistema judicial y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos», asegura el manifiesto.
España es un referente de la justicia universal, según los firmantes del texto ayer presentado. «La ley española no es sólo de los españoles, sino de las víctimas de todo el mundo: guatemaltecos, tibetanos, palestinos... España, desde el caso Pinochet, se había convertido en sinónimo de justicia», afirmó el portavoz de HRW, Reed Broody.
Para todos ellos, la credibilidad española está en juego. «La ley ha sido eficaz contra los déspotas del Tercer Mundo, pero cede ante los poderosos», en referencia a EE.UU., China y Rusia. Según Manuel Ollé, «la política exterior jamás se puede desarrollar a costa de los derechos humanos». Ollé y otros abogados aludieron a las presiones políticas y comerciales que el Gobierno habría recibido de estos países. «Es triste que se pretenda intercambiar acuerdos económicos por el silencio cómplice del asesinato de inocentes», manifestó el abogado Carlos Iglesias.
Dos jueces de la Audiencia
Las organizaciones criticaron duramente el procedimiento empleado por el Ejecutivo para la reforma. A su entender, socialistas y populares han aprovechado la tramitación de la ley procesal que implantará la nueva Oficina Judicial para pactar esta enmienda. Se trata, dicen, de una medida precipitada y carente de rigor, introducida «por la puerta trasera, a hurtadillas». «Se está quitando el debate a la sociedad», aseguró el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, organización que apoya el manifiesto, que también ha sido respaldado por los magistrados de la Audiencia Santiago Pedraz y Eloy Velasco.
Los abogados de procesos universales abiertos se mostraron preocupados. Gonzalo Boyé, que defiende los casos de Guantánamo e Israel, fue el más beligerante: «Hace una legislatura, España era el país del “no a la guerra” y ahora se ha convertido en el país del sí al crimen de guerra».
Con la limitación que se pretende aprobar, sólo se ejercerá la justicia universal en los casos que afecten a españoles o cuando los presuntos delincuentes se encuentren en España, y siempre que un tribunal extranjero o del país donde ocurrieron los hechos no esté procediendo a su persecución. Para las asociaciones, lo siguiente será eliminar también esta posibilidad.
Si la reforma se aprueba, los letrados no descartan recurrir ante el TC porque, según Ollé, España estaría incumpliendo sus compromisos con los Derechos Humanos