Abortar a los 16: sin permiso... ¿y en secreto?

EL PAIS

Abortar a los 16: sin permiso... ¿y en secreto?

La posibilidad de que las menores decidan sin contar con sus padres se convierte en uno de los puntos más controvertidos de la reforma

MÓNICA CEBERIO BELAZA 01/06/2009
Una chica de 16 años se queda embarazada y decide abortar. Va al hospital con una amiga o con su novio. Sin decírselo a sus padres. Porque piensa que no estarían de acuerdo, porque no tiene confianza, o, sencillamente, porque no quiere dar cuentas a nadie de su intimidad.
Una chica de 16 años se queda embarazada y decide abortar. Va al hospital con una amiga o con su novio. Sin decírselo a sus padres. Porque piensa que no estarían de acuerdo, porque no tiene confianza, o, sencillamente, porque no quiere dar cuentas a nadie de su intimidad. Esta imagen, que será una realidad si el anteproyecto de ley del aborto se aprueba tal cual por el Parlamento, está atormentando a un buen número de padres y madres españoles, tanto a favor como en contra del derecho al aborto, que creen que el Estado debe garantizarles que puedan tomar parte en una decisión tan trascendente como interrumpir un embarazo. Piden que, al menos, se les informe de lo que va a hacer su hija.
Frente a esta opinión, otro sector sostiene que si la mayoría de edad sanitaria está en los 16 años, si a esa edad los adolescentes pueden consentir cualquier intervención quirúrgica, no debe haber excepciones para el aborto. Será labor de los padres conseguir una relación fluida con sus hijas y que ellas busquen su apoyo. Es lo que defiende el Gobierno. "Evidentemente, lo idóneo es que ante una decisión como ésta, las jóvenes puedan contar con sus seres queridos y con su círculo de confianza, pero esto no se puede imponer por ley", dice la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. "La confianza en el seno de las familias se enmarca en el ámbito de lo privado y al Gobierno lo que le corresponde es establecer seguridad y garantías para que, si una chica decide interrumpir su embarazo y no contarlo por los motivos que sea, la intervención se realice en las condiciones de máxima seguridad, sin que la joven ponga en riesgo su salud. Evitar la clandestinidad y la ilegalidad es también otro de los objetivos de esta ley".
El debate ha calado hondo en la sociedad. El 56% de los votantes del PSOE y el 88% de los del PP no están de acuerdo con el Gobierno, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy este diario. La medida recibe el apoyo sólo del 40% de los electores socialistas y del 8% de los populares.
Dentro del PSOE ya se han alzado voces críticas. Algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, están en contra incluso de que las menores puedan decidir por sí mismas. Pero la mayor parte de los discrepantes sólo reclama, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, información para los padres. El presidente Zapatero ha terciado en la polémica defendiendo que se trata de "una decisión íntima de la mujer", que es la que "tiene la responsabilidad de un embarazo para toda la vida".
En la legislación comparada europea hay numerosos casos en los que se permite a las menores decidir por sí mismas y sin ninguna exigencia adicional. Es así en Reino Unido, Grecia, Portugal, Holanda, Noruega, República Checa, Letonia y Lituania. En Alemania se sigue un sistema basado en la capacidad de juicio, y no en la edad. El consentimiento de las mayores de 16 años se presume válido salvo que se pruebe lo contrario; entre los 14 y 16 se analiza caso por caso; y por debajo de los 14 es necesaria la autorización de los padres a no ser que la menor pruebe ante un juez que tiene capacidad para decidir.
En otros países se exige que las menores tengan la aprobación de un adulto, pero no es necesario que sean los padres o tutores. En Francia, por ejemplo, en principio, deben presentar el consentimiento de su tutor, pero si prefieren no contarlo en casa, basta con que vayan al hospital o a la clínica acompañadas por un adulto que ellas elijan. En Finlandia, las menores de 17 años necesitan autorización, pero no de los padres, sino del médico que practica la interrupción del embarazo. Y en Dinamarca hay comisiones formadas por cuatro personas en cada distrito que autorizan los abortos de menores y discapacitadas. Hungría y Luxemburgo sí exigen la autorización paterna en todos los casos de abortos de menores. Hay otros que también lo hacen, pero con alguna excepción. En Italia, si hay un peligro grave para la salud de la joven, no hace falta el permiso parental, y si los padres no consienten la intervención o no se ponen de acuerdo, decide un juez.
El Gobierno presentará su proyecto de ley a finales de julio o principios de septiembre para que comience su andadura parlamentaria. El texto, según el Ministerio de Igualdad, no exigirá que se informe a los padres. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 -aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar- estableció en los 16 años la mayoría de edad sanitaria salvo en tres supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida y ensayos clínicos. Esa excepción para el aborto es la que el Ejecutivo quiere eliminar.
¿Qué ocurría antes de 2002? El artículo que despenalizó el aborto no hacía referencia al respecto. La única norma aplicable era el artículo 162.2 del Código Civil, que señala que los menores pueden consentir por sí mismos "los actos relativos a derechos de la personalidad" u otros que "de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez", puedan realizar por sí mismos. El problema era quién decidía si tenía o no suficiente madurez. Como el tema del aborto ha sido siempre tan conflictivo, las clínicas (que son las que realizan el 97% de las intervenciones) optaron por evitar problemas y exigir a pesar de todo el consentimiento paterno.
"En un principio se pedía a las menores una carta de autorización firmada por los padres o tutores con una copia del carné de identidad para asegurarnos de que la firma era la misma" explica Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI). "Pero por las denuncias de algunos padres, en casos en los que la menor había falsificado la firma, las clínicas de ACAI empezamos a exigir que las chicas vinieran con los tutores, salvo que estuvieran emancipadas". Si los padres no estaban de acuerdo, la menor podía acudir a un juez, como ahora.
El criterio, de todas formas, no estaba claro, como lo demuestra el artículo 59 del código deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona, que decía que "el médico no practicará nunca ninguna interrupción de embarazo sin el consentimiento libre y explícito del paciente, dado después de una cuidadosa información, en especial cuando éste sea menor, pero con capacidad para comprender lo que consiente. Cuando no exista esta capacidad, será preciso el consentimiento de las personas vinculadas responsables". Esta norma, que quedó sin efecto después de la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente, expresaba que, si la menor tenía suficiente capacidad, no hacía falta el consentimiento de sus padres.
Ahora, el Gobierno tendrá que consensuar con el resto de los partidos. Los tres grupos con cuyo apoyo ya cuenta para aprobar la reforma -el Bloque Nacionalista Galego, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya / Verds y Esquerra Republicana- apoyaron esta medida en las conclusiones de la subcomisión mixta Congreso-Senado. Pero ahora el BNG matiza. "No hay duda de que el aborto debe tener el mismo tratamiento jurídico que el resto de las intervenciones médicas", dice Olaia Fernández, de BNG. "Pero sería conveniente que las familias estuvieran informadas. Una idea que se puede tratar en el trámite parlamentario es que se comunique a los padres no sólo ésta, sino cualquier operación que se le practique a un menor".
Muchas veces las creencias religiosas de la familia provocan que las menores retrasen la decisión y requieran después una intervención quirúrgica más compleja. Si la ley obliga a comunicar el aborto a los padres, ¿cabría alguna excepción en casos de adolescentes que tengan miedo de las consecuencias de su decisión? "La ley no puede entrar en razones morales", opina Olaia Fernández. Uno de los riesgos de la información obligatoria a los padres es que las chicas acudan a abortar a Portugal, donde no se les exige ningún permiso.
Gaspar Llamazares, portavoz de IU, no está de acuerdo en que se imponga la información a los padres. "Hay que tratar este tema como cualquier otro asunto sanitario", opina. "La ley no puede imponer unas buenas relaciones familiares. Y, si nadie discute que a esa edad las chicas pueden tener relaciones sexuales, de la misma forma deben poder decidir la interrupción de un embarazo".
Los parlamentarios tendrán que decidir cómo regulan la peliaguda cuestión durante los próximos meses. Parece que el debate no ha hecho más que empezar.