8 de diciembre de 2012

Las universidades podrán acordar pruebas de acceso conjuntas


La reforma educativa eliminará la Selectividad. Esta será sustituida por una reválida al final del bachillerato (si esta no se aprueba, ni se consigue el título ni se puede acceder a una carrera) y por las pruebas y los mecanismos de acceso que determine, si quiere, cada universidad para cada una de sus titulaciones. Se trata exactamente del mismo proceso que instauró la ley educativa aprobada hace una década por el Ejecutivo popular de José María Aznar (la LOCE), pero que no llegó a entrar en vigor.
Rectores y comunidades habían manifestado en los últimos meses dudas sobre el modelo, por lo que la nueva versión del texto del anteproyecto presentada el martes a las comunidades introduce algunos cambios. Dice que las “evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias” se establecerán “de forma excepcional”, y se añade que las universidades “podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión”.
Este último punto da cobertura a pruebas únicas para acceder a carreras muy demandadas, por ejemplo, algunas ingenierías o Medicina. “De momento no hay nada hablado, pero es un tema política y académicamente muy complicado”, dice el presidente de los decanos de Medicina, Joaquín García-Estañ, que añade que, en todo caso, lo que se ha de evitar es que los alumnos tengan que ir haciendo exámenes de campus en campus y de comunidad en comunidad.
Las “evaluaciones específicas” serán excepcionales, según la ley
Algo parecido advirtió el miércoles el secretario de Universidades de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castellà, que anunció su intención de hacer una prueba única de acceso a los campus públicos y privados de catalanes para evitar el “peregrinar” de los alumnos en busca de plaza.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que las pruebas de acceso son voluntarias. “El que considere que no le interesa diferenciarse ni afinar los procedimientos de admisión de alumnos está perfectamente habilitado por la ley para no hacerlo”, dijo.
La ley dice que el Gobierno desarrollará en el futuro la normativa básica a la que se tendrán que atener las universidades para fijar esos procedimientos, que en todo caso tendrán “alguno o algunos” de los siguientes criterios: calificación final del bachillerato; haber cursado cierta modalidad o ciertas asignaturas en bachillerato; haber sacado buenas notas en bachillerato o en la reválida; cierta “formación académica o profesional complementaria”; o “estudios superiores cursados con anterioridad”.
El temor es una posible acumulación de exámenes para los estudiantes
Pero la gran preocupación son esas “evaluaciones específicas” por la posible acumulación en muy poco tiempo de pruebas, entrevistas o exámenes a sumar a la reválida. La ley dice ahora que serán excepcionales, el problema es hasta qué punto las universidades harán uso de esa excepcionalidad, dijo el director general de Universidades e Investigación de Castilla y León, Angel de los Ríos, según informa Efe. Si las universidades deciden no aplicar ningún tipo de proceso de acceso a alguna titulación, lo que contará es la calificación final de bachillerato: la nota la reválida contará un 40% y la media de todas las asignaturas de bachillerato el otro 60%.
Los alumnos que no aprueben la reválida tendrán cerrado el acceso a la Universidad pero podrán empezar un título de FP de grado superior. Y una vez titulados en uno de estos ciclos, podrán acceder a la Universidad. Pero, en este caso, la ley dice que estos alumnos tendrán que pasar obligatoriamente por un proceso de admisión (ahora, el título de FP les da acceso directo). Ese proceso lo fijarán las universidades a partir de las normas mínimas que fije el Gobierno y que también tendrán que ver con las notas y el currículo previo y también podrán contemplar “excepcionalmente” esas “evaluaciones específicas”.

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