EDITORIAL
Irritación
judicial
En el conflicto múltiple de una
Justicia que es urgente reformar se mezclan demasiadas cosas
Casi todos los colectivos del mundo judicial se han unido en protesta
contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, quien, siguiendo el viejo principio de que más vale una vez
colorado que ciento amarillo, abre varios frentes a la vez y acumula medidas
que suponen más carga de trabajo para los jueces (supresión de interinos, menos
días libres) con una suerte de copago de los costes judiciales (las tasas) o la
pretensión de entregar parte de las tareas del registro civil a los registros
mercantiles y de la propiedad, todo en el contexto de otras muchas iniciativas
legislativas.
Cada uno de los colectivos profesionales que protestan (jueces,
fiscales, abogados, otros funcionarios) tiene sus razones, pero conviene
deslindar los campos. Una cosa son las condiciones en que se presta el servicio
de la justicia y otra, el derecho del ciudadano a la “tutela efectiva de los
jueces y tribunales”, establecida en la Constitución. Es verdad que la
litigiosidad es grande para el aparato judicial disponible y que el coste de
ese engranaje resulta oneroso. Las tasas —que no se aplicarán en asuntos
penales— contribuirían a sufragar parte del coste, pero deben ser accesibles,
en lugar de impedir, en la práctica, el ejercicio de un derecho fundamental.
¿Puede la Administración limitarse a la hora de litigar? ¿Se puede obligar a
las empresas o ciudadanos que más litigan a pagar tasas elevadas, de las que eximir
a los demás? ¿Se pueden ampliar los arbitrajes y mediaciones para descargar de
asuntos a los jueces? Estas preguntas necesitan respuestas, lo mismo que la
conveniencia de diseñar partidos judiciales más amplios. Hay que hacer
compatible el derecho al servicio de la justicia con las posibilidades de
pagarlo desde unas finanzas públicas en crisis. Por eso hay que reformar.
La tarea resulta especialmente delicada cuando afecta a los jueces. Un
juez es independiente en su jurisdicción: carece de jefe, en el sentido que
tiene ese término en las Administraciones jerarquizadas, y sus decisiones solo
pueden ser revocadas por una instancia superior, en el ámbito jurisdiccional, o
por el Consejo del Poder Judicial, en el disciplinario. Seguramente se equivoca
el ministro presentando las protestas únicamente como reacción contra la
supresión de una paga extra o de unos días de permiso. Ese fue el origen del
descontento, aunque ahora también resulta cierto que los jueces reclaman más
medios, que la actual penuria presupuestaria no puede satisfacer.
Ahora bien, precisamente por ser un poder del Estado, los jueces
deberían pensárselo dos veces antes de protestar con huelgas. Ninguna ley se lo
prohíbe ni se lo autoriza, pero el sentido común desaconseja claramente la
huelga a los titulares de un poder del Estado, salvo que quieran dar la razón a
Ruiz Gallardón en el sentido de que se mueven solo por motivos corporativistas.
El ministro dice que su puerta sigue abierta: es cuestión de no dejarle con la
mano en el aire.
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