El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un proyecto de ley para que las Comunidades Autónomas puedan privativar las televisiones autonómicas. El proyecto se remitirá al Congreso para su tramitación por vía de urgencia, y establecerá también que las televisiones regionales deberán someterse a las exigencias de la Ley de Estabilidad, según ha anunciado esta tarde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Consejo ha dado luz verde también el
recorte de 10.000 millones en sanidad y educación anunciado por el Gobierno mediante una nota de prensa.
El Ejecutivo ha analizado además las acciones a tomar después de la
decisión de Argentina de nacionalizar YPF, filial de Repsol. La reunión ha comenzado más tarde de lo habitual porque Rajoy ha llegado a España esta madrugada de su viaje por Latinoamérica, donde ha cosechado importantes apoyos en este conflicto. El presidente se reúne esta tarde con el
Rey para darle cuenta de estas y otras cuestiones.
En la reunión del Consejo de Ministros, que ha comenzado a las once, se han aprobado las medidas acordadas con las comunidades autónomas para ahorrar 7.000 millones de euros en materia sanitaria, entre las que figura el
copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos. En
educación, el Ejecutivo ha dado luz verde a las medidas que se van a implementar para recortar 3.000 millones, entre las que destacan el aumento de la ratio de alumnos por aula y una revisión de la carga lectiva del profesorado.
Los miembros del Gobierno han hablado también de las represalias que se adoptarán ante la expropiación de YPF. Tras conocerse la noticia, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el de Industria, José Manuel Soria, anunciaron que serían
“claras y contundentes” pero sin especificar. Hasta ahora lo poco que ha trascendido es que
España priorizará el biodiésel europeo sobre el argentino.
Durante su viaje a México y Colombia, Rajoy ha recibido el apoyo de los mandatarios de ambos países. El presidente mexicano,
Felipe Calderón, así como los tres candidatos a la presidencia en las elecciones del próximo 1 de julio,
se pronunciaron contra la decisión argentina. No era de extrañar, cuando la petrolera estatal mexicana, Pemex, posee el 8,9% de Repsol. Tampoco está de acuerdo el presidente colombiano,
Juan Manuel Santos.
"Aquí nosotros no expropiamos", le dijo a su homólogo español.
De todo esto y más se espera que Rajoy dé cuenta al Rey en la audiencia que tiene con él esta tarde. Este será el primer acto oficial del Monarca tras romperse la cadera mientras
se encontraba de caza en Botsuana, por lo que fue operado el sábado pasado y permaneció cuatro días ingresado. El jefe del Estado y el del Gobierno no se reúnen desde antes de Semana Santa. El despacho del 9 de abril no pudo celebrarse por el viaje de don Juan Carlos al país africano. Esas polémicas vacaciones provocaron que, en un hecho sin precedentes,
el Rey pidiera disculpas en una breve comparecencia grabada al abandonar la habitación del hospital.
Rajoy tiene así hoy una agenda apretada, un día en el que se cumplen cinco meses de
su victoria electoral y
casi cuatro de la toma de posesión de su cargo. En este tiempo, el Gobierno ha aprobado duros recortes y ha presentado los
Presupuestos más austeros de la democracia. Hoy precisamente ha concluido el plazo para que los partidos presentasen en el Congreso sus enmiendas a las cuentas del Ejecutivo: lo han hecho prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios
, incluido CIU.Todo ello ocurre en el día en el que además se cumplen seis meses desde que
ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Este es
uno de los asuntos más difíciles de gestionar que Rajoy y su equipo tienen sobre la mesa. Se plantean dar pasos en política penitenciaria de modo discreto y lento en los próximos meses, para no levantar excesivo rechazo de la derecha radical. Pero también tratan de avanzar con socialistas y PNV en un pacto de mínimos para mantener las exigencias sobre ETA y la izquierda
abertzale con la vista puesta en la disolución de la banda y la deslegitimación de la violencia. Asimismo el Ejecutivo, el PSE y el PNV tratan de evitar que la derrota de la banda se transforme en una victoria electoral de la izquierda
abertzale en las próximas elecciones vascas, algo que no es fácil.
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