El CNI sugiere por primera vez en un informe la
injerencia rusa en Cataluña
El servicio secreto
señala a “activistas patrocinados por instituciones” de Moscú
El
director del CNI y el jefe del mando de Ciberdefensa. EFE
EL
PAIS - Madrid 21 MAY 2018 - 17:00 BRT
El Centro Criptológico Nacional (CCN) —el organismo
responsable de defender de ciberataques las redes de las administraciones
públicas— recoge por primera vez en un informe oficial sus sospechas sobre la
existencia de una injerencia rusa en la crisis catalana. En un documento en el que hace balance de
las ciberamenazas detectadas durante 2017, el CCN —dependiente del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI)— recurre a una nota a pie de página para sugerir
la intervención de Moscú, aunque sin aportar datos: “Parece demostrada la
presencia de activistas patrocinados por instituciones rusas en la expresión
mediática del conflicto derivado de la situación creada en Cataluña durante
2017, como consecuencia del alejamiento de la legalidad constitucional vigente
de ciertas instituciones autonómicas catalanas”.
Hasta ahora, el Gobierno español se ha limitado a
constatar que muchas de las fake news (noticias
falsas) sobre la crisis catalana difundidas en otoño pasado a través de las
redes sociales tenían su origen en servidores alojados en territorio
ruso, y también venezolano, pero sin responsabilizar al Estado ruso.
El centro adscrito al servicio secreto no llega a hacerlo, pero va un paso más
allá al señalar a “activistas patrocinados por instituciones rusas”.
El caso catalán se inscribe, según el CCN, en una
estrategia más amplia. El año pasado, escribe, fue “testigo de la explotación
que se ha hecho de información obtenida a través de ataques de este tipo con el
objeto de influir en la opinión pública o de las perturbaciones que los agentes
de las amenazas —en muchas ocasiones, patrocinados por Estados— han realizado
sobre procesos electorales o al socaire de situaciones de conflicto. En la
mayoría de las ocasiones las víctimas han sido instituciones democráticas o
partidos políticos de muchos países del mundo, España entre ellos”, recalca el
informe.
“Ha quedado claro que la sustracción digital, la
publicación de información o la intoxicación de los medios de comunicación o
las redes sociales se ha utilizado profusa y estratégicamente por actores
estatales con el objetivo de desestabilizar a otros Estados y polarizar a la
población civil”, insiste. Como ejemplos concretos, cita los ataques sufridos
por la CDU, el partido de la canciller alemana Angela Merkel; por En Marche!,
el movimiento del presidente francés Emmanuel Macron; o por el Partido
Demócrata de EE UU. “Los actores estatales se han centrado en influir
digitalmente en los procesos democráticos al objeto de obtener beneficios
geopolíticos", subraya el documento.
Admite más adelante que “en el período previo a las
elecciones al Parlamento de Cataluña, en diciembre de 2017, se manifestaron
preocupaciones sobre la posibilidad de que se vieran influenciadas por
ciberataques”, aunque estos temores no llegaron a materializarse. Lo que sí se
produjo fue un "incremento importante de ataques DDos o de denegación de
servicio, en gran medida por la campaña contra las [redes] de las
administraciones públicas y empresas" por parte de activistas de la denominada
#OpCatalunya, que afectó a más de 70 páginas web tras el referéndum ilegal del
1-O; aunque su efecto, según el centro, fue muy limitado.
Al margen de las motivaciones políticas, el informe
constata que la mayoría de las campañas de ciberespionaje de motivación económica
registrados el año pasado afectaron "repetidamente a varias empresas
españolas o residenciadas en España" y que "las agencias
gubernamentales de muchos países del mundo, incluyendo España, fueron
repetidamente víctimas de persistentes ataques de espionaje digital a gran
escala originados en terceros países, incluidos algunos que no habían sido
previamente identificados como una amenaza para las redes de los gobiernos
atacados"; es decir, supuestos amigos o aliados.
También advierte del intento del Estado Islámico y
otros grupos afines por trasladar su acción terrorista al ciberespacio; aunque
constata que "los yihadistas todavía no parecen ser capaces de desarrollar
ciberataques sofisticados" y, en comparación con años anteriores, disponen
de menos fondos para hacerse con la tecnología necesaria.
Durante 2017, el CCN gestionó un total de 26.472
ciberincidentes (un 27,22% más que en 2016). Diariamente se tuvo que enfrentar
a cuatro ataques de una peligrosidad muy alta o críticica.
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