Los antiabortistas radicalizan su campaña ante el parón de la ley
Temen que el Gobierno aparque la reforma de la legislación del aborto
Las clínicas donde se interrumpe la gestación denuncian varios ataques
el pais - MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 18 MAY 2014 - 23:36 CET337
Varios activistas antiabortistas se manifiestan frente a la clínica Dator de Madrid. / LUIS SEVILLANO
Las organizaciones antiabortistas están radicalizando su discurso. A las intensas campañas para reclamar una ley de interrupción del embarazo aún más restrictiva de la que se prevé se suman también una serie de ataques a varias clínicas que practican abortos en las últimas semanas, según varias denuncias a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Al menos tres de estos centros en Madrid han sufrido pintadas o roturas de cristales durante varios días por parte de grupos que no se han identificado. Estos actos son el peldaño más alto de la escalada de actuaciones que las organizaciones contrarias a los derechos reproductivos han puesto en marcha, ante el retraso de la reforma de la ley. Una ralentización que achacan a que el de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema incómodo para el Gobierno de cara a las elecciones europeas. El catálogo de actividades va desde un autobús que recorrió las calles de Madrid con sangrientas fotografías de supuestos fetos a una exposición en la que se compara el aborto con el genocidio nazi.
Dos de los centros sanitarios de Madrid —Isadora y Dator— que han denunciado los ataques a la policía han amanecido varios días con la fachada empapelada con fotografías de supuestos restos de las intervenciones y también con pintadas insultantes. “Además, han lanzado piedras a la fachada de cristal y la han roto”, explica la portavoz de Isadora, Empar Pineda. Las veladas o las concentraciones a las puertas de estos centros ya eran muy habituales, cuenta. Pero ahora lo son más. “Están teniendo una presencia y una actividad como no habíamos visto nunca. El hecho de que la ley esté paralizada está generando mucha insatisfacción”, apunta Pineda, que explica que las clínicas presentarán una solicitud a la Delegación de Gobierno para que intervenga. “No podemos permitir que incomoden a las mujeres que vienen”, dice. Pineda explica que la colocación de cámaras de vigilancia en los centros no es viable en este caso, porque atentaría contra el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a ellas.
La diputada socialista Ángeles Álvarez preguntará a la delegada Cristina Cifuentes si están haciendo seguimiento de los ataques de alguna otra forma. “Estos grupos han pasado de rezar en las puertas de las clínicas a reventar cristales. Estos incidentes deberían despertar la alerta de la delegación del Gobierno”, insiste.
Han pasado cinco meses desde que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de Derechos de la Mujer Embarazada. Y desde entonces, la norma apenas se ha movido. Justicia, que encargó una decena de informes a instituciones y organizaciones especializadas, espera aún los análisis preceptivos —que no vinculantes— de varios organismos. Entre ellos el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, que van por su tercera prórroga. Tampoco el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha remitido a Gallardón el informe en el que debe ahondar en la norma desde el punto de vista sanitario. A pesar de que Justicia tiene intención de que el anteproyecto inicie su tramitación parlamentaria antes del parón veraniego —es decir, pasadas las europeas—, fuentes del departamento de Ana Mato reconocen que no hay prisa para hacer el análisis que les corresponde. “Hay otras prioridades; además, el informe es delicado y nos tomaremos el tiempo necesario para hacerlo”, apuntan.
Pero el informe de Sanidad es fundamental, porque la norma traza cambios importantes en la organización de una prestación sanitaria que, según el Gobierno, seguirá en la cartera básica de servicios; y por tanto financiada. La ley permitirá el aborto solo en dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer, un diagnóstico que deberá contar con el aval de dos médicos. El departamento de Ana Mato también debe analizar los efectos de que se permita la objeción de conciencia de cualquier profesional sanitario hacia este tema; y no solo la de aquellos que participan de manera directa en la intervención, como define ahora la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que el Gobierno derogará.
Las clínicas no pueden instalar cámaras de vigilancia para preservar la intimidad de las mujeres que acuden
Gádor Joya, presidenta de Derecho a Vivir, una de las organizaciones contrarias al aborto con más presencia, reconoce han incrementado sus actividades ante el parón de la ley. Se muestra muy crítica ante el silencio del Ejecutivo sobre la norma, que considera, además, “muy mejorable”. “El Gobierno ha retrasado mucho la presentación del anteproyecto y ahora lo ha guardado en el cajón. No sabemos cuánto va a estar durmiendo el sueño de los justos”, afirma. Joya explica que su organización está “orientando la presión” hacia ese retraso. “Esperemos que no se aparque, pero pueden hacerlo, o que la ley quede todavía más light”, dice.
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Quieren hacer llegar su mensaje a los diputados. Para ello han inaugurado una exposición cerca del Congreso, con la que quieren informar “de la verdad del aborto”. “El otro holocausto”, dicen. La muestra —hace un recorrido del embarazo y ofrece imágenes de supuestas intervenciones— permanecerá abierta durante toda la tramitación de la ley.
Para tratar de evitar el silencio sobre este tema durante la campaña de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, Derecho a Vivir ha sacado Vota valores, una iniciativa en la que difunden “los valores y principios que los partidos que defiendan el derecho a la vida y la dignidad humana deberían respetar”. Además de anuncios y actividades, los promotores de la campaña han solicitado reuniones con los distintos grupos.
También las organizaciones ligadas a laFederación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (Face), han puesto en marcha una campaña que se llama Vota por la familia, en la que defienden que se apoye a los candidatos contrarios al aborto, a la educación sexual en las escuelas o contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Harán públicos los nombres de aquellos políticos que hayan apoyado un manifiesto en el que piden que se “promuevan las políticas favorables a las familias”. Una fórmula para dar pistas de a quien votar el 25 de mayo. El aborto, finalmente, ha entrado en campaña.
cincodias.com
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