Hacia la Gran Regresión
Nada se habla de la recuperación de las condiciones cotidianas de los
ciudadanos en el bienestar ni en la regeneración de la vida política, aunque el
Gobierno insiste en los datos que supuestamente avalan el final de la crisis.
El mismo año en el que, felizmente, algunos datos macroeconómicos
permiten debatir sobre el final de la crisis, apenas se entrevé nada sobre la
recuperación de las condiciones cotidianas de los ciudadanos en materia de
bienestar y, mucho menos, sobre la regeneración de la vida política, que es un
asunto que sobrevivirá a la crisis económica. Esta es la realidad a pesar de
que la intensa propaganda del Gobierno pretenda convertir las ocas en cisnes.
A mes y medio de unas elecciones europeas que todas las élites
consideran trascendentales, no hay apenas ambiente de las mismas. Si se
consolidan los niveles de abstención que prevén los sondeos, el 25 de mayo nos
recordará brutalmente la crisis existencial que padece la Unión Europea.
Tratando de adormecer a los votantes, el PP no se ha dignado hasta ahora
proporcionar candidato a esos comicios, ni lista electoral y, lo que es peor,
ni programa. No sabemos como pretende el PP cambiar la realidad que expresaba
el último Eurobarómetro, que decía que sólo el 31% de los europeos confiaba en
la UE (un poco más de la mitad de los que lo hacían antes de la crisis: el
57%).
Para avalar al PP sólo disponemos del programa electoral con el que ganó
las elecciones generales de 2011, y ya sabemos lo que ha dado que sí. Un
programa que decía que era “un programa contra la resignación. Un programa para
crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores y para garantizar
la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción”; un programa
en el que se escribía que “nos preocupan los jóvenes, su futuro, su educación,
sus oportunidades de empleo”, en el que se afirmaba que “el diálogo sincero y
el respeto son siempre esenciales para que los cambios y las reformas sean
estables y fecundos”. Un programa en el que uno de sus seis ejes fundamentales
era “el fortalecimiento institucional y la regeneración política. Necesitamos
instituciones fiables, previsibles, la vuelta al respeto de la ley y a la seguridad
jurídica”.
Los ciudadanos necesitan saber qué van a hacer los representantes de su
Gobierno en las instituciones europeas. Qué ocurre con sus demandas en una
coyuntura determinada por su volumen de desempleo (26 millones de europeos en
paro, de los cuales casi seis corresponden a nuestro país, y en el que
sobresalen dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración, en
permanente crecimiento) y, ahora mismo, por las posibilidades de una deflación
que es especialmente dañina en países como España, Portugal, Grecia, Chipre o
Eslovaquia. En estos países, las tasas negativas en la variación de los precios
de consumo están motivadas en buena parte por la bajada continua de salarios,
lo que conduce a un mayor empobrecimiento de sus sociedades.
Es positivo que esté a punto de lograrse la Unión Bancaria para que en
el futuro la carga de las dificultades de las entidades financieras no
repercuta sobre los contribuyentes. Es más inquietante que el monopolio de la
discusión durante los últimos meses haya sido sólo esa Unión Bancaria y apenas
se hayan abordado problemas como los anteriores o como que las personas en
riesgo de exclusión en la zona lleguen al 25% del total.
La pasada semana se hizo público el informe que los
hombres de negro
de Bruselas y Fráncfort han hecho
sobre España, después del programa de rescate financiero de 41.000 millones de
euros. Mientras nuestro país no pague el 75% de esa deuda, allá por el año
2026, los hombres de negro vendrán dos veces por año a Madrid a supervisar
nuestras cuentas.
Más allá de las alabanzas por lo conseguido y de los reproches por las
reformas prometidas y no puestas en marcha (la autoridad fiscal independiente o
la liberalización de los servicios profesionales), los responsables de la
Comisión y del Banco Central Europeo recordaron que el déficit público tiene
que estar en el año 2016 en el 2,8% del PIB. Lo que significa que en tres años
se ha de pasar del 6,6% a ese porcentaje: un esfuerzo fiscal (por incremento de
la recaudación, por la reducción del gasto público o por una mixtura de ambos)
de 38.000 millones de euros. Eso es lo que exige Europa a nuestro país.
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