4 de agosto de 2011
Mutismo institucional sobre el bloqueo de Sol
EL PAIS - ELSA GARCÍA DE BLAS - Madrid - 04/08/2011
No hay respuestas sobre cómo se va a proceder ni porqué se actuó de esa forma. Ni la Delegación de Gobierno ni el Ayuntamiento de la capital ofrecen información sobre el dispositivo conjunto que están llevando a cabo para impedir que el Movimiento 15-M vuelva a ocupar alguna plaza de la ciudad, sobre todo la de la Puerta del Sol. Desde que el pasado martes la policía desalojó a los últimos indignados de esta plaza, contra el criterio que se había seguido hasta el momento de tolerancia y mera vigilancia, ninguna de las dos administraciones acceden a contestar a preguntas sobre el operativo. No se pronuncian ni sobre cuál fue el motivo de elegir este momento para expulsarles de la plaza -tras 79 días de ocupación pacífica- ni porqué se decidió bloquear el acceso al kilómetro cero.
"Se han adoptado criterios de seguridad con carácter general que se van concretando según se desarrollan las circunstancias para garantizar la seguridad ciudadana", es la contestación que ofrecen desde la Delegación de Gobierno. En el consistorio se limitan a derivar al departamento que dirige Maria Dolores Carrión, y en la Jefatura Superior de Policía dicen que ellos se dedican a cumplir órdenes. Lo que sí se precisa desde la dirección policial es que, salvo una instrucción en sentido contrario, se continuará actuando como hasta ahora, lo que indica que se seguirán cortando los accesos a las calles y plazas.
"Errores políticos"
El bloqueo de la plaza ha sido cuestionado el principal sindicato de la policía. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, ha asegurado en la cadena SER que se han producido "errores políticos" al impedir el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. "Alguien se ha empeñado en que como los indignados han tomado la Puerta del Sol como un símbolo, pues nosotros también tenemos que tomarla como demostración de que no les vamos a dejar instalarse allí", ha afirmado Fornet, que opina que entre el derecho de libre circulación y el derecho a que instalen tiendas de campaña "hay una diferencia" y "desde luego no parece que estén acertando en esta dinámica".
La decisión de desalojar a los últimos acampados se tomó "de manera conjunta" entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior, según informó ayer a este periódico un portavoz municipal. Ambas instituciones "decidieron, prepararon y ejecutaron" de común acuerdo la operación. Entre el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y el ministro, Antonio Camacho, hay una "total sintonía", se precisó.
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