El Congreso ha aprobado, con 318 votos 'síes', 16 'noes' y dos abstenciones, la toma en consideración de la propuesta de reforma constitucional hecha por
PP y
PSOE para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria. Casi todos
los grupos minoritarios han votado en contra de la modificación del
artículo 135 de la Constitucióndurante el Pleno extraordinario de esta mañana. Las excepciones,
Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha votado a favor,
Convergència i Unió(CiU), que ha optado por no votar, y
Coalición Canaria (CC), que se ha abstenido. Ha habido 319 votos a favor y 17 en contra de que la tramitación de la proposición sea directa y en lectura única. Los partidos tienen hasta las 14.00 del jueves para presentar enmiendas al texto, cuya votación está prevista para este viernes.
PSOE y PP han defendido juntos que la disciplina presupuestaria esté incluida en la Ley Fundamental porque contribuirá a preservar el Estado de bienestar y los servicios sociales, despejará "incertidumbres" y generará confianza en la economía española. El portavoz parlamentario del PSOE,
José Antonio Alonso, ha justificado la urgencia de la medida por la "situación insostenible" de la
prima de riesgo de la deuda española y ha insistido en que la iniciativa no supone "para nada" recortes en el gasto social. Al contrario, según el portavoz del Grupo Socialista la reforma persigue "preservar de modo inquebrantable el nivel de conquistas sociales". También sirve, ha asegurado, para "despejar incertidumbres". España es un país "cumplidor en el pago" de las deudas y "no debe haber ninguna duda al respecto", ha subrayado.
Su homóloga en el Grupo Popular,
Soraya Saénz de Santamaría, ha defendido este acuerdo "de un valor fundamental entre los dos grandes partidos" en "un momento tan difícil", algo que para ella constituye un "ejercicio de responsabilidad". Ha coincidido con Alonso en asegurar que "nada pone más en peligro y amenaza las conquistas sociales que unas cuentas públicas insostenibles", porque "no hay política social si no se aseguran los recursos para mantenerla. El resto serán promesas vacías de un día y recortes injustos del día siguiente". "El compromiso no debe ser coyuntural, ha de ser permanente en momentos de bonanza o de crisis", ha advertido Sáenz de Santamaría.
El turno le ha llegado después a los grupos minoritarios. El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha abandonado el debate precisamente en ese momento. "Me voy a tomar un café, que me duermo", han sido sus palabras, según recoge la agencia Efe.
"Ruptura" del proceso constituyente
Prácticamente todos los minoritarios
han criticado las formas de la modificación y, algunos, también el fondo. El primero en intervenir, el portavoz de CiU, ha afirmado que comparte el principio de estabilidad presupuestaria y que es consciente de la coyuntura económica, pero ha subrayado que tomar esta decisión requiere “sosiego y consenso” y no es recomendable hacerlo mediante una “reforma exprés”. Ha evaluado con dureza el pacto de PP y PSOE, que considera una "ruptura" política. "Participamos en el proceso constituyente. Formamos parte del consenso que desgraciadamente hoy no existe”, ha recordado.
"Me voy a tomar un café, que me duermo", ha dicho Rubalcaba cuando hablaban los grupos minoritarios
"La España que ustedes defienden empieza y acaba en el PP y el PSOE. El resto no contamos", ha protestado, antes de defender que los límites de déficit no se establezcan por Ley Orgánica sino que sean competencia de cada Parlamento autonómico. Duran Lleida quiere margen de actuación para las Comunidades Autónomas. "Sin autonomía financiera no hay autonomía política y sin ella no hay Estado de las autonomías", ha zanjado.
El portavoz de
ERC ha intervenido porque así se lo han permitido el presidente de la Cámara baja y CiU.
Joan Ridao ha hablado de una
reforma "ideológicamente peligrosa" que no es una “receta milagrosa”, sino que responde a una imposición del Banco Central Europeo.
El portavoz de
Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares,
ha pedido por su parte un referéndum "ineludible" para consultar la reforma constitucional. Será necesario que lo solicite al menos una décima parte de los miembros de alguna de las dos Cámaras para que sea convocado. Para Llamazares, la iniciativa de populares y socialistas "es un golpe a la Constitución, un secuestro de la voluntad popular, de la autonomía de la política y del sistema financiero de las Comunidades Autónomas". También ha tenido críticas específicas contra el espíritu de la medida: "El constituyente, tras esta reforma son los mercados y la especulación".
El
PNV ha lamentado la "rigidez" que según este partido conllevará la inclusión del techo de gasto en la Ley Fundalmental y ha criticado que no se haya consultado la reforma a órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Federación Española de Municipios y Provincias. "Tan solo tenemos 48 horas para presentar enmiendas cuando para leyes ordinarias llega a ser de 15 días", ha agregado
Josu Erkoreka.
La portavoz del grupo parlamentario
UPyD,
Rosa Díez, ha apelado a la postura individual de los diputados: “¿Qué ocurre para que al menos 35 de ellos no se levanten y voten en conciencia? Las reformas deben hacerse, desde la autonomía, no desde la imposición”.
PSOE y PP piden consenso
En el turno de réplica, José Antonio Alonso ha respondido que el PSOE tiene un interés "clarísimo" en llegar a un consenso con "todos los grupos que sea posible". También ha negado que este cambio limite la autonomía financiera de las comunidades, y ha defendido la medida: "Los grandes países de la eurozona no se ponen de acuerdo en algo tan importante porque sí, sino porque es razonable". Soraya Sáenz de Santamaría se ha sumado: "la reforma cuenta con el respaldo de más del 90% de los representantes de esta Cámara", ha señalado. "Nos han pedido muchas veces a PP y PSOE que nos pusiéramos de acuerdo y ahora critican que haya consenso", ha añadido.
La portavoz de los populares en el Congreso también ha recordado que su grupo propuso esta medida hace más de un año. "Hoy no hablamos de autonomía, sino de responsabilidad de gestión de los recursos públicos", ha puntualizado.
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